Leticia Núñez (ALN).- Alberto Fujimori salió el pasado viernes de la clínica en la que estuvo ingresado, beneficiado por el indulto que le concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sólo unas horas después se montó en las redes. Allí lanzó su primera consigna: “Seremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia”. Lo dice Fujimori, el mismo que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
En ocasiones, pasar de la cárcel a Twitter es cuestión de segundos. Si no, que se lo digan a Alberto Fujimori. Horas después de que el exdictador peruano saliera de la clínica en la que estuvo ingresado y quedara en libertad tras el indulto que le concedió Pedro Pablo Kuczynski, acudió a las redes sociales. Publicó tres tuits. Pese a lo escaso de la cifra, no lo es tanto el contenido.
En el primero, aseguró que “varios sueños” le invaden “constantemente”. Entre ellos, éste: “Anhelo un Perú sin rencores, con todos trabajando por un objetivo superior”. Después continuó: “Seremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia. Estas metas se podrán cumplir si los intereses particulares y oportunismos se dejan de lado. ¡Unidos podremos lograrlo!”.
Visto el “sueño” de Fujimori de eliminar la violencia, cabe preguntarse: ¿con qué receta? ¿A dónde quiere ir? Llama la atención que unas palabras de tal calado provengan de alguien que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Habla quien también está acusado por autoría en la matanza de seis ciudadanos de Pativilca, que habría sido perpetrada en enero de 1992 por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército que “cometía ejecuciones extrajudiciales aunque presentaba sus acciones como parte de la lucha antisubversiva”, como recoge El País. Operó en Perú desde los años 80 hasta principios de los 90.
De hecho, en junio de 2016, la Corte Suprema de Chile había aprobado la ampliación de la extradición de Fujimori por delitos de homicidio y asociación ilícita cometidos en la citada localidad, al norte de Lima, “por tratarse de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles desde el punto de vista de la responsabilidad penal”, según publicó el diario Correo. Dichos delitos, dice el fallo, “constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Por si fuera poco, quien sueña con que se termine la violencia en Perú es alguien que está acusado de las esterilizaciones forzadas que se iniciaron hace dos décadas como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en su gobierno y bajo el cual, miles de mujeres, muchas de procedencia rural, fueron esterilizadas sin su consentimiento o con engaños.
Fujimori está acusado por autoría en la matanza de seis ciudadanos de Pativilca, perpetrada en 1992
En definitiva, habla quien menos debería hacerlo. Ahí están las cuatro condenas que ha recibido hasta ahora. La primera sentencia contra el exmandatario fue de seis años de prisión. Llegó en 2007 por haber ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, la esposa de su hombre fuerte, Vladimiro Montesinos, y desaparecer los llamados ‘vladivideos’, una colección de vídeos en formato casero en los que se veía a Montesinos sobornar a dirigentes políticos y empresarios para que se pusieran a disposición del gobierno. Fujimori también fue sentenciado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
En 2009, Fujimori reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregárselos a Montesinos. La Sala le impuso siete años y seis meses de prisión.
Finalmente, en 2015 la Cuarta Sala Penal Liquidador le condenó a ocho años de cárcel por haber desviado fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (FIN) para financiar los ‘diarios chicha’ que apoyaron su segunda reelección. Ese año también fue procesado por delitos de corrupción (espionaje telefónico y compra de congresistas tránsfugas, entre otros).
