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¿Podrá el gobierno de coalición lograr los acuerdos necesarios para la recuperación económica de España?

jueves 17 de septiembre de 2020, 16:00h

Ysrrael Camero (ALN).- La reconstrucción tras la pandemia requiere de consensos políticos y sociales, tanto para decidir el destino de los recursos europeos, como la dirección futura de la fiscalidad y el tejido económico. Sobre este terreno ya se generan nuevas disputas, en la primera experiencia de un endeble gobierno de coalición.

El gobierno insiste en fortalecer la progresividad fiscal y reducir la evasión / Foto: Moncloa
El gobierno insiste en fortalecer la progresividad fiscal y reducir la evasión / Foto: Moncloa

La pandemia ha confinado a un tercio de la humanidad, pero su impacto económico apenas se asoma. Las últimas previsiones del Banco Mundial ponen la caída del PIB mundial en -5,2%.

El golpe en España ha sido profundo y la reconstrucción de su economía requiere de consensos amplios, así como gran cantidad de recursos destinados a generar incentivos. Hay acceso a recursos de la Unión Europea (UE), pero si la élite no es capaz de construir acuerdos incluyentes y planes viables, esta oportunidad puede perderse, con graves consecuencias para la sostenibilidad de la vida económica y social española.

La caída del PIB español supera a la del resto de Europa, llegando al -13%, por la extensión de la enfermedad y por la vulnerabilidad de sus principales sectores económicos: turismo, hostelería y restauración. La pandemia alcanzó a una economía que no había superado aún el impacto de la gran crisis de 2009, y que ya arrastraba problemas de larga data, que la hicieron más vulnerable.

El cierre de bares, restaurantes y servicios conexos, puede terminar elevando el desempleo al 17%, es decir, cuatro millones de parados. Si sumamos similar número de trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a menos que la economía se reactive, podrían ser ocho millones de parados a fines de año.

La recuperación exigirá un esfuerzo coordinado entre actores públicos y privados. Dicho en otras palabras, necesita de una política, del Estado y, especialmente, de la cooperación europea. Pero hoy persiste un ambiente político reacio a la construcción de los consensos imprescindibles.

Una accidentada Comisión

Las dificultades en el funcionamiento de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica pueden entenderse como un signo de los tiempos. Presidida por el diputado socialista Patxi López, y conformada proporcionalmente por todos los partidos que hacen vida en el Congreso, se instaló el 7 de mayo. Fue escenario de desplantes de Vox, incluyendo un cruce de palabras con el vicepresidente Pablo Iglesias. Finalmente, Vox se apartó de las discusiones, sin hacer aportes ni enmiendas al documento.

A pesar de las dificultades, tras diversas consultas, el 3 de julio fue aprobado el documento final, proponiendo cuatro líneas de acción: sanidad y salud pública; reactivación económica; políticas sociales y sistemas de cuidados; y la vinculación con la Unión Europea.

El documento señala que una cosa es la atención directa a sectores afectados, en el corto plazo, y otra es la dirección de la reconstrucción económica. Se pretende impulsar la sostenibilidad ecológica y la transformación digital, apuntando a algo similar al Green New Deal, la economía verde, que se discute en EEUU. Se incluye un Plan de Inversiones y Reformas para orientar la economía hacia un modelo sostenible e inclusivo, así como la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria, que se articule con un plan general de reindustrialización. Pero nada se hará sin recursos.

Sánchez busca la creación de un fondo europeo para responder a la crisis / Foto: Moncloa

La disputa por los recursos

Pedro Sánchez se movilizó por Europa buscando la creación de un fondo para responder a la crisis. Todos los países estaban afectados, pero ninguno como España. Finalmente, tras tensiones entre un norte austero y un sur más pobre, entre el oeste europeísta y un este euroescéptico, se alcanzó un acuerdo, que implica 750.000 millones de euros.

Europa salva el proyecto de integración al mostrar solidaridad, pero la austeridad sigue siendo la política dominante, y acceder a los recursos no será sencillo. Nuevamente, España sólo puede salvarse en la medida en que se acerca a Europa; sin embargo, faltando la coordinación política, los recursos disponibles pueden quedar fríos o llegar demasiado tarde.

En las últimas semanas se reactivó una doble disputa, primero por el acceso a los recursos y segundo por la dirección de la política. El gobierno intentó hacer uso de los ahorros de los ayuntamientos, iniciativa bloqueada de manera efectiva, que constituye una derrota política para el gobierno de Sánchez. El Partido Popular (PP), a través del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, nuevo portavoz, supo sacar pecho de la victoria. La relación entre el gobierno central y las autonomías al momento de la distribución de recursos será otro flanco abierto a la negociación futura.

En el centro del debate presupuestario, que hemos tratado previamente, se encuentra la batalla por la reforma fiscal, por un lado, y la que se da por el destino de los fondos europeos, por el otro.

Tanto el Partido Socialista (PSOE) como Unidas Podemos (UP) insisten en fortalecer la progresividad fiscal y reducir la evasión, pero los socialistas rechazaron la pretensión de UP de crear impuestos altos contra las grandes fortunas. Temen espantar a los empresarios que podrían generar el empleo, pero sin fortalecer al sector público mucha gente puede quedarse atrás.

En cambio, el PP y Ciudadanos (Cs) apoyan el fortalecimiento del tejido empresarial existente, más que la creación de uno nuevo, defienden la necesidad de flexibilizar el mercado laboral y bajar la presión fiscal para que sea más apetecible invertir en la creación de empresas y de empleo en España. La carga de los sacrificios, a corto plazo, caería sobre los trabajadores, pero apuestan prioritariamente a la recuperación del empleo, aunque su calidad sea menor.

Por su parte, Vox ha descubierto, en medio de la pandemia, una renovada vocación euroescéptica, mientras ataca a la inmigración. Defiende la reducción de impuestos, al tiempo que limita el acceso al Estado de Bienestar a la población nativa, trasladando la responsabilidad de la crisis tanto al gobierno actual como a la población migrante.

No hay ambiente para acuerdos, a pesar de que son imprescindibles, y la dirección que la política dará a la nueva economía, tras cerrar los peores momentos de la pandemia, llevará la marca de un gobierno de coalición endeble, que ni siquiera tiene aún los votos para aprobar sus presupuestos.

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