Pedro Benítez (ALN).- El nuevo intento de negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, en esta oportunidad en México, pone sobre la mesa la necesidad de que en Venezuela se lleguen a acuerdos institucionales que le den estabilidad y certidumbre al país, paso imprescindible para recuperar su economía y atender la emergencia social.
Ahora bien ¿Qué tipo de acuerdos necesita Venezuela para salir de la debacle donde se encuentra sumergida? Desde el punto de vista de los adversarios al régimen chavista, la demanda y meta principal son elecciones libres, justas y transparentes que permitan constituir un Gobierno que cuente con respaldo popular, legitimidad nacional y reconocimiento internacional.
Sin embargo, aunque lo anterior es necesario no parece ser suficiente. El país precisa acuerdos institucionales que restrinjan la capacidad de una persona o grupo de imponer su hegemonía a los demás. Sin eso, no habrá estabilidad ni democracia. Pero hay una espada de Damocles que pende sobre esos propósitos: la disposición constitucional que permite convocar a una Asamblea Constituyente.
DERRIBAR EL PODER
En Hispanoamérica, los procesos constituyentes, que por regla general han ocurrido luego del quiebre del sistema político previo, han consistido en que un nuevo grupo de poder desplaza totalmente a sus adversarios, bien sea por la fuerza o mediante elecciones democráticas, coronando su empresa con nueva Constitución. A continuación, los nuevos desplazados empiezan a intentar derribar al nuevo poder constituido.
Si esa situación se extiende en el tiempo, la deriva hacia la dictadura personal es un hecho fatalmente inevitable.
Un ejemplo clarísimo lo podemos apreciar en la propia historia de Venezuela desde de la Independencia. Fue lo que llevó, y siguió, a la Guerra Federal (1859-1863); fue lo que ocurrió durante el primer ensayo democrático entre 1945-1948; y es lo que a fin de cuentas ha pasado con el chavismo, que ha ido cerrando primero por “las buenas”, y luego “por las malas”, toda oportunidad de alternabilidad democrática, monopolizando el ejercicio del poder público.
ERROR DE FONDO
En ese sentido, el país tiene que corregir el error de fondo que se cometió en 1999, año en el cual por medio del procedimiento constituyente se le entregó, en la práctica, todo el poder institucional a una sola persona. Esa fue la trampa constituyente que otros países de la región han copiado.
La misma está incluso sancionada en la propia Constitución vigente en Venezuela, facultando al presidente de turno para poder iniciar la activación del mecanismo correspondiente de acuerdo a su real saber y entender.
Concretamente, el artículo 348 señala: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral”.
Obsérvese el detalle, para el jefe del Poder Ejecutivo es mucho más sencillo la iniciativa convocatoria constituyente que para el Legislativo o para los ciudadanos. Esto hace de él un déspota sin corona.
LIMITACIONES
Se podrá alegar que siempre se le deberá consultar al pueblo (algo que Nicolás Maduro no hizo en agosto de 2017); pero ese argumento pasa por alto el hecho que para que la democracia funcione se le debe limitar. Una mayoría no tiene legitimidad para despojar de derechos a una minoría, a los individuos en particular, restablecer la esclavitud, la segregación racial, despojar a alguien de su vida o patrimonio…o entregarle todo el poder a un solo individuo.
Y si a usted lo anterior le parece fantasía o exageración, es porque no recuerda lo que pasó en Alemania a partir de 1933. De ahí en adelante los ejemplos sobran.
Para evitar eso, las democracias modernas se han constituido primero como formas republicanas de gobierno. Es decir, han adoptado una serie de acuerdos políticos y amarres institucionales para que ninguna mayoría circunstancial destruya la democracia y la libertad. Gobiernos vigilados por parlamentos y los tribunales de justicia. Tribunales de justicia que vigilan a los parlamentos. Opinión pública que vigilan a los demás. Todos se vigilan y controlan mutuamente. Si se rompe el equilibrio se acaba el sistema.
DESTRUCCIÓN DE LOS AMARRES
Con el proceso constituyente de 1999, Venezuela destruyó los amarres institucionales que se empezaron a construir desde 1958. Eso se hizo deliberadamente y con, por cierto, amplio apoyo de la opinión pública de la época. Había que desmontar las instituciones del odiado viejo régimen que fundaron los partidos políticos firmantes del tan denostado Pacto de Puntofijo. La lógica de ese pacto consistió en prevenir que durante la nueva etapa democrática ningún grupo político o líder se impusiera sobre los demás.
De modo que por medio de la ley de oro de la democracia se pueden destruir las instituciones que sostienen la misma democracia. En esto consiste la trampa constituyente.
Y hoy esa es un arma que Maduro puede usar (lo hizo en 2017). Pero mañana la puede emplear un presidente surgido de las actuales filas opositoras. Si le incomoda el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o la mayoría en Asamblea Nacional (AN), puede hacer uso de la popularidad transitoria (la luna de miel) que suele tener todo nuevo mandatario para iniciar la convocatoria de una Constituyente, mediante una consulta popular que seguramente ganará. Eso fue lo que hizo el ex presidente Hugo Chávez en 1999.
Un riesgo adicional es que una vez que la mayoría cambie de opinión, algo muy común en las sociedades, ya sea tarde para que la misma se exprese electoralmente, pues el mandatario habrá consolidado su control de los órganos del Estado que debían controlarlo a él. Es lo que ha pasado en Venezuela.
LIMITAR EL PODER
En el futuro, esta operación se puede usar contra el chavismo (el chavismo lo sabe) y también contra el resto de la oposición. No olvidemos que nadie tiene el monopolio de la virtud. El poder, no importa de dónde emane, debe ser siempre limitado y sometido a permanente vigilancia y control. Para eso se inventaron las constituciones.
Así que un gobierno de origen impecablemente democrático, preñado de buenas intenciones, pero con la posibilidad constitucional de tener el poder absoluto a la mano eliminando todos controles, con la supuesta legitimidad que le otorgan los votos, iría derecho al desastre. El autoritarismo y la corrupción se lo van a devorar como el óxido al metal.
De modo que esta es una oportunidad para que los venezolanos aprendamos las lecciones correctas de nuestro pasado colectivo. Eliminar la reelección presidencial indefinida, recortar los superpoderes presidenciales que la Constitución de 1999 le otorga al jefe del Estado, modificar o suprimir artículos como el 348 (en realidad descartar toda referencia a una constituyente sería lo ideal) son pasos necesarios para que Venezuela recupere la estabilidad y la democracia.
Estos son el tipo de acuerdos realistas que el país requiere. Reconocimiento mutuo, pero garantías mutuas.
