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Cómo el gobierno de Pedro Sánchez intenta desactivar la bomba de tiempo de Cataluña

lunes 28 de septiembre de 2020, 14:00h

Ysrrael Camero (ALN).- El inicio de los trámites para el indulto a los sentenciados por el procés se corresponde con la lectura que tanto el PSOE como Unidas Podemos tienen del conflicto catalán, y es coherente con el funcionamiento de una mesa de diálogo. Asimismo, la propuesta de modernización del Código Penal, para ajustarlo a los de otros países europeos, modificando los términos de los delitos de sedición y rebelión, también puede ser parte de un proceso de aggiornamiento para destrancar el tema catalán.

El gobierno de Quim Torra es fruto de una coalición independentista heterogénea / Foto: ERC
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El gobierno de Quim Torra es fruto de una coalición independentista heterogénea / Foto: ERC

En el Congreso de España, en medio de la sesión de control del 23 de septiembre, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, anunció que el gobierno español iniciaría el trámite de los indultos para los presos del procés. Las palabras fueron pronunciadas por el ministro en ausencia del presidente Pedro Sánchez, quien no se presentó a la sesión de control por encontrarse en Bruselas, en contacto con la Unión Europea.

Esta declaración generó un impacto inmediato en el recinto parlamentario, desplegándose dos líneas de explicación, no necesariamente excluyentes: para unos es un gesto del gobierno que busca obtener el voto de los independentistas catalanes para los presupuestos, para otros es parte de un plan para desactivar esa bomba de relojería que es el procés, reactivando la Mesa de Diálogo.

Efectivamente, ambas interpretaciones pueden ser ciertas. Por un lado, como lo hemos referido en artículos previos, el gobierno requiere consolidar la mayoría de la investidura para que los presupuestos sean aprobados. Sin embargo, también es cierto que el gobierno de Sánchez, así como también lo ha sostenido el vicepresidente Pablo Iglesias, han defendido la necesidad de desescalar el problema catalán.

Constitucionalizar las nacionalidades históricas

La estrategia del PSOE, desde su perspectiva federal, se ha basado en el reconocimiento de la diversidad cultural española, asumiendo la legitimidad política de los nacionalismos periféricos, pero optando por preservar su inserción dentro del Estado social de Derecho consagrado en la Constitución. De hecho, esa fue la línea que establecieron los redactores del texto constitucional en 1978, al reconocer a las “nacionalidades históricas”, refiriéndose a catalanes, vascos y gallegos.

El Estado de las Autonomías estaba, en un primer momento, diseñado para darle una institucionalidad especial a estas nacionalidades históricas. Una inmensa movilización política repartida por España en los primeros tiempos de la democracia, terminó generalizando la institución de las Comunidades Autónomas, en lo que se dio en llamar el “café para todos”.

El reconocimiento constitucional a los nacionalismos periféricos fue una de las características de la transición a la democracia en España, y uno de los elementos que ayudó a consolidar el nuevo sistema luego de 1978.

El catalanismo había aparecido en el siglo XIX como una expresión cultural, y luego política, vinculada a la burguesía catalana en su proceso de diferenciación respecto a la burguesía afincada en Madrid, y a la burguesía vasca, que también generaría su propio movimiento nacionalista.

Bajo el franquismo los nacionalismos periféricos desaparecieron de las instituciones, siendo perseguidos y ocultados, al reivindicar el régimen autoritario una identidad homogénea nacional-católica de España.

El gobierno de Sánchez inició los trámites para el indulto a los sentenciados por el procés / Foto: Moncloa

El temerario error de la deriva independentista

Tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como la catalana Convergencia i Unió (CiU) fueron actores claves para garantizar la gobernabilidad durante las legislaturas presididas por Felipe González y José María Aznar. En momentos distintos, ambos presidentes pactaron con los nacionalistas para poder gobernar, aprobar presupuestos, y hacer avanzar determinadas leyes.

