Zenaida Amador (ALN).- El gobierno de Nicolás Maduro creó en 2017 el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, que puso a cargo de militares, con el fin de gestar un cambio en la administración ambiental en el país. De esta gestión sólo quedó una agudización de la crisis y un mayor deterioro del sector.
Playa Verde es una zona popular del costero estado Vargas, a una media hora de Caracas. La semana pasada los vecinos de la comunidad salieron a trancar las calles en señal de protesta en un intento por llamar la atención de las autoridades y obtener una solución a su padecimiento: tres meses sin servicio de agua en las viviendas.
No son los únicos. Esta manifestación pública se suma a las casi 2.500 que han tenido lugar en el país en lo que va de año debido a las agobiantes fallas en los servicios públicos, según reporta el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Expertos en temas ambientales y acuícolas apuntan a que más de 80% de la población carece de servicio continuo de agua. Pero el problema no es sólo el bombeo irregular, sino que el escaso líquido turbio que llega a la mayoría de los hogares no califica como agua potable.
En el caso de Caracas, por ejemplo, los expertos calculan que en la actualidad se reciben 5.000 litros menos que cuando Chávez inició su primer Gobierno en 1999
Esta es una herencia que data del período de Hugo Chávez en el poder y que se ha agravado a lo largo de la gestión de Nicolás Maduro. El modelo de país que las autoridades quieren imponer, la merma de ingresos a consecuencia del desmantelamiento de la industria petrolera, el peso del sobreendeudamiento contraído durante el boom de precios del crudo y los efectos hiperinflacionarios de la indisciplina fiscal del Gobierno se han traducido en una aguda desinversión en el sector.
De allí que estén colapsando los sistemas de bombeo de agua. En el caso de Caracas, por ejemplo, los expertos calculan que en la actualidad se reciben 5.000 litros menos que cuando Chávez inició su primer Gobierno en 1999.
Fallas en la potabilización
Aunque no hay cifras oficiales se calcula que en Venezuela 75% de las aguas servidas no son tratadas, por lo que llegan contaminadas a ríos y playas, e igualmente alimentan reservorios y embalses de donde se surte el servicio público de agua potable.
De acuerdo con el reporte “Emergencia humanitaria compleja en Venezuela”, emitido en octubre pasado por un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), “el agua no está siendo tratada adecuadamente violando las normas establecidas. Las plantas potabilizadoras fueron construidas hace más de 50 años bajo unos parámetros técnicos convencionales, porque el agua presentaba bajos niveles de contaminación (…) Las condiciones del agua cruda han desmejorado considerablemente y las plantas no están en capacidad de potabilizar la materia prima contaminada que les llega. Las normativas no han cambiado, el deterioro de las cuencas y fuentes de agua cruda crece y las plantas de tratamiento no se han modificado. El resultado es uno solo: No hay agua potable en el país”.
Si bien las autoridades no admiten críticas sobre la calidad del agua la realidad apunta en otra dirección. El 90% del sector -y sus conexos- está en manos del Estado, por lo que empresas estatales son piedra angular de la potabilización del agua. Una de ellas es Bauxilum, que aporta insumos fundamentales para este proceso y que presenta agudas fallas operativas, al punto de estar en “cierre técnico” desde septiembre de 2017 y sólo reportar a lo largo de todo el primer semestre de 2018, y en una de sus unidades, producción inferior a 2% de su capacidad instalada.
Estudios recientes de investigadores de la Universidad Central de Venezuela revelan que ocho de cada 10 venezolanos tienen parásitos a consecuencia de la contaminación del agua. Este factor agrava la crisis sanitaria existente a causa de la escasez de medicamentos, del desmantelamiento de la red hospitalaria y de los problemas de desnutrición y malnutrición que experimenta la población.
Según la Asociación Civil Convite, el 75% de los centros de atención de salud pública no reciben agua de forma continua o simplemente no la reciben.
Las soluciones del Gobierno
Ya en 2012 el Ministerio del Ambiente, que entonces era el responsable del área, aseguraba que el proceso de potabilización de las aguas en Venezuela se regía por la normativa de la Organización Mundial de la Salud y que el tratamiento se cumplía a cabalidad en toda la red de suministro. Sin embargo, para esa fecha existían fuertes críticas a los problemas de calidad del agua y varias ONG intentaron acciones en tribunales para establecer la responsabilidad de las autoridades por la situación y los efectos en la población.
75% de las aguas servidas no son tratadas, por lo que llegan contaminadas a ríos y playas, e igualmente alimentan reservorios y embalses de donde se surte el servicio público de agua potable
Posteriormente el Gobierno creó el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, que puso a cargo de militares, con el fin de gestar un cambio en la administración ambiental en el país. El nuevo ente debía ocuparse del “ecosocialismo ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses; la planificación y ordenación del territorio; los recursos naturales y la diversidad biológica; los recursos forestales; así como el manejo integral ecosocialista de desechos y residuos”.
De esta gestión sólo quedó una agudización de la crisis y un mayor deterioro del sector. La propia Memoria de ese despacho correspondiente a 2017 indica que en ese año se efectuaron 19 de las 100 obras previstas en mantenimiento preventivo y correctivo de embalses a nivel nacional.
El problema alcanzó tal magnitud que en junio de este año Maduro separó el tema del agua para darle mayor atención. “El acceso al agua y el cuidado de los recursos hídricos son metas del milenio que seguro cumpliremos. He creado el Ministerio de Atención de las Aguas, y designo a una joven técnica, Evelyn Vásquez, para que atienda esta tarea”.
Ante la falta de inversión y de soluciones de fondo los problemas persisten pese a los cambios de nombre y de funcionarios.
