Juan Francisco Alonso (Londres/ALN).- Petróleos de Venezuela (PDVSA) le está dando trabajo, y mucho, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues desde finales de 2017 hasta marzo de este año le ha llevado al organismo más de un centenar de querellas contra extrabajadores de la empresa por planificar y ejecutar el llamado paro petrolero, el cual mantuvo prácticamente paralizada la industria estatal entre diciembre de 2002 y marzo de 2003.
Hasta el momento los abogados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual genera el 95% de las divisas que recibe Venezuela por comercio exterior y poco menos de la mitad de los ingresos que maneja el Fisco, han presentado ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)132 demandas por daños patrimoniales, de acuerdo a una revisión hecha por ALnavío a los registros digitales del máximo juzgado. Pero además todas las acciones van acompañadas con peticiones cautelares de “prohibición de enajenar y gravar bienes” (congelación de fondos y bienes) contra igual número de exempleados.
¿Qué busca PDVSA con estas demandas? Obtener el pago del “reparo civil” que en 2013 le impuso la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de la petrolera a los cabecillas y ejecutores del “paro cívico”, como lo bautizó la oposición; o “golpe petrolero”, según el argot chavista.
El paro convocado por directivos de la empresa pública, junto a la patronal Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el principal sindicato del país, comenzó el 2 de diciembre de 2002, apenas ocho meses después de otra huelga que provocó la salida temporal del fallecido Hugo Chávez del Palacio Presidencial de Miraflores; y como el primero, tenía el propósito de exigir la renuncia del entonces mandatario o la convocatoria de elecciones anticipadas.
Hasta el momento los abogados de PDVSA han presentado ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia 132 demandas por daños patrimoniales
Sin embargo, tras casi tres meses de paralización, durante los cuales se desarrollaron en el país multitudinarias protestas en contra y a favor del Ejecutivo y que obligó a este último a gastar miles de millones de dólares en importaciones para garantizar el suministro de alimentos básicos y de combustibles, la misma terminó sin conseguir ninguno de sus objetivos.
Acto seguido Chávez despidió a todos los que secundaron la actividad, la cual fue calificada de “ilegal” por el TSJ. En total unos 18.000 trabajadores perdieron puestos de trabajo, sin recibir las respectivas compensaciones.
Los principales demandados
Entre los 132 demandados están las caras más visibles del paro cívico, tales como Juan Fernández, exgerente de Planificación y Riesgos de PDVSA; Horacio Medina, exgerente de Negocios; y Eddie Ramírez, exdirector; todos integrantes de la llamada “nómina mayor” de la estatal petrolera y de la asociación Gente del Petróleo. Incluso el exvicepresidente de la corporación, George Kamkoff, y de filiales como el Instituto de Tecnología Venezolana del Petróleo (Intevep), de la Petroquímica Venezolana (Pequiven) y de PDVSA Gas figuran en la lista de querellados.
Sin embargo, los representantes de PDVSA también han apuntado hacia caras menos conocidas como los capitanes de los buques tanqueros, de los aviones de la empresa e incluso ingenieros y supervisores de las distintas refinerías y plantas de extracción, almacenamiento y distribución de crudo.
No obstante, hasta el 12 de abril, solamente 25 demandas habían sido admitidas a trámite por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, el cual se encarga de revisar todas las acciones que llegan a esa instancia y determinar si cumplen con los requisitos formales para ser analizadas.
Asimismo dos habían sido rechazadas y las restantes estaban a la espera de que los afectados o PDVSA entregaran algunos recaudos o de que la instancia determinara si era la competente para conocer los asuntos o no.
Entre las demandas admitidas están las presentadas contra Eddie Ramírez; Francisco Bustillos, quien fuera presidente de PDVSA Gas, y Carlos Machado, entonces gerente de la refinería de El Palito, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas; quienes deberán comparecer ante el Juzgado en una audiencia que se celebrará en los próximos 90 días para responder a los señalamientos en su contra.
Saldando cuentas
Hace casi un lustro PDVSA impuso onerosas sanciones monetarias a cientos de sus otrora directores, gerentes y miembros de las nóminas gerenciales y profesionales, como “reparos” para resarcir los daños que sufrieron sus arcas por el paro. Sin embargo, en virtud de que los pagos no se han materializado los abogados de la compañía han acudido al TSJ para solicitarle que tome cartas en el asunto y les congele las cuentas y bienes en el país a los querellados.
En promedio la estatal petrolera reclama a cada demandado alrededor de 100 millones de bolívares; es decir, más de 13.000 millones de bolívares, lo cual implicaba más de 2.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial vigente para la época, o 300 millones de dólares al tipo de cambio paralelo del momento.
Entre los 132 demandados están Juan Fernández, Horacio Medina y Eddie Ramírez, todos integrantes de la llamada “nómina mayor” de la estatal petrolera.
El Gobierno y la gerencia de la PDVSA “roja rojita” –así la bautizó el chavismo- que durante más de una década dirigió el ahora disidente Rafael Ramírez, han venido sosteniendo que el paro le costó a las arcas públicas entre 18.000 y 21.000 millones de dólares, solamente por el crudo que se dejó de extraer y vender al exterior.
Sin embargo, la hiperinflación y la gigantesca devaluación de la moneda venezolana han transformado los montos de los reparos en algo simbólico. Hoy cada demandado debería cancelar entre 1.600 o 208 dólares dependiendo del cambio al que se realice la conversión.
No obstante, en el papel las demandas de los abogados de la empresa buscan paliar los efectos de la crisis, por cuanto además se añade el reclamo de los intereses moratorios “de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil, calculados desde que le fue notificado el contenido del Auto (con el reparo demandado), hasta la fecha en la que se pague la totalidad de la cantidad adeudada”.
Por otro lado, si la Sala Político Administrativa admite las peticiones de PDVSA para congelarle los bienes a los demandados de entrada podría conseguir más dinero del solicitado. El detalle está en que un porcentaje importante de los querellados se marcharon de Venezuela hace varios años para trabajar en petroleras de EEUU, Canadá e incluso de países tan lejanos como Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos o Catar, debido a la persecución de la que fueron objeto por parte de las autoridades, las cuales en muchos casos les negaron acceso a empleos en las petroleras extranjeras que operan en Venezuela junto a PDVSA en las llamadas “empresas mixtas”.
Si la Sala Político Administrativa admite las peticiones de PDVSA para congelarle los bienes a los demandados podría conseguir más dinero del solicitado
En el máximo juzgado no están muy dados a atender, al menos por ahora, las peticiones de PDVSA. ¿La razón? “El acto administrativo (dictado por la petrolera) aún no ha sido ejecutado por ella”, explicó una fuente del organismo, la cual recordó que este es el primer paso antes de que el Poder Judicial actúe en estos casos.
“En el supuesto de que el particular no dé cumplimiento voluntario, es que podría acudir a la ejecución por la vía judicial”, remató la fuente.
Sin embargo, si los procesos avanzan las posibilidades que tienen los extrabajadores de PDVSA de ganar son mínimas. Un estudio publicado en 2014 por la organización Un Estado de Derecho reveló que de cada 100 demandas contra el Estado que llegaban a la Sala Político Administrativa 90 las perdían los particulares.
