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Noches de disturbios en España: ¿Será 2021 el año de la conflictividad social?

miércoles 04 de noviembre de 2020, 14:00h

Ysrrael Camero (ALN).- Contenedores de basura ardiendo en la vía pública, calles bloqueadas, piedras lanzadas contra los escaparates de las tiendas cerradas, enfrentamiento nocturno de jóvenes contra la policía. En un escenario donde parece acercarse el espectro de un nuevo confinamiento domiciliario, con lo que traería de reducción de la actividad económica y pérdida de empleo, es posible que este sea el signo esperpéntico de los tiempos por venir.

En España las protestas se iniciaron el viernes 30 de octubre / Foto: WC
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En España las protestas se iniciaron el viernes 30 de octubre / Foto: WC

El impacto global de la pandemia viene en secuencia. En un primer instante la sociedad se ve aturdida por el choque de la enfermedad, por la tensión a la que es sometida la sanidad pública con el aumento de los enfermos. En un segundo momento vemos el impacto económico, el cierre de negocios, sobre todo de turismo y hostelería, también de sectores conexos, y vemos disminuir los empleos. El tercer golpe se expresa en el descenso de los ingresos y en el aumento de las condiciones precarias a las que se ve arrastrada una parte de la población.

Ante cada uno de estos impactos la respuesta del gobierno es clave. A las medidas de confinamiento para evitar un desbordamiento del virus las acompañó la aplicación en España de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), para evitar la pérdida directa del empleo, y la creación de un Ingreso Mínimo Vital que ha naufragado en la tupida red burocrática, sin llegar a la mayor parte de la población afectada.

El flujo de dinero público, para proteger tanto a los trabajadores como a las empresas, forma parte del gran consenso keynesiano que parece extenderse por todo el mundo, pero necesita restablecer la confianza y generar incentivos para la inversión.

Un rebote insuficiente

Esa fue una de las razones por las que se realizó un desconfinamiento acelerado en el mes de junio. Era prioritario permitir reactivar la economía durante el verano, se habló de tiempos post-covid y de la llegada de una nueva normalidad donde podríamos reencontrarnos.

Durante el tercer trimestre la economía española rebotó, creciendo por encima del 16%, reactivándose, con limitaciones sanitarias, las industrias, la construcción y el comercio. Sin embargo este salto apenas implicó una recuperación del 59% respecto a lo que se había perdido el semestre previo.

A pesar de que hubo una recuperación del 3,06% del empleo, entre trimestre y trimestre, preocupa el paisaje laboral, pues durante el último año el empleo ha descendido en 697.500 personas. El número total de parados se eleva a casi cuatro millones de personas (3.722.900), lo que representa una variación del 10,54% respecto al mismo trimestre del año pasado.

La tasa de paro se coloca en un 16,26% de la población activa, aumentando en 2,34% en los últimos 12 meses, y siendo mayor en las mujeres (18,39%) que en los hombres (14,39%). Más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro. El desempleo es mucho mayor entre los extranjeros que viven en España, donde supera el 25%. Ante esto es normal que a los niveles de crispación política se empiece a incorporar una creciente angustia e incertidumbre social y económica, y de allí… la protesta.

Más de un millón de hogares tienen a todos sus miembros en paro / Foto: Pixabay

Las protestas de la segunda ola

Ahora llega la segunda ola de la pandemia, sin terminar de retirarse la primera, y los decisores políticos tratan de evitar el retorno a un confinamiento domiciliario. Se percibe que la sociedad no tiene energía para afrontarlo, que el sacrificio realizado ha agotado muchas reservas, tanto psicológicas como económicas.

Acá emerge un mar de fondo mundial. Si el protagonista de 2020 ha sido el coronavirus, en 2021 puede serlo la conflictividad social desatada, brindando oportunidades a movimientos populistas y autoritarios para “pescar en río revuelto”, intentando capitalizar el descontento para retar a las instituciones democráticas.

Protestas contra el confinamiento han ocurrido en París, en el sur de Italia, o en Brasil. En España estas protestas se iniciaron el viernes 30 de octubre, coincidiendo con el inicio de las restricciones de movilidad administradas por las Comunidades. Hemos visto violencia callejera de pequeños grupos en Madrid, Logroño, Bilbao, Barcelona, Santander y Málaga. Han sido detenidas más de 60 personas, ha habido múltiples heridos, incluyendo más de tres decenas de agentes.

Acá se mezcla lo planificado, lo espontáneo y lo inducido. En estas protestas vemos afectados por la crisis, trabajadores y dueños de comercios, interesados en una manifestación pacífica, junto a unos pocos jóvenes de extrema derecha, algunos proclamándose negacionistas, infiltrados para convertirlas en saqueo, quema de contenedores, ataque a peatones, hasta desembocar en violentos enfrentamientos con la policía. Una agenda local de protesta pacífica, se ve sobrepasada por otra radical-nacional, que pretende hacer uso político de la violencia.

Es de destacar que, en plena Gran Vía de Madrid, como telón de fondo de la acción de los violentos, observamos una inmensa lona blanca, con sanguinolentas gotas rojas, cubriendo todo un edificio, con el siguiente mensaje: “Nos están tocando los huevos”, sobre el hashtag #VivirEncerrado. ¿A qué obedece lo uno y lo otro? ¿Casualidad o causalidad?

Pescar en río revuelto

En España, ha sido Vox el que ha tratado de hacer un aprovechamiento político de la violencia, pretendiendo ser vocero antisistema de la indignación, mientras abandona a las principales víctimas de este despliegue: los pequeños comerciantes que pierden su negocio y los trabajadores que pierden su empleo con la destrucción de los locales.

Juega a dos manos, pretendiendo en un momento justificar la acción violenta, mientras denuncia en simultáneo los ataques contra la policía. Intenta proyectar la imagen de ley y orden, mientras deslegitima a las instituciones.

El discurso de Vox es particularmente peligroso para la institucionalidad democrática española, entre otras cosas, porque no reconoce la legitimidad del gobierno votado por el Parlamento, que deriva de la voluntad de los ciudadanos.

Esta línea de no reconocimiento deriva en la búsqueda, retórica primero, en los hechos después, de sacar al actual gobierno de cualquier manera, tal como lo repiten sus dirigentes y escuchan sus seguidores, que sueñan con arrebatar en la calle aquello que no obtienen con los votos.

Esto puede ser un peligroso indicador de los retos a los que se enfrentarán las democracias en el año 2021, porque el paisaje después de la pandemia dejará más conflictos sociales, con menos recursos disponibles y con regímenes potencialmente más vulnerables.

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