Ernesto J. Tovar (ALN).- Pedro Pablo Kuczynski compareció este jueves ante el Congreso de Perú para defenderse ante la moción de destitución por “permanente incapacidad moral” por sus vínculos con Odebrecht, solicitada por la oposición que encabeza el partido fujimorista, Fuerza Popular. Kuczynski afirma que está en marcha “un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales”.
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), afirmó este jueves ante el Congreso que “nunca participé en las asesorías ni realicé ningún tipo de gestión de intereses mientras fui ministro” en favor de su empresa de servicios financieros, Westfield Capital, en la relación que sostuvo la firma con la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando PPK fue ministro del entonces presidente peruano, Alejandro Toledo.
La declaración de Kuczynski se produjo en el Congreso ante una sesión plenaria convocada para debatir si debe ser destituido por presunta “incapacidad moral permanente”, tras divulgarse la relación de Westfield con la constructora brasileña, de la que presuntamente recibió casi 800.000 dólares en pagos por asesorías.
En la sesión, que al mediodía de este jueves en Lima seguía en marcha, todavía deben producirse las intervenciones de los parlamentarios, que podrían tomar entre cuatro y cinco horas.
PPK dijo que la prestación de servicios de su empresa para Odebrecht fue transparente y no un vehículo para la corrupción, y también subrayó que no fueron de su conocimiento de ninguna manera, pues fueron ejecutadas por su socio, Gerardo Sepúlveda.
“Nunca participé en las asesorías ni realicé ningún tipo de gestión de intereses mientras fui ministro”, dijo Kuczynski
“Lamento profundamente no haber advertido, pero eso no me convierte en un corrupto”, dijo durante su primera intervención, de casi 30 minutos.
El mandatario aseguró ante el Legislativo que acudía “a demostrar mi inocencia porque a eso es lo que se me obliga. Porque, al parecer, no tengo presunción de inocencia”.
La noche de este miércoles, en un mensaje televisado al país, Kuczynski empleó un inusual tono confrontacional y de urgencia, para alertar que “la Constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas. Pero las intenciones de nuestros opositores quedan desenmascaradas por su comportamiento apresurado y abusivo”.
Este jueves, ante el Congreso, PPK fue coherente con su posición y dijo que “lo que aquí está en juego no es la Presidencia sino la democracia que tanto le costó al Perú recuperar, (está en juego) la estabilidad de un país próspero”.
En una segunda intervención, Kuczynski concluyó que “me he equivocado muchas veces y lo lamento, pido profundas disculpas. Sólo espero que el Parlamento comprenda la magnitud histórica del error que pretenden cometer sin motivación alguna. El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú”.
Enfrentamiento abierto
A la primera declaración de Kuczynski le siguió la de su abogado, el constitucionalista Alberto Borea, quien denunció una serie de vicios y errores de actuación por parte del Congreso, destacando que son los acusadores quienes deben presentar pruebas de algún delito, y que la separación de poderes es fundamental para la democracia.
Según la versión de Odebrecht, divulgada por la comisión especial del Congreso que investiga la corrupción de la firma brasileña, también se pagaron más de cuatro millones de dólares a otra empresa a Sepúlveda, el socio de Kuczynski.
Esto desató una serie de acusaciones desde la oposición, y la semana pasada el Congreso decidió -con 93 votos a favor y 17 en contra- que debía discutirse la declaratoria de vacancia en la Presidencia por incapacidad moral permanente de PPK, uno de los causales previstos en la Constitución peruana para destituir al presidente.
La destitución requeriría 87 votos de los 130 escaños del Congreso. Y solamente el fujimorismo (Fuerza Popular), la principal fuerza opositora y que ha tenido fuertes roces con Kuczynski, aglutina 71 congresistas, aunque con algunos factores no obedientes a todas las líneas del partido, como Kenji Fujimori, uno de los dos hijos -la otra es Keiko, líder de Fuerza Popular- del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.
PPK afirmó en las últimas horas que la oposición no cuenta en el Parlamento con los votos necesarios para declarar la vacante y destituirlo.
La incertidumbre política y el coletazo económico
De producirse la destitución de PPK la Constitución señala que el primer vicepresidente debe asumir el cargo, o en su defecto, el segundo vicepresidente. Pero la noche del miércoles Kuczynski, acompañado por sus dos vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, dejó entrever que estos no asumirán la magistratura pues “ninguno de los dos quiere ser parte de un gobierno que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática”.
Esto obligaría a que el fujimorista Luis Gallareta, presidente del Congreso, asuma el cargo y convoque a elecciones. En este punto la ley no fija un plazo determinado para ello, pero se estima que sería en menos de un año.
Pese a los alegatos y argumentos de PPK, la oposición, la prensa y la opinión publica en general le pasan factura por sus contradicciones. O como lo llamó el influyente diario El Comercio: “sus medias verdades” sobre si ha tenido relación o no con Odebrecht.
La crisis política “pesará sobre la confianza empresarial y el sentimiento económico general, lo que probablemente afecte a la inversión privada”
“Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas”, dijo PPK a finales de octubre. Un par de semanas después insistió, señalando que “nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht”.
Desde el Congreso también ha habido fuego cruzado del fujimorismo contra PPK. El vocero de Fuerza Popular en el Parlamento, Daniel Salaverry, ha dicho durante la última semana que “el presidente le ha mentido nuevamente al país, se aferra al cargo, sigue mintiendo”, y también señaló que “el presidente no tiene argumentos para explicarle al país los hechos que le imputan. Ha quedado clarísimo que él cobró utilidades de su empresa unipersonal”.
No puede pasarse por alto que este proceso contra PPK ocurre apenas días después de que las propias oficinas de Fuerza Popular fueron registradas por la policía, por la misma supuesta corrupción de Odebrecht en forma de aportes a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011. Incluso la excandidata presidencial del fujimorismo estuvo presente en uno de los allanamientos.
También las investigaciones sobre Odebrecht apuntan al expresidente Alan García, quien afirma que las iniciales “AG” en la agenda de la empresa brasileña no le corresponden a él.
Las consecuencias de esta crisis política en el desempeño económico peruano aún están por verse.
Se esperaba que en 2018 el PIB del país se expandiera alrededor de 3,8%, gracias a la actividad de la construcción por la reconstrucción de los daños causados por las lluvias de El Niño en 2017, a las obras por los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y al mejoramiento de la confianza empresarial que elevaría la inversión privada -elemento clave tras varios trimestres de retroceso en ese sentido, hasta 2017.
Pero esta inestabilidad política no augura las mejores condiciones. La agencia de calificación Moody’s anunció esta semana que la crisis política “pesará sobre la confianza empresarial y el sentimiento económico general, lo que probablemente afecte a la inversión privada”.
Y según la consultora Apoyo, 46% de los empresarios e inversionistas considera que el mayor riesgo para la economía en 2018 será la agudización del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras que 36% destaca el impacto de las investigaciones por la corrupción de Odebrecht.
La firma concluye que la crisis política le costará 1,5 puntos de crecimiento del PIB, cuando calculaban un alza de 3,5% para 2018, pero que resultaría en sólo dos puntos, por la paralización de proyectos y malas expectativas sobre la estabilidad política, en un año en que se esperaba un despegue de la economía por la reactivación de la inversión ya visto en 2017 y mejores precios de materias primas como los metales.
