Daniel Gómez (ALN).- En marzo de este año, el Banco Central de Venezuela solicitó a la Corporación Andina de Fomento, de manera “urgente”, un préstamo de 400 millones de dólares para obtener liquidez en moneda extranjera. Préstamo que, de concederse, sería ilegal según el dictamen de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Sobre ello, Luis Carranza, presidente de la CAF, dice al diario ALnavío: “Nosotros vamos a apoyar en términos de lo que nos permite la ley”.
¿Le prestará la Corporación Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina) 400 millones de dólares a Venezuela? La pregunta lleva formulada desde marzo de 2017. Ocho meses después, Luis Carranza, presidente ejecutivo de la CAF, la responde al diario ALnavío en la sede de la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones empresarias) en Madrid: “Venezuela es un miembro de CAF. Nosotros vamos a apoyar en términos de lo que nos permite la ley en todos los países. No puedo comentar de créditos que estén tramitando o no. Sí puedo decir que CAF apoya a todos los países, pero todo lo hacemos dentro del marco de la legalidad”.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, antes de que existiera la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro declarada fraudulenta por toda la comunidad internacional, advirtió el lunes 27 de marzo a la CAF que la entrega de ese crédito sería inconstitucional por no contar con la debida autorización legislativa. De modo que la CAF se enfrenta a una disyuntiva:
– ¿Qué entiende la CAF por legalidad, la Asamblea Nacional o la Asamblea Nacional Constituyente?
– No me corresponde a mí decir si es legal o no.
El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, José Guerra, denunció en marzo que el Banco Central de Venezuela habría pedido un financiamiento “con urgencia” al organismo para cubrir los próximos pagos de deuda externa.
“Todo endeudamiento público requiere la aprobación de la Ley Especial de Endeudamiento”, avisó Guerra en marzo
“El Gobierno sufre un problema financiero muy grande, tiene un hueco de unos 10.000 millones de dólares (9.266 millones de euros), y con la CAF se le vencen algo así como 500 millones de dólares (423 millones de euros) en intereses este año y lo que quiere lograr es un refinanciamiento, es decir, que la CAF le preste para pagar la deuda que ya tiene con ella”, señaló Guerra en aquel momento en declaraciones al diario ALnavío.
El diputado aseguró entonces que tal solicitud carece de fundamento legal y que, si se llegara a conceder el crédito de 400 millones de dólares “con el objeto de mejorar su posición de liquidez en moneda extranjera, tendría que ser declarado nulo”.
Por lo que sentenció: “Es ilegal porque el préstamo se está pidiendo con el Banco Central para que luego éste le pague a la CAF a nombre del Gobierno. Y eso no se puede hacer. Todo endeudamiento público requiere la aprobación de la Ley Especial de Endeudamiento y ésta no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional”.
