Leticia Núñez (ALN).- Jorge Glas ingresó esta madrugada en una prisión de Quito por presunta vinculación con el escándalo Odebrecht. Se le acusa de un posible delito de cohecho y, además, se le investiga por un presunto lavado de activos. Hasta el momento, la trama de sobornos ha afectado a los gobiernos de más de 15 presidentes y expresidentes de América Latina.
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ingresó de madrugada en una prisión al norte de Quito menos de 24 horas después de que la Fiscalía del Estado solicitase prisión preventiva por su vinculación con el caso de corrupción Odebrecht. Es, de esta forma, la última pieza política que se ha cobrado la trama de sobornos que se tejió en torno a la constructora brasileña y que hasta el momento ha afectado a los gobiernos de más de 15 presidentes y expresidentes de América Latina.
La Fiscalía presentó la solicitud de prisión tras aparecer “nuevos presuntos indicios respecto al delito de cohecho” relacionados con cinco contratos otorgados a Odebrecht en el área de Sectores Estratégicos. Se trata en concreto del poliducto Pascuales-Cuenca, de la hidroeléctrica Manduriacu, el trasvase Daule-Vinces, el acueducto La Esperanza y el movimiento de tierras para la Refinería del Pacífico.
Precisamente, la Refinería del Pacífico fue uno de los proyectos estrella del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien no dudó en manifestarse en Twitter en contra del encarcelamiento de Glas. “Un hombre honesto ha perdido su libertad. ¡Que tiemble el mundo!”, señaló el exmandatario. Pues bien, la citada infraestructura sigue sin construirse nueve años después, a falta de más de 13.000 millones de dólares (aproximadamente 11.089 millones de euros) de financiación. Además, desde hace un tiempo se vio salpicada por el caso Odebrecht. Hay imputados dos venezolanos: el gerente de PDVSA Ecuador, Alexis Arellano, y el de la propia refinería, Freddy Salas.
Tal como recuerda el periódico El Comercio, el cohecho es un delito cuya sanción no prescribe en Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal contempla penas por este delito de hasta siete años de cárcel.
Entre las nuevas evidencias que “agravan” la situación contra Glas y Rivera se encuentra la información remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “en la que se confirman transferencias de dinero desde las cuentas de Odebrecht, a cambio de la adjudicación de proyectos del Estado ecuatoriano”, como publica el citado diario.
A Glas también se le investiga por lavado de activos
Asimismo, el Fiscal General del Estado, Carlos Baca, señaló que al vicepresidente Glas también se le investiga por un presunto lavado de activos, cometido a través de personas jurídicas. Se trata, según el propio Baca, de “delitos afines”, por lo que pidió medidas cautelares que impidieran la fuga tanto de Glas como de su tío, Ricardo Rivera, también en prisión.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para Glas por la aparición de “nuevos indicios respecto al delito de cohecho”
En esta investigación por presunto lavado de activos, la Fiscalía incluye, según datos publicados por El Comercio, a la empresa Diacelec, a Telconet, a Glory International Industries CO, a Televisión Satelital (de Ricardo Rivera), a la compañía Dramiston, a Carlos Pareja Cordero, a Empresas Plastiquim/Cosani, a Calos Pólit y a Golden Engineering Services S.A. Las leyes ecuatorianas contemplan penas de hasta 13 años de cárcel por este delito, si se cometió utilizando instituciones, cargos o empleos públicos.
Por su parte, Glas dijo en Twitter que acataba la decisión, aunque “bajo protesta” por ser un “infame atropello” en su contra. Asimismo, el vicepresidente indicó que había solicitado a sus abogados que “suban a las redes sociales los supuestos elementos de vinculación” para que sea el pueblo de Ecuador el que “conozca la verdad de cómo se ha armado esta conspiración en mi contra para deshacerse de la vicepresidencia de la República”.
Por el momento, tal como recoge Europa Press, Glas mantiene el cargo de vicepresidente, ya que la ley ecuatoriana dispone que el cargo queda vacante únicamente por renuncia, por abandono prolongado de más de tres meses o por decisión de las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional tras la realización de un juicio político. En la actualidad, Alianza PAÍS, el partido oficialista, mantiene la mayoría de miembros en el Parlamento.
