Pedro Benítez (ALN).- Capítulo I. Luego de casi un año de mantener los sueldos y salarios del grueso de la Administración Pública congelados (en medio de una inflación mensual de dos dígitos) el Gobierno venezolano decretó el pasado mes de marzo un incremento salarial. Pero inmediatamente la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, creó una norma con un nombre larguísimo: “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”. En la misma se modifica la estructura de los tabuladores y las fórmulas de cálculo de beneficios como primas por antigüedad y formación de todos los empleados y trabajadores dependiente del Estado.
Capítulo II. Los sindicalistas y gremios del sector público, en particular de la educación y la salud, denuncian que el “Instructivo ONAPRE” es una desmejora abierta de sus salarios al reducirlos a la mitad, una violación a las convenciones colectivas vigentes y una disminución de los montos de las bonificaciones al no tomar en cuenta, por ejemplo la antigüedad del personal. Para propios y extraños la inédita norma fue interpretada como un despido indirecto.
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Protestas contra la Onapre
A continuación maestros y profesores universitarios comienzan a movilizarse por las calles de Caracas y de otras ciudades del país con cada vez mayor convocatoria. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en los primeros cinco días de agosto se realizaron al menos 96 manifestaciones en once estados (Táchira, Aragua, Miranda, Carabobo, Lara, Mérida, Apure, Barinas, Sucre, Nueva Esparta y Monagas) en su mayoría con un reclamo muy concreto: “un salario digno y suficiente”. Chavistas, opositores e indiferentes unidos en una causa común. Por primera vez en muchísimo tiempo una multitudinaria protesta social llegaba a dos cuadras del Palacio Presidencial de Miraflores.
Las manifestaciones escalaron cuando los gremios universitarios denunciaron la decisión por parte del Gobierno de pagar el bono vacacional de manera fraccionada a profesores, empleados y obreros, postergando el desembolso de la mayor parte del mismo hasta el próximo año. Es decir, cuando ya no valga nada por efecto de la inflación.
La respuesta del Gobierno de Maduro
Capítulo III. En el estilo que los caracteriza voceros calificados del Gobierno nacional respondieron a las protestas con las conocidas tácticas. Subestimarlas, “son muy reducidas”, o culpar a otro, es el “bloqueo”, diputado Jesús Farías. Luego, la derecha reaccionaria manipula a los trabajadores en “un plan de desestabilización…contra la revolución”, diputado Pedro Carreño. O la acusación y la amenaza directa: los maestros reciben instrucciones “del vagabundo que financia desde Roma y del otro que anda desde España ganando reales a costa de ustedes”, “láncense el paro para que vean que la marea rojita se les va encima”, del también diputado y figura de la televisión oficial Mario Silva.
Tal vez de manera accidental se sumó a la polémica el jefe del Estado Nicolás Maduro, quien ante el reclamo que en un acto público se le hiciera, y que Venezolana de Televisión tuvo la cortesía de transmitir en vivo, alegó que con el tema hay una “campañita” por parte de “la izquierda fracasada y la derecha corrupta”. Sobre la demanda de maestros, profesores y enfermeras explicó: “eso no es así, no se dejen influenciar por mentiras”.
La remoción de Marco Polo Cosenza de la Onapre
Capítulo IV. Pocos días después (viernes 12 de agosto) el propio Maduro anuncia por Twitter la remoción de Marco Polo Cosenza como director de la ONAPRE, nombrando en su lugar a Jennifer Quintero de Barrios. También se conoció que el Gobierno pagaría completo del bono de vacaciones que tanta indignación provocó en los afectados. Los voceros oficiosos y oficialistas que se habían tirado al piso justificando el polémico instructivo y de paso amenazando a los maestros quedaron guindados de la brocha.
Hecho todo este recuento, y sin saber si el disputado bono efectivamente se cancelará y si el instructivo que dio pie a todo esto será suprimido, la pregunta política a formular es la siguiente: ¿Por qué un Gobierno que ha sido tan implacable en la represión contra la protesta popular y la disidencia política, que al parecer le tiene sin cuidado la crítica nacional e internacional a su conducta, que ha sobrevivido a una crisis económica y social que hace rato se hubiera llevado por delante a cualquier otro gobierno latinoamericano, y que también ha resistido la presión comercial, financiera y diplomática de Estados Unidos, se detiene ante esto hoy? ¿Qué ha cambiado? Si es que algo ha cambiado.
