María Rodríguez (ALN).- La Asociación de Jubilados de Venezuela en Asturias recurre a una carta de reclamación del pago de la “pensión de vejez” para optar a un salario social de entre 300 y 500 euros. Llevan 17 meses sin recibir las prestaciones del país latinoamericano. En toda España hay más de 9.000 afectados.
El Gobierno venezolano lleva 17 meses sin pagar las pensiones de más de 9.000 trabajadores que cotizaron desde los años 50 y 60 en el país latinoamericano y hoy residen en España. Los afectados ya hablan de un problema de “exclusión social”, económico y político por “incumplir -subrayan- el Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela”, en vigor desde 1990. En este contexto, hay asociaciones que han buscado -y encontrado- algún salvoconducto para que sus miembros cobren al menos una ayuda social.
Se trata de una carta de reclamación de pago de la “pensión de vejez” que los afectados de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Asturias (Asopeve Asturias) pueden enviar por correo postal al Consulado de Venezuela en Vigo (Galicia). Con una copia de la misma, que incluya el sello de Correos, y otros documentos más habituales para gestionar la concesión de subsidios, los perjudicados pueden solicitar un salario social básico en el Centro de Servicios Sociales donde estén empadronados. Eso sí, únicamente es válido dentro del Principado de Asturias.
Sergio Primiani, presidente de Asopeve Asturias, confirma al diario ALnavío que ya hay afectados recibiendo las primeras ayudas mediante este procedimiento, disponible a partir del pasado marzo. “En Asturias hemos logrado esto”, se congratula. Pide que se utilice la misma fórmula en el resto de España, pero para ello desde la asociación son conscientes de que se ha de hacer de forma coordinada, y que no es tan sencillo.
Cada vez que solicitaban una ayuda al INSS, «saltaba que cobramos [en la base de datos que les aporta el IVSS] y no es así’, apunta Primiani
Para sacar adelante este salvoconducto, Asopeve Asturias trabajó conjuntamente con la Dirección General de Migración y Cooperación al Desarrollo del Principado, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y otras autoridades políticas de la región. La premisa de la que partían era que cada vez que solicitaban una ayuda al Instituto Nacional de la Seguridad Social de España (INSS), “saltaba que cobramos [en la base de datos que les aporta el Instituto Venezolano de la Seguridad Social (IVSS)] y no es así”. Tenían que demostrarlo.
Desde 300 euros mensuales de ayuda
En Asturias, este salario social básico o subsidio social está financiado por la Junta General del Principado y tarda entre tres y cuatro meses en concederse, según apunta Primiani. Se traduce en unos 500 euros mensuales (546 dólares) para un matrimonio o 300 euros (328 dólares) para una persona soltera sin hijos, aunque las cifras pueden variar dependiendo de otros factores.
Mientras se decide si se concede o no este subsidio, la asociación explica que también existe la que llaman simplemente “ayuda económica”, de la misma cuantía que el salario social. Se retira una vez que se empieza a cobrar el subsidio y depende de una partida de los ayuntamientos, en el caso de que estas instituciones así lo determinen en sus presupuestos. Si los consistorios no disponen de este apartado, puede traducirse en ayudas al pago del recibo de la luz de los afectados, según explica el presidente de Asopeve en el Principado.
Los afectados solicitan al Gobierno de España «que medie”
El subsidio vinculado al salvoconducto de Asopeve Asturias pretende ser una “salida social” al conflicto “mientras el Gobierno español y el venezolano se ponen de acuerdo”, puntualiza Primiani. Y es que las peticiones de los afectados están muy claras. “Solicitamos al Gobierno de España que medie para lograr una solución a muy corto plazo y que reactive los complementos a mínimos (cantidad suplementaria para alcanzar la pensión legal más baja)”.
Asimismo, Andrés Varenkow, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg) sostiene: “En tanto que Venezuela no pague, se le puede dar al menos una renta social al pensionista, aunque tenga que devolverla después”. Desde las asociaciones alegan que hay afectados cuyo único ingreso procedía de las pensiones de Venezuela. Otros que apenas cobran hoy 20 o 30 euros (22 o 33 dólares).
Por el momento, “no vemos voluntad política para sentarse, tanto de Venezuela como de España”, afirma Primiani. De la misma opinión es Varenkow: “Hay conciencia, pero no soluciones”, sentencia.
«Hasta que el Gobierno venezolano no lo reconozca, estamos entre dos aguas”, sostiene Primiani
Ambos hablan con conocimiento de causa. Tanto Asopeve Asturias, como Apejuveg y otras asociaciones de distintas regiones de España se han reunido con todas las formaciones políticas, a nivel nacional y regional. Algunas de estas asociaciones han conseguido que se redacten Propuestas No de Ley. En este sentido, “tenemos apoyo, pero de las propuestas no sabemos nada. Estas no comprometen”, subraya Primiani.
Al margen de esta vía, las asociaciones piden sobre todo que el Gobierno venezolano “reanude el pago” y aseguran que no han agotado la vía venezolana. En España, “todos los partidos políticos reconocen el problema”, insiste Primiani, y continúa: “Pero hasta que Venezuela no lo reconozca, estamos en una trampa, entre dos aguas”. Por ello, pide “que se rompa ese impasse”.
«No hemos agotado la vía venezolana”, puntualiza Varenkow
En este sentido, el presidente de la asociación asturiana asegura que el INSS le ha estado reclamando al IVSS estos pagos desde septiembre. “Como respuesta solo han obtenido el silencio”, afirma. Sin embargo, según la propia asociación, el INSS no reconoce estos impagos porque no se lo confirman desde Venezuela.
Por su parte, desde Apejuveg ven en las últimas semanas un retroceso. Varenkow explica que habían logrado en las provincias españolas de Coruña y Lugo que se empezaran a aprobar pensiones no contributivas para los afectados, “pero se ha suspendido”. “Se están negando”, sentencia.
El embajador de Venezuela en España traslada las quejas
A finales de abril, los pensionistas de Venezuela residentes en Asturias se reunieron con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para tratar esta situación y normalizar el pago de las pensiones. Según informan desde la asociación, el embajador se comprometió a trasladar las exigencias al Gobierno de Venezuela.
Asimismo, Isea reconoció, según la versión de la asociación, que existen “dificultades” (entendidas desde el punto de vista económico) y que los pensionistas y jubilados “pueden tener tranquilidad”, pues el Gobierno “está estudiando una fórmula para el pago de las pensiones”. El embajador “marchó a Venezuela y lo puso en conocimiento del Seguro Social (IVSS). Él hizo la propuesta. Pero no hemos obtenido ninguna respuesta”, zanja Primiani.
La asociación gallega calcula que hay 12.000 pensionistas venezolanos afectados en todo el mundo
En este contexto, tanto Primiani como Varenkow y las asociaciones que presiden se mantienen firmes: “Tenemos derecho a la pensión, está recogido por la Constitución venezolana en el artículo 80. No pueden hacerse los locos. Es un derecho adquirido. Además, España cumple en Venezuela”.
Las asociaciones estiman que de los más de 9.000 afectados en toda España, aproximadamente 4.000 están en Galicia y Asturias. El resto residen en Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y el País Vasco, principalmente.
A nivel global, la asociación gallega calcula que hay 12.000 pensionistas venezolanos afectados en el exterior frente a los dos millones de venezolanos exiliados. Entre los afectados, Apejuveg incluye a los que viven en Portugal, Chile, Uruguay y Ecuador, países que también cuentan con un convenio bilateral de seguridad social con Venezuela.
