Redacción (ALN).- El éxodo venezolano es uno de los más afectados por las políticas migratorias del gobieno de Sebastián Piñera.
Desde el pasado febrero, Chile ha expulsado a cientos de migrantes «sin previamente realizar una evaluación individual auténtica de la situación de cada persona y sin poder solicitar protección de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados».
La advertencia la lanzan varios relatores de Naciones Unidas. En un comunicado conjunto, dicen que el gobierno de Sebastián Piñera «ha de detener de inmediato los procesos de expulsiones colectivas de inmigrantes, ya que estos tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos».
“Las deportaciones de migrantes no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual, caso por caso, de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta además las consideraciones humanitarias de arraigo, vínculos familiares u otras que puedan existir”, destacó el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
El último incidente data del 25 de abril y en él se vieron involucrados 55 migrantes procedentes de Venezuela que fueron expulsados colectivamente del aeropuerto de la ciudad de Iquique, situado al norte del país. Antes de hacerse efectiva la expulsión fueron detenidos en régimen de incomunicación y sin acceso a asistencia legal.
“En ausencia de una evaluación individual de las necesidades de protección y del riesgo de daños irreparables de cada migrante antes de su deportación aumenta el riesgo de que se produzcan nuevas violaciones de los derechos humanos, incluida la del principio de no devolución», explicó González Morales.
El principio, que recoge la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros tratados internacionales de derechos humanos, se aplica a cualquier tipo de expulsión independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria de las personas.
“La detención por causas de inmigración sólo puede justificarse excepcionalmente como medida de último recurso y durante el período de tiempo más corto posible, y debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad en función de las circunstancias individuales de cada caso”, especificó el experto.
González Morales también considera “indispensable” que se cumpla “con las garantías del debido proceso” y que se garantice a los migrantes disponer de “acceso efectivo a la justicia” para presentar sus reclamos “contra una orden de deportación”, y que se les permita permanecer en el país “mientras se resuelve el fundamento de estos reclamos”.
Tanto el relator como el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU han llamado previamente a los gobiernos a considerar una suspensión temporal de las deportaciones o devoluciones forzadas de migrantes en el contexto de la pandemia del covid-19, ya que, sin las debidas precauciones de salud y seguridad, pueden poner en peligro a los migrantes.
