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En Argentina ya es legal, gratuito y voluntario abortar. ¿Pero qué pasa en el resto de América Latina?

miércoles 30 de diciembre de 2020, 14:00h

Daniel Gómez (ALN).- Antes de que este miércoles el Senado de Argentina aprobara el aborto gratuito y voluntario, el Instituto Guttmacher lanzaba una advertencia sobre Latinoamérica: más del 97% de las mujeres en edad reproductiva de la región vive en países con leyes restrictivas sobre el aborto.

Argentina es de lo pocos países donde el aborto es legal / Foto: Amnistía Internacional
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Argentina es de lo pocos países donde el aborto es legal / Foto: Amnistía Internacional

El Senado de Argentina tomó la decisión esta madrugada: el aborto en el país será libre, voluntario y legal hasta la semana 14 de embarazo. Este es un gran paso para los derechos de la mujer en América Latina, posiblemente la región más restrictiva del mundo en este ámbito. Basta con un dato: cuatro de los nueve países que criminalizan el aborto, sin excepciones, están en Latinoamérica. Estos son:

El Salvador

Honduras

Nicaragua

República Dominicana

En El Salvador se establecen penas de cárcel de entre dos y 10 años para quien consienta o practique el aborto. Da igual que la mujer haya sido violada, da igual que corra riesgo su vida, da igual que sea una niña. Está prohibido y no sólo eso: las mujeres reciben el calificativo de asesinas. También en Honduras, donde el Código Penal reza: “El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”. En este último país también las mujeres pueden ir a la cárcel y no hay supuestos que las eximan. “Sólo Dios tiene derecho a quitar la vida”, sostiene el presidente, Juan Orlando Hernández.

En Nicaragua la situación es similar, pero tiene el agravante de que no siempre fue así. Por 169 años, entre 1837 y 2006, el aborto estuvo parcialmente despenalizado, pero la revolución sandinista, en palabras de la vicepresidenta, Rosario Murillo, “respalda la posición de la Iglesia católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas porque es un atentado contra la fe, contra la vida”.

En República Dominicana, pese a que el aborto está considerado ilegal, es “inusual que las mujeres vayan a la cárcel por abortar”, según reconocieron a la cadena BBC organizaciones como Human Rights Watch, Women’s Link Worldwide, y Colectiva Mujer y Salud. Además, colectivos feministas están librando una lucha contra los legisladores más conservadores para lograr una despenalización del aborto.

Pero la realidad es que en Latinoamérica las mujeres tienen poco poder de decisión sobre su propio cuerpo. Antes de que Argentina aprobara su nueva ley sobre el aborto, el Instituto Guttmacher, una ONG estadounidense que vela por la salud sexual de las mujeres, advirtió que en Latinoamérica el 97% de las mujeres en edad reproductiva tienen que hacer frente a leyes restrictivas.

En Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela el aborto es ilegal salvo que la salud de la embarazada esté en peligro. En Ecuador también se incluye la excepción de que las discapacitadas mentales pueden interrumpir la gestación. La violación puede ser un justificante en Chile, Colombia y Brasil, mientras que el incesto lo es en Bolivia.

Luego está México, que tiene una legislación que lo permite en función de estas causas: riesgo de la salud de la mujer, malformación congénita, inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, imprudencia, pobreza, libre decisión de la mujer y violación.

Sólo en Ciudad de México y Oaxaca el aborto está permitido hasta las 12 semanas de gestación sin atender a ninguna de las causas anteriores. En los 30 estados restantes la violación siempre es causa justificada para interrumpir el embarazo. A partir de ahí, existen muchas combinaciones, desde Michoacán, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Yucatán, donde se contemplan seis causales, hasta Querétaro y Guanajuato, donde sólo se aceptan dos.

Por todo lo anterior es que la decisión del Senado de Argentina es considerada histórica. En ese país las mujeres por fin tienen pleno poder de decisión sobre su cuerpo, como también ocurre en Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana Francesa.

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