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La condena a Lázaro Báez en Argentina es un misil en la línea de flotación del plan de impunidad de Cristina Kirchner

martes 02 de marzo de 2021, 14:00h

Pedro Benítez (ALN).- El plan de impunidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufre un nuevo revés. El Poder Judicial argentino ha venido demostrando en estos meses una sorprendente resistencia a la presión del poder político. El desarrollo de esta trama cada vez se parece más a la de su amigo de causa, y excolega, Lula da Silva, en Brasil.

Lázaro Báez fue condenado por el lavado de 55 millones de dólares / Foto: WC
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Lázaro Báez fue condenado por el lavado de 55 millones de dólares / Foto: WC

A un año y dos meses de la llegada la presidencia argentina de Alberto Fernández, el plan de impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner no va bien.

La clara victoria electoral en primera vuelta de octubre de 2019 de Fernández sobre el expresidente Mauricio Macri fue confeccionada por ella. Consciente de que con sólo el 30% del electorado que le es fiel no le daba para imponerse por sus propios medios en la justa electoral, buscó a un candidato que le permitiría atraer al peronismo moderado no kirchnerista y a los votantes descontentos con la gestión de Macri, pero que tampoco la querían.

Ese hombre fue Alberto Fernández, exjefe de gabinete de su fallecido marido, el también expresidente Néstor Kirchner. Así fue como la mayoría del bloque peronista depuso sus diferencias en una alianza antimacrista.

La jugada, en primera instancia, le salió perfecta. A lo largo de estos meses se fue evidenciando un reparto de tareas entre los dos. Uno gobernaría y la otra, desde la vicepresidencia de la nación, ejercería el poder político.

Detrás de esto había, obviamente, un acuerdo. Cristina Kirchner, como jefa del movimiento, le dio “sus votos” a Fernández, a cambio del poder político que le garantizase la impunidad. Para ella, su familia y su círculo más cercano, en los 10 procesos judiciales abiertos en su contra.

Desde el inicio de esta etapa dejó claro que se consideraba absuelta de toda imputación gracias al voto popular. Los años de denuncias en los medios de comunicación y los enredos judiciales habían culminado.

Así, por ejemplo, el 3 de diciembre de 2019, siendo aún vicepresidenta electa, desafió abiertamente al Tribunal Oral Federal N° 2 que la juzga por asociación ilícita y fraude en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. En esa ocasión no sólo se negó a responder a las preguntas de jueces y fiscales, sino que además acusó al tribunal de “lawfare” (guerra jurídica con fines políticos).

Esta última ha sido su gran bandera política. Tema en el cual el presidente Fernández y la izquierda kirchnerista la han acompañado.

Sin embargo, las cosas no han salido como las pensó. El Poder Judicial argentino ha venido demostrando en estos meses una sorprendente resistencia a la presión del poder político.

Para muestra un botón. La decisión del Tribunal Oral Federal N° 4 que condenó la semana pasada a Lázaro Báez, y a otras 22 personas (incluyendo cuatro de sus hijos), por el lavado de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como “la ruta del dinero K”, es un misil en la línea de flotación del plan de impunidad de la señora Kirchner.

Íntimo amigo de Néstor Kirchner, Báez es un excajero bancario que creó un emporio empresarial con licitaciones petroleras y de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz, a 2.500 kilómetros de Buenos Aires, durante los años en que Néstor Kirchner fue gobernador (1991-2003).

En este último año fundó la empresa Austral Construcciones, que se adjudicó contratos federales milmillonarios en dólares. Es decir, durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego con su esposa y sucesora.

De esa etapa se le han identificado más de 1.400 propiedades, de las cuales 55 son estancias, más 50 empresas pantalla fuera de Argentina con las cuales lavaba los dineros provenientes de sus contratos.

Lo que las denuncias de periodistas como Jorge Lanata y las causas judiciales han revelado, desde hace ya varios años, es que Báez y sus asociados replicaron en Argentina el mismo esquema de corrupción que ya habían ensayado en Santa Cruz. Ejecutaron obras públicas con sobreprecio. ¿Quién o quiénes estaban detrás de él? Evidentemente, la pareja Kirchner.

La relación es tan estrecha y pública que en 2011 Báez construyó el mausoleo donde reposan los restos del fallecido expresidente.

Con la justicia hemos topado

Aunque esta es sólo una de las causas judiciales donde la vicepresidenta no aparece vinculada, sin embargo, es para ella una muy mala noticia. Los procesos judiciales en su contra, de sus asociados y antiguos aliados políticos no dan señales de detenerse.

Ni siquiera ante sus nada disimulados ataques a la Corte Suprema, a la que ha acusado (mediante carta pública) de ser parte de la “articulación mediática-judicial”, negando, de paso, la legitimidad de esa institución.

Esta alta instancia ratificó en diciembre la condena de cinco años y 10 meses de prisión por corrupción contra Amado Boudou, su exvicepresidente en el periodo 2011-2015.

Ante esto, el presidente Fernández luce impotente. Acosado por varias crisis en desarrollo no ha podido, o no ha querido, cumplir su compromiso con Cristina Kirchner.

Para completar este cuadro de enfrentamiento con el Poder Judicial, el propio presidente acaba de dar un traspié. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió hace pocas horas un comunicado donde califica de “injusta agresión” la declaración en la que, en ocasión de la visita de Fernández a México, afirmó: “Les pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila’ y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido”.

Esto, refiriéndose a la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que ordenó allanar el Ministerio de Salud en busca de documentación en la causa en que investiga la llamada vacunación VIP que le costó el cargo al anterior ministro de ese despacho Ginés González García.

El referido comunicado cierra diciendo: “Por eso, con respetuosa firmeza, solicitamos que cesen las acometidas contra el Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.

Con la justicia hemos topado, podrían decir el presidente y la vicepresidenta. Este tema se les enreda.

Pedro Benítez

Artículos de Pedro Benítez

Historiador y escritor

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