Pedro Benítez (ALN).- Cuando en un país no hay democracia la propiedad no es un derecho, es una graciosa concesión por parte del que manda. Si la democracia desfallece, con ella se van debilitando los derechos de propiedad, requisito indispensable para asegurar el progreso social. Un ejemplo de esto se está dando recientemente en El Salvador, donde las actuaciones del joven y controversial de Nayib Bukele se van asemejando cada día más al estilo de su vecino Daniel Ortega en Nicaragua.
En los últimos días la capital salvadoreña, San Salvador, ha sido sorprendida por el caos en el servicio de transporte público. Desde la semana pasada miles de usuarios se vieron obligados a formar largas colas para poder trasladarse, mientras que la numerosa presencia de soldados en las calles y al frente de las unidades de transporte hizo recordar los años de la guerra civil (1980-1992).
En el estilo que ya le es característico el presidente Bukele decidió inesperadamente la confiscación de las busetas y buses de las dos rutas que prestan servicio al suroccidente de esa ciudad y las puso en manos de los militares. No obstante, hubo un detalle que al flamante mandatario se le pasó por alto: no había suficientes soldados para manejar los vehículos, quienes, además, tampoco conocían las rutas.
Suspensión del impuesto a los combustibles y congelamiento de los pasajes, fueron algunas de las medidas que Bukele había tomado a fin de enfrentar el impacto del aumento de los combustibles en la economía cotidiana de los salvadoreños. Pero eso no fue suficiente. Imprescindible le era acompañarlas con la inevitable puesta en escena. El necesario espectáculo. Por su cuenta de Twitter (uno de sus instrumentos fundamentales de gestión) había amenazado previamente a los transportistas si se atrevían a incrementar el precio de los pasajes. “No jueguen con fuego”, fue la advertencia.
A continuación, pasó de los caracteres a los hechos. La noche del pasado 12 de marzo, la Policía Nacional detuvo a Catalino Miranda, uno de los dirigentes del gremio del transporte que ese mismo día había estado en una reunión con Bukele en el despacho presidencial y de paso, dio la orden de confiscar 300 unidades.
Desde que en febrero de 2020 hizo ingresar a efectivos del Ejército en la sede del parlamento para presionar a los legisladores que le ponían reparos a la aprobación de un préstamo para su plan de seguridad, Bukele ha hecho de la presencia de los militares algo cada vez más común en la vida diaria de los salvadoreños.
También se han hecho frecuentes sus ataques a la prensa crítica, a los miembros del Tribunal Electoral y su negativa a rendir cuentas ante la Corte de Cuentas, aunque a eso lo obliga la Constitución. Sin embargo, estos desaires a las institucionales no han mellado su popularidad. Por el contrario, el año pasado los electores le otorgaron una súper mayoría en la Asamblea Legislativa que le permite cambiar al Fiscal General, a un tercio de los jueces de la Corte Suprema, al Procurador General de Derechos Humanos y la Corte de Cuentas. Todo sin tener que pactar con la oposición. Es decir, Bukele está tomando el control del Estado.
Ahora es al sector privado de la economía al que le toca una dosis de arbitrariedad. Sin contrapesos al poder presidencial, no tiene a dónde recurrir para reclamar contra las medidas confiscatorias dictadas sin el proceso administrativo previo que dicta la ley.
Saltan las alarmas
Según Daniel Olmedo, asesor jurídico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), las potestades del Gobierno para tomar los servicios públicos que ha concesionado, como es el caso del transporte, “nunca pueden interpretarse como una ocupación abrupta de los activos de una empresa, y una suspensión del derecho”.
Sin embargo, hoy es muy remota la posibilidad de que en El Salvador un juez se atreva a desafiar el poder de Bukele. Esta situación, como es lógico, ha encendido las alarmas de los empresarios que no son amigos del presidente y que, por supuesto, son la inmensa mayoría. Ya la comunidad democrática de la región se había escandalizado cuando hace dos años metió a militares fuertemente armados al salón de sesiones de la Asamblea.
El joven presidente puede jugar con la economía de su país, como lo viene haciendo, porque no tiene quien se lo impida. El Salvador ha caído muy rápidamente en la trampa del autoritarismo sin necesidad de mayor represión, por medios parecidos aunque en etapas distintas a las que desarrolló Daniel Ortega, quien desde el año pasado hizo a los empresarios privados nicaragüenses las nuevas víctimas de su persecución política.
Autoritarismo 2.0
Lo curioso y revelador es que Bukele, al igual que Ortega, ha ido montando su autoritarismo 2.0 con el apoyo de los empresarios más ricos de su país. Primero cortejándolos, luego enfrentado a unos contra otros, y ahora pasa a la ofensiva. Ha entrado a la etapa de las expropiaciones, pero no por razones ideológicas, sino para demostrar su propio poder.
Mientras tenga apoyo popular no necesitará reprimir ni perseguir a gran escala. Pero si como es previsible pretende perpetuarse en el poder como Ortega, la película nicaragüense se repetirá, porque en algún momento ese apoyo cambiará.
Desde octubre del año pasado Michael Healy y Álvaro Vargas Duarte, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, la principal patronal del país, han permanecido arbitrariamente detenidos. Ellos se sumaron a la larga lista de presos políticos que incluyen a precandidatos presidenciales, políticos opositores e históricos militantes del sandinismo que protagonizaron la épica lucha que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, como Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y Dora María Téllez.
Bukele, el aventajado discípulo de Ortega
Téllez fue aquella “muchacha muy bella, tímida y absorta” de 22 años que dio a conocer mundialmente Gabriel García Márquez en su crónica de la toma del Palacio Nacional de Managua en 1978. Y Torres fue parte del comando que efectuó la operación “Diciembre Victorioso” que en 1974 logró la libertad de varios presos políticos de la dictadura somocista, entre los que se encontraba el propio Daniel Ortega.
Así que si Ortega no ha tenido inconveniente alguno en encarcelar a sus antiguos compañeros de causa, menos problema de conciencia le iba provocar romper con el “Modelo de Diálogo y Consenso” con que el sector privado nicaragüense se entendió con él y que le aseguró a Nicaragua una razonable prosperidad económica.
Bukele va en vías de ser su más aventajado discípulo. No es cuestión de ideología ni nada personal. Es cuestión de poder.
@Pedrobenitezf.
