(EFE).- La ONG venezolana Espacio Público denunció este jueves que al activista y periodista Carlos Julio Rojas, detenido por estar supuestamente relacionado con un plan para asesinar al jefe del Estado, Nicolás Maduro, se le impidió asignar a sus abogados de confianza en la primera audiencia ante los tribunales.
«El periodista, activista comunitario y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo en horas de la noche del 17 de abril, en violación del debido proceso, sin permitirle una defensa de su confianza», señaló la organización en nota de prensa.
El periodista y activista comunitario y defensor de DDHH, Carlos Julio Rojas, fue presentado este #17abr ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo sin permitirle un equipo de defensa de su confianza https://t.co/wm0L12Lq05
— Espacio Público (@espaciopublico) April 18, 2024
Asimismo, dijo que tampoco se le ha permitido la comunicación con sus familiares.
Espacio Público señaló que, hasta el momento, se desconoce si los cargos imputados son los mismos que anunció el fiscal general, Tarek William Saab, el pasado 16 de abril, de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
«La prohibición de comunicarse con sus familiares y abogados por parte de fuerzas públicas de seguridad, implican una violación al debido proceso», añadió.
Igualmente, denunció que se desconoce el lugar de reclusión del periodista, luego de que sus familiares y equipo de defensa acudieran a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Saab aseguró el martes que Rojas, detenido la noche del lunes, está vinculado a la líder opositora María Corina Machado.
En una comparecencia pública, el fiscal explicó que el activista forma parte de Vente Venezuela (VV), el partido fundado y liderado por Machado, y que recibía órdenes de la exdiputada para generar protestas violentas en el país.
Aseguró que Rojas está vinculado con un plan para matar a Maduro durante la inscripción de su candidatura presidencial, el pasado 25 de marzo.
Agregó que el periodista y activista «tenía dos investigaciones previas, de los años 2015 y 2022, y se encontraba con orden de aprehensión acordada en diciembre de 2017».
