(EFE).- Un juez español ha citado a declarar como testigo al ministro español de Presidencia, Félix Bolaños, en la causa que investiga el espionaje con el programa Pegasus de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros de su gabinete.
El magistrado de la Audiencia Nacional española José Luis Calama lo llama a declarar el 5 de julio en una resolución en la que levanta el secreto judicial del caso y amplía la comisión rogatoria cursada a Israel para tomar declaración como testigo al director general de la empresa que comercializa Pegasus.
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En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreta, el juez ha tomado declaración como testigos a la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), Paz Esteban, y al funcionario de este organismo encargado de elaborar los informes sobre el asunto.
Esta investigación se abrió a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado, una vez que el propio Bolaños informara a la prensa el 2 de mayo pasado de que los celulares de Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados y sometidos a intrusiones «ilícitas y externas».
Poco después, el juez extendió las averiguaciones al supuesto espionaje sufrido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al intento de ataque al móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas.
Hace dos semanas, el Gobierno autorizó a los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI (los servicios secretos españoles), a declarar sin ningún tipo de restricción ante la Audiencia Nacional para aportar detalles sobre el espionaje.
Poco después, el juez citó como testigo a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que declaró el pasado viernes junto a un funcionario de los servicios de inteligencia, cuando las pesquisas estaban bajo secreto.
El espionaje
Según dos informes del CCN, se sabe que, en el caso del presidente del Gobierno, la infección del móvil se produjo el 19 y el 31 de mayo de 2021; y en el mes de junio de ese mismo año en el caso de Robles, y que actualmente ninguno de los móviles analizados «presenta indicadores de infección en curso de Pegasus».
De esos teléfonos se extrajeron diversas cantidades de datos, según el Gobierno, que ha evitado responsabilizar a nadie del espionaje.
El 10 de mayo pasado, el Ejecutivo destituyó a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, tras una fuerte polémica por las intervenciones judiciales y el espionaje al que fueron sometidos independentistas vascos y catalanes, así como los teléfonos de Sánchez y algunos ministros.
Sánchez defendió al día siguiente en el Parlamento el cese de la directora de los servicios secretos por los fallos de seguridad en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo.
