Antonio José Chinchetru (ALN).- La compañía presidida por Josu Jon Imaz es una de las cuatro grandes petroleras socias de PDVSA a las que la estatal venezolana ha acudido para buscar una financiación que la salve del default. Los intereses de Repsol en Venezuela incluyen una gasista que algunos sectores del chavismo quieren expropiar y varias empresas mixtas, a una de las cuales la empresa española ya ha concedido 1.200 millones de crédito.
En un momento en el que la producción de PDVSA se encuentra en sus mínimos en casi tres décadas, y en el que Moody’s ha alertado que aumenta el riesgo de default para esta empresa, la compañía estatal venezolana está negociando la concesión de nuevos créditos con varias de las mayores petroleras del mundo, según ha informado la agencia Reuters.
Estas firmas son la rusa Rosneft, la italiana ENI, la española Repsol y la sueca Statoil; todas ellas socias de Petróleos de Venezuela. El grupo presidido por Antonio Brufau tiene ya una fuerte implantación en el país latinoamericano, un país al que ha calificado en dos ocasiones este año como de “riesgo geopolítico” junto con Libia.
La exposición patrimonial de Repsol en Venezuela asciende a 2.131 millones de euros (2.527 millones de dólares)
La exposición patrimonial de Repsol en Venezuela asciende, según sus estados financieros al 30 de septiembre, a 2.131 millones de euros (2.527 millones de dólares). Buena parte de esta cifra corresponde a la línea de crédito de 1.200 millones de dólares (1.012 millones de euros) concedida a Petroquiriquire, una sociedad mixta participada en 60% por PDVSA y 40% por la española. Esta última es además socia minoritaria (11%) de la estatal venezolana en Petrocarabobo. Repsol también posee el 50% de la empresa de extracción de gas Cardón IV, participada en igual proporción por ENI.
Amenazas de expropiación
A diferencia de lo que ocurre con las petroleras que operan en el país, que obligatoriamente deben estar participadas al menos al 60% por PDVSA, las gasísticas pueden tener capital cien por cien extranjero. Esto explica la composición exclusivamente hispano-italiana del capital de Cardón IV. Sin embargo, esto podría cambiar si saliera adelante la propuesta que hizo en julio de este año el coordinador del Observatorio Petrolero Socialista de la Universidad Bolivariana de Venezuela, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Fernando Travieso.
Travieso, que en la actualidad es miembro de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la ANC, propuso cambiar la ley para que al menos el 60% del capital de las empresas de gas sea propiedad de PDVSA Gas. Preguntado, en una entrevista publicada en Petroguía, por el caso concreto de Cardón IV, defendió la expropiación parcial de esta (si bien no usó esos términos). Al referirse a la filial de Repsol y ENI dijo: “La propuesta nuestra con respecto a empresa mixta para todo el sector de hidrocarburos, y eso incluye gas, es que 60% esté en manos del Estado venezolano sin importar de qué país procedan los capitales”.
Riesgo de default de PDVSA
La petrolera estatal venezolana necesita con urgencia la financiación que trata de conseguir de Rosneft, ENI, Repsol y Statoil
La petrolera estatal venezolana necesita con urgencia la financiación que trata de conseguir de Rosneft, ENI, Repsol y Statoil. La segunda semana de este mes, Moody’s rebajó el rating de PDVSA de Caa3 a Ca, una nota que “juzga obligaciones altamente especulativas” y que tan sólo es superior a C (correspondiente a concurso de acreedores). Nymina Almeida, analista senior de la agencia calificadora, justificaba la rebaja con dos argumentos. Por una parte, señalaba: “El impago el 2 de noviembre, cuando se esperaba que PDVSA pagara 1.169 millones de dólares (aproximadamente 1.011 millones de euros) en capital relacionado con los bonos de 2017”. Por otra, se refería a: “El significativo estrés financiero de la compañía, que se deriva de su capacidad limitada para generar efectivo a fin de cumplir con las obligaciones a corto plazo y financiar suficientes inversiones de capital para mantener la producción y la calidad de los activos”.
Pocas jornadas antes, el jueves 2, Nicolás Maduro había anunciado tanto su voluntad de reestructurar y refinanciar la deuda de la petrolera como el inicio del pago del bono PDVSA 2017. Este anuncio fue respondido con optimismo por Repsol. El director financiero de la empresa española, Miguel Martínez, dijo: “No creo que haya default en Venezuela”. Hizo estas declaraciones en la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2017. Respondiendo a una pregunta de un inversor, contestó: “En el trimestre la deuda ha tenido un incremento de 75 millones de euros. Nosotros debemos seguir en Venezuela. La situación está bastante difícil, pero creemos que en el corto plazo se recupere y que el Gobierno pueda honrar sus compromisos”.
Venezuela busca refinanciar su deuda
El riesgo de suspensión de pagos no sólo afecta a PDVSA, sino a la propia Administración del país. El pasado 14 de noviembre, Standard & Poor’s (S&P) calificó como SD/S (selective default/default) la deuda soberana de Venezuela a largo y corto plazo en moneda extranjera. La calificadora justificó su decisión en que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares (171 millones de euros) de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. El endeudamiento en moneda nacional de largo y corto plazo se mantiene en CCC/C, el grado anterior a suspensión de pagos, pero con una vigilancia negativa en cuando a las perspectivas de que se cumplan los pagos de ese endeudamiento. S&P cree que hay un 50% de posibilidades de que Venezuela “pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses”.
La deuda de la República en bonos soberanos asciende a 32.000 millones de dólares, que se suman a los 26.000 millones de dólares en bonos de PDVSA
La deuda de la República en bonos soberanos asciende a 32.000 millones de dólares (26.868 millones de euros), que se suman a los 26.000 millones de dólares (21.833 millones de euros) en bonos de PDVSA. A esto hay que añadir los créditos concedidos por la Federación Rusa y China. El primero de estos países ha anunciado recientemente que refinanciará y el segundo ya lo hizo a principios de año. Pekín y Caracas llegaron a un acuerdo ventajoso para el país suramericano, que sólo tendrá que pagar con dinero en vez de petróleo cuando el crudo alcance un precio de 70 dólares el barril.
El gobierno de Maduro ha comenzado a negociar con algo más de 400 tenedores de bonos de la República el refinanciamiento de la deuda. Sin embargo, que estos contactos lleguen a buen puerto se complica cada vez más. S&P calificaba este miércoles a Venezuela en default parcial por impago de dos de sus bonos soberanos. La calificadora explicó en un comunicado: “No realizó el pago de 237 millones de dólares sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026”. Las reservas internacionales del país apenas llegan a 9.700 millones de dólares (8.145 millones de euros), por lo que, en opinión de Standard & Poor’s: “El Gobierno podría incurrir en nuevos impagos o apelar a un canje de deuda, lo que equivaldría al default en los próximos tres meses”.
