Pedro Benítez (ALN).- La dictadura de Maduro avanza en dos carriles, contra la oposición y contra el chavismo. Rafael Ramírez lo resume muy bien: “Quieren imponer una candidatura (la de Maduro) por el miedo y la fuerza”. Los mismos procedimientos de persecución que se aplican contra la oposición venezolana se usan para evitar una disputa dentro del campo chavista, que ha entrado en su propio proceso de autodestrucción.
La inhabilitación de organizaciones políticas y candidatos, y la persecución judicial de potenciales rivales, son prácticas que el régimen chavista viene usando con cada vez más frecuencia desde hace más de una década en Venezuela.
Con Nicolás Maduro esas prácticas dieron un salto, porque ahora, al mismo tiempo que sigue persiguiendo a la oposición tradicional, las aplica con mayor saña al propio chavismo.
El pasado jueves 25 de enero el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó haber solicitado la activación del código rojo a Interpol en contra del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Rafael Ramírez por el denominado caso Andorra.
Ramírez planteó la disputa en el campo del chavismo, se niega a distanciarse de él, y propone la realización de unas primarias
En un enfrentamiento cada vez más abierto con el presidente Nicolás Maduro, Ramírez había publicado cuatro días antes en Aporrea, un portal de izquierda tradicionalmente cercano al chavismo, una columna de opinión que tituló: “El error fundamental”, donde no sólo repite sus acerbas críticas a la gestión económica de su antiguo jefe político, además cuestiona su determinación de postularse a la reelección presidencial por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Hugo Chávez.
A diferencia de otras rupturas del pasado, el ex zar petrolero venezolano planteó la disputa en el campo del chavismo, se niega a distanciarse de él, y propone la realización de unas primarias para escoger al candidato de ese sector político con miras a la elección presidencial pautada para este 2018. Incluso cuestiona las nunca aclaradas circunstancias en las cuales Chávez escogió a Maduro como sucesor (Leer más: El Plan de Nicolás Maduro y el grupo que lo respalda comenzó con la enfermedad de Hugo Chávez).
La respuesta por parte de la Fiscalía, ahora controlada por un firme partidario de Maduro, no se hizo esperar.
Para Ramírez la causa y el objetivo son claros, tal como lo expone en su cuenta de Twitter:
– “…abuso de poder y una represalia por mi propuesta de primarias”.
– El Fiscal “es un instrumento de persecución política”.
– “Las acusaciones y persecución en mi contra buscan silenciarme e inhabilitarme políticamente”.
#28Enero “Carta abierta al Pueblo de Venezuela” en @diariopanorama https://t.co/70mzi0NYId Hoy soy un perseguido político de un gobierno que cada vez se separa mas del Legado de Chávez. Mientras, nuestro Pueblo sufre la peor crisis económica y social de nuestra historia.
— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 28 de enero de 2018
Exactamente lo que el régimen chavista, del cual Rafael Ramírez fue parte, ha hecho con la oposición venezolana por años. Uso arbitrario del Poder Judicial para la persecución política e inhabilitaciones de candidatos y de partidos.
Este fin de semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) obligó por segunda vez en menos de un año a varios partidos políticos nacionales a “validar” su registro de militantes ante ese organismo, bajo pena de perder su registro, con el argumento de no haber postulado candidatos en las pasadas elecciones municipales. Sin embargo, no permitió que la tarjeta de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hasta ahora la más votada de la historia electoral del país, pudiera validarse.
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando la oposición logró dos tercios de las bancas de la Asamblea Nacional (AN), todos los partidos opositores renunciaron a postular candidatos en sus propias organizaciones y lo hicieron por la MUD. El CNE usó eso como excusa para invalidarlos y luego hizo lo mismo contra la propia MUD.
Si la oposición venezolana decidiera no convalidar con su participación el proceso electoral presidencial convocado por la ANC es más que seguro que todos los partidos políticos que quedan perderán su registro. En realidad no es un proceso de validación, sino de ilegalización por etapas.
