Redacción (ALN).- El traslado de 238 migrantes venezolanos que estaban en Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo acusaciones de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, hizo saltar las alarmas entre los defensores de derechos humanos, que ven en el procedimiento una serie de violaciones a las garantías fundamentales de estas personas.
“No hay ningún basamento legal en las leyes salvadoreñas que permitan la detención de personas que no han cometido delitos en territorio salvadoreño”, dijo en una entrevista con Crónica Unoel defensor de derechos humanos salvadoreño Jorge Rodríguez.
Rodríguez, colaborador de la Red Jesuíta con Migrantes de El Salvador y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador, también aseveró que la detención de estos venezolanos apunta a la violación de derechos humanos.
“Por supuesto que se están violando los derechos humanos a todos estos migrantes, al menos en lo que compete a El Salvador”, agregó el experto.
A continuación la entrevista íntegra:
— ¿Cuál es el reporte oficial por la detención de los 238 migrantes venezolanos? ¿De qué les acusa el Gobierno de Nayib Bukele para detenerlos en el Cecot?
— Lo primero que hay que decir es que el acceso a la información pública es escaso en El Salvador, no solo con este caso, sino con todos los casos de los privados de libertad. Hay mucho hermetismo en torno a una serie de temas que son delicados desde la perspectiva de los derechos humanos y la información se limita a esporádicas declaraciones que puedan dar los funcionarios públicos.
Es decir, lo que se sabe es lo que aparece en medios de comunicación y no hay un reporte oficial sobre los motivos o las razones en este caso de por qué y en qué términos se está recibiendo a esta población. Eso como un primer elemento a tener en cuenta en este caso.
— El Gobierno de Donald Trump los acusa de pertenecer al Tren de Aragua…
— Pero al menos 101 de estos venezolanos, según la información que ha salido desde Estados Unidos, no fueron procesados por pertenecer al crimen organizado, sino por su estatus migratorio irregular. En este sentido, ha habido un manejo comunicacional bastante irregular por parte de las autoridades de El Salvador.
Al parecer, hicieron un solo grupo con todos los venezolanos y a todos los acusaron de pertenecer al Tren de Aragua. Se les está tratando como personas criminales sin evidencias.
— ¿Hay una base legal en El Salvador para este procedimiento?
— Hasta donde tengo conocimiento, no hay ningún basamento legal en las leyes salvadoreñas que permitan la detención de personas que no han cometido delitos en territorio salvadoreño. Además, todo apunta a que no solo no han cometido delitos, sino que no tienen expedientes en marcha que los vinculen, siquiera, al cometimiento del delito.
Esta es una situación completamente irregular que ha sido realizada de facto, aunque hay que reconocer que es difícil asegurarlo con 100 % de exactitud, porque hay un cierre comunicacional y no se informa en qué se basa el procedimiento.
Pero, insisto, por lo que se conoce no hay ningún basamento legal para efectuar estas detenciones.
— ¿En qué situación están estos venezolanos entonces?
— Se están violando los derechos humanos de todos ellos, de los 238. Al menos en lo que compete al caso de El Salvador. Acá en El Salvador toda la población privada de libertad está en una situación que se les ha despojado de todos sus derechos, hay un hacinamiento de más de 200 % y la imposibilidad de las personas de acceder a instancias para denunciar violaciones de derechos humanos o para exponer sus casos no está funcionando.
— ¿Hay alguna institución local que vele en este momento por sus derechos?
— Aquí hay dos instituciones para defender a las personas, la principal es la Procuraduría General de la República, es la institución encargada de ejercer la defensa de las personas que están siendo acusadas de algún delito. Luego está otra institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que se encarga de recibir casos de violaciones a los derechos humanos como casos de detenciones arbitrarias. Ahora bien, eso es a nivel formal, la realidad es que estas instituciones tienen muy pocos recursos y ni siquiera tienen la capacidad para dar atención a la alta demanda de personas salvadoreñas que han sido detenidas en el marco del estado de excepción que se decretó en El Salvador hace tres años.
Además, están las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos y hay muchas, pero todas estas organizaciones se encuentran con dificultades para apoyar a las personas detenidas porque no permiten comunicaciones entre las personas privadas de libertad y el exterior. Lamentablemente, y pasa hasta con los salvadoreños, los detenidos no tienen comunicación ni con sus familiares ni con defensores privados.
Yo, por ahora, no tengo noticias de que estas organizaciones hayan buscado atender a los venezolanos detenidos. Entre otras cosas por eso, porque hay una barrera comunicacional y la imposibilidad de conocer los casos y los expedientes.
— ¿Las ONG que pudieran defender a los venezolanos enfrentan alguna otra dificultad?
— La principal es que a todos los que buscamos defender a los privados de libertad o criticamos esta política de detenciones ya no solo con los venezolanos, sino con los salvadoreños en el marco del estado de excepción, se nos tilda de defensores de los criminales.
Hay toda una narrativa en El Salvador de defensores de los criminales, de financiadores de las pandillas, cuando en realidad, justamente, lo que se está apuntando es que esta política no solo ha afectado a las pandillas, sino también a un montón de gente, que se cuenta por miles, y que no pertenecía a las pandillas. Hay un discurso estigmatizante a todas las personas que critiquen el régimen de excepción que usa Bukele para atacar a las pandillas.
— ¿Qué podrían hacer los familiares o el Estado venezolano para ayudar a estos migrantes?
— Estos migrantes venezolanos están en una situación muy compleja en El Salvador, si tenemos en cuenta que a duras penas y con mucho esfuerzo las ONG han podido acompañar a los salvadoreños detenidos de forma arbitraria y afectadas por el estado de excepción.
A mí me parece que los organismos internacionales como la OMI o Acnur, dos importantes oficinas de la ONU, podrían jugar un papel crucial como mediadores y ver si pueden interceder por esta población.
Hay que insistir en que son personas que estaban en una situación migratoria irregular, no es que eran delincuentes.
— ¿Hay un antecedente en El Salvador de una medida similar?
— No lo hay, en mis registros no hay un antecedente similar en el que El Salvador se haya prestado para detener a personas, que no cometieron crímenes en su territorio, bajo acusación de ser criminales sin expedientes o pruebas de que lo fueran siquiera en otro lugar.
Tomado de Crónica Uno.
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