Ante la opacidad que caracteriza la toma de decisiones públicas en Venezuela, donde nunca está claro quién y cómo se decide, parece bastante evidente que en las alturas del poder hace rato se llegó a la conclusión que la causa de la devastadora hiperinflación de la que viene saliendo el país no fue provocada por ninguna conspiración internacional o por la guerra de empresarios malvados, sino simple y llanamente por emitir dinero sin respaldo para cubrir los gastos del Gobierno. Punto. El descubrimiento de la fórmula para el agua tibia.
La estrategia
Pero resulta ser que, como han advertido varios economistas venezolanos, la estrategia que ha sacado al país de la hiperinflación a una inflación muy alta como actual (la profesora Tamara Herrera estima que este año podría cerrar en torno a 95%), retraso cambiario e incremento brutal del encaje legal en los bancos, no es sostenible en el tiempo. Esto también lo saben en el Gobierno y, por lo tanto, han completado esa estrategia recortando el gasto público, origen del problema, por el lado más débil: los salarios de empleados y trabajadores.
El ambiente de aparente resignación y pasividad social parecía ser el momento propicio para aplicar una draconiana medida como la contemplada en el instructivo de la ONAPRE. Parte del giro “neoliberal” (insistamos en las comillas) que ha venido dando el Gobierno de Maduro.
Sin embargo, todo indica que lo de resignación y pasividad social era eso, aparente. Se ha cumplido aquella máxima atribuida al general de la Guerra Federal y tres veces Presidente de la República Antonio Guzmán Blanco según la cual: “Venezuela es un cuero seco, si la pisas por un lado, se levanta por el otro”. La economía también, por cierto.
Una tecla muy sensible dentro de la estructura del alto poder ha sido tocada en Venezuela. Parafraseando un venezolanismo: Si Maduro mató al tigre, le tiene miedo al cuero. Por algo será.
Exactamente qué no lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que este nuevo e inesperado episodio de la vida nacional venezolana nos recuerda y pone de manifiesto una vez más (no es la primera vez) que el régimen político que domina sobre el país no es tan todopoderoso, tan inconmovible, tan compacto e indivisible como aparente ser. El poder absoluto tiene sus límites, y este los tiene.
Maduro está al frente de una coalición de intereses
Se suele olvidar, y en eso la propaganda oficial es muy eficaz, que Maduro está al frente de una coalición de intereses (John Magdaleno dixit). Su habilidad política en estos nueve años ha consistido en administrar las cuotas internas del poder de cada grupo. Cuando todos los grupos que componen esa coalición se han sentido amenazados se han cohesionado a su alrededor. Pero hay cosas que no puede hacer y probablemente su poder puertas adentro sea más limitado de lo que pareciera ser.
Eso, entre otras consideraciones, ha afectado la capacidad de ejecución de su estrategia económica como, por ejemplo, la devolución de empresas nacionalizadas o expropiadas. Eso, digamos, es por su derecha. Pero por su izquierda los disidentes chavistas que lo acusan de “traicionar el legado” trabajan por debajo para socavarle el apoyo, aprovechando que con la liquidación del rentismo petrolero, que el propio chavismo ha hecho, no hay recursos para atender las justas demandas sociales.
Venezuela necesita crecer
Con una tasa de inflación acumulada en lo que va del año de 48,41% (137,09% la anualizada), según cifras del Banco Central (BCV), la presión social por mejores salarios que no hay como pagar va a continuar. Si la respuesta es volver a los incrementos por decretos que vimos hasta 2018 el resultado será el mismo: mayor inflación de la que hay hoy, que ya es altísima. En junio y julio el crecimiento de los precios fue de 11,39% y 7,52% respectivamente, el mismo nivel inflacionario que en este año tendrán la mayoría de los países de América y Europa, el más alto para ellos en tres décadas y se considera crítico.
Para recuperar el ingreso real de los trabajadores venezolanos la economía de Venezuela necesita crecer. Y crecer aceleradamente para intentar recuperar parte del tiempo perdido. Improvisando con “el mientras vaya viniendo iremos viendo” y “Dios proveerá” eso no ocurrirá.
Por Pedrobenitezf