No será sino a partir de 2006 cuando el catalanismo inicie su deriva hacia el independentismo. El bloqueo, en Madrid, del Estatut de Autonomía de Catalunya aprobado por el Parlament en Barcelona, fue el punto de inicio de un dilatado conflicto. Artur Mas, siendo president de la Generalitat, trató de imponer un nuevo modelo de financiación, y abrió el camino para impulsar una independencia de Cataluña del Estado español. Allí empezó la escalada de radicalización.

Ya con Mariano Rajoy en la presidencia se dio inicio a una escalada en la confrontación entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos. El resultado no ha sido el mejor, terminó fortaleciendo al independentismo en Cataluña, hizo retroceder al Partido Popular en el País Vasco, hasta quedarse sin representación, y ha contribuido a fortalecer a la ultraderecha de Vox nacionalmente.

La deriva independentista, el denominado procés, también ha despedazado al catalanismo conservador que se encontraba unificado en CiU. La desaparición de esta organización derivó en la aparición de una serie de partidos, cuyo nombre cambiaba con cada elección. En medio de esta molienda crecieron los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), e incluso de la asamblearia CUP.

Devolver al catalanismo al pacto constitucional

Ante la incapacidad de resolver estos problemas a través del conflicto abierto, es coherente que se explore una vía alternativa. A los partidos nacionalistas, catalanes, vascos y en menor medida gallegos, les votan millones de ciudadanos que viven en estas Comunidades Autónomas. Por ende, su presencia en las instituciones del Estado español es legítima. Vox propuso la ilegalización de todos los partidos nacionalistas, pero esto implicaría un cercenamiento al Estado democrático, y no haría desaparecer a estos nacionalismos, sino que los desplazaría fuera de la institucionalidad, lo que podría conducir a expresiones más violentas que legitimarían una mayor represión.

Es en ese marco que podemos interpretar la maniobra que pretende adelantar el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos (UP). Al independentismo se le debe derrotar en las urnas electorales, y esto será más probable si se dividen.

El gobierno de Quim Torra, como el de Carles Puigdemont antes, es fruto de una coalición independentista heterogénea cargada de contradicciones, sólo unida por su común pertenencia a la aventura temeraria del procés.

Hay que hacer retornar al catalanismo a la vía moderada, que recupere su proverbial seny, la cordura y el sentido común que habían caracterizado su accionar político. El acercamiento con ERC, a despecho del Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), y favorecido por el activismo de UP, es un paso en esa dirección.

Las encuestas ya señalan que, dentro del independentismo, en unas futuras elecciones autonómicas, es probable que ERC obtenga la mayor parte de los votos, sentenciando a los restos del catalanismo conservador a una minoría. En ese escenario aumenta la probabilidad de desescalar la tensión, y de retornar nuevamente la política catalana a una sindéresis.

ERC es una organización catalanista, republicana y de izquierda. La plataforma y el programa que han venido constituyendo el gobierno PSOE-UP tienen muchos elementos comunes con algunas de las posturas sostenidas por ERC. La apuesta del PSOE es llevarla a cambiar su marco de actuación, que pase del identitario al ideológico. En esa medida se debilitará la opción independentista.

El inicio de los trámites para el indulto a los sentenciados por el procés se corresponde con la lectura que tanto el PSOE como UP tienen del conflicto catalán, y es coherente con el funcionamiento de una mesa de diálogo. Asimismo, la propuesta de modernización del Código Penal, para ajustarlo a los de otros países europeos, modificando los términos de los delitos de sedición y rebelión, también puede ser parte de un proceso de aggiornamiento para destrancar el tema catalán.

Es una vía complicada, farragosa, que no gustará a muchos, y avanzar en ella enfrentará mucha resistencia, pero quizás redundará en un resultado mucho más positivo, para la convivencia democrática, que la vía del enfrentamiento.

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