Tampoco se le ha permitido a diversos grupos disidentes del chavismo postular con sus propios símbolos en las disputas electorales.
Pero no sólo eso, hay que agregar que dentro del propio PSUV no hay absolutamente ningún mecanismo de consulta democrática o debate interno. Todas las promesas de ejercer una democracia protagónica y participativa quedaron en eso, en promesas.
De modo que la dictadura de Maduro avanza en dos carriles, contra la oposición y contra el chavismo. El mismo Ramírez lo resume muy bien: “Quieren imponer una candidatura (la de Maduro) por el miedo y la fuerza”.
Habría que matizar que no es que quieren, lo están haciendo. Mientras la comunidad democrática internacional advierte que no reconocerá el proceso electoral para elegir presidente, la oposición dentro de Venezuela evalúa sus opciones con una pistola en el pecho.
¿Podría el chavismo disidente presentar una candidatura frente ante Maduro? Lo cierto es que ese chavismo está más dividido que la misma oposición. La desconfianza y los reproches mutuos están a la orden del día, en parte porque nunca ha ocurrido la división de un bloque, sino que las disidencias han sido a cuentagotas. Y porque el único dirigente al que Hugo Chávez ungió fue a Nicolás Maduro. Como ocurrió con el peronismo en Argentina, los muertos siguen decidiendo desde el más allá.
Proceso de autodestrucción
No obstante, nada de esto se desarrolla sin ningún costo para el chavismo oficial. Hay un cambio drástico del relato. Hasta ahora los culpables de todas las dificultades de los venezolanos habían sido ubicados en los cada vez más lejanos gobiernos anteriores a la llegada de Chávez al poder. Ahora se señala a los saboteadores y traidores como los causantes directos de la brutal crisis económica y social del país. No faltan argumentos en esto último.
Rafael Ramírez, por ejemplo, fue por años el segundo hombre fuerte del régimen. Por encima de Diosdado Cabello y del general Raúl Isaías Baduel. Fue el único funcionario en 100 años de historia petrolera venezolana que tuvo en sus manos el Ministerio de Petróleo y PDVSA a un mismo tiempo. El administrador de la caja. Con el protagonismo nacional e internacional que Chávez le dio a PDVSA, todo tenía que pasar por él.
Dentro del propio PSUV no hay absolutamente ningún mecanismo de consulta democrática o debate interno
Además, se le confió el cargo de coordinador del Órgano Superior de la Vivienda (bandera política de la reelección de Hugo Chávez en 2012) y Vicepresidente económico con el propio Maduro hasta agosto de 2014.
Durante su gestión al frente de la industria petrolera venezolana la deuda financiera de la empresa estatal pasó de 3.720 millones de dólares a 43.384 millones, y las cuentas por pagar a proveedores de 4.313 millones de dólares a 21.404 millones. Todo eso en medio del mayor auge petrolero de la historia. Y mejor no mencionar los desastres ambientales, las refinerías paradas, incendiadas, mal mantenidas y peor aseguradas (Leer más: Así la corrupción chavista acabó con Petróleos de Venezuela).
La información publicada, y avalada ahora por el propio Gobierno, pone en evidencia que bajo su dirección PDVSA se transformó en una lavandería internacional de divisas.
Por lo tanto, esta disputa entre Rafael Ramírez y Nicolás Maduro es la destrucción de la legitimidad histórica del chavismo (Leer más: Cuándo comenzó la pelea entre el Zar de PDVSA y Nicolás Maduro).
Lo que subyace en las críticas de Ramírez es que sin embargo, los extremos a los que ha llegado Venezuela se podrían haber evitado si Maduro no fuera el presidente. ¿Cuántos leales de hoy comparten en su fuero interno esta idea? A fuego lento el chavismo ha entrado en su propio proceso de autodestrucción.
