Pedro Benítez (ALN).- En estos momentos Andrés Manuel López Obrador (AMLO) da su última batalla como presidente de México. A menos de un mes de entregar la banda presidencial a su sucesora y siempre leal, Claudia Sheinbaum, aprovecha la súper mayoría alcanzada por su partido en la pasada elección del 2 de junio para intentar controlar la Corte Suprema de Justicia de ese país.
La mandataria electa no tomará posesión de su cargo hasta el venidero 1ero de octubre, pero las dos cámaras del Congreso mexicano, donde Morena y sus aliados rozan los dos tercios, ya lo hicieron este 1ero de septiembre. AMLO quiere aprovechar este mes a fin de hacer realidad un paquete de reformas que viene promoviendo desde hace años. La más controversial de todas: la elección popular de los jueces y magistrados de la Suprema Corte.
El argumento de López Obrador consiste en afirmar que todo el Poder Judicial mexicano es corrupto, razón por la cual hay que renovarlo totalmente y la mejor manera de hacerlo es sometiendo su elección al voto popular. Así como a los legisladores y al presidente los elige el pueblo, lo mismo debería suceder con los jueces. De esa manera, alega, se logrará limpiar, democratizar y acercar la Justicia a los mexicanos, quienes han sido excluidos de la misma debido al “control del que gozan las élites”.
La propuesta
La propuesta está inspirada en Bolivia, país en el cual todos los órganos judiciales son elegidos en votación directa desde 2009. Sin embargo, los críticos de esa propuesta señalan que la experiencia boliviana no ha garantizado la calidad de la justicia, pero sí, en cambio, facilitado su partidización por parte del grupo político mayoritario. Y esto es lo que se teme ocurra en México, en particular luego del reciente arrase electoral de la coalición lopezobradorista. De modo que para el presidente saliente esa sería la última colina institucional por conquistar.
Como no podía ser de otra manera la reforma, cuyo procedimiento legislativo se encuentra en pleno desarrollo en estos momentos, ha generado una gran controversia en los medios y hasta en el Poder Judicial, cuyos trabajadores han declarado un paro en sus labores, en señal de protesta.
Algunas voces desde el sector privado de la economía han advertido que la citada reforma puede acabar con la certeza judicial, amenazando así las imprescindibles inversiones. Y a la polémica se ha sumado el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, manifestando su “preocupación”, pero seguramente llevando agua al molino del presidente, al tocar la siempre sensible tecla del nacionalismo mexicano.
México-Estados Unidos
Algunos observadores creyeron que, ante la nueva hegemonía política que ha surgido en el país, uno de los contrapesos reales podría venir del lado norte de la frontera del que depende el 70% de su comercio internacional. En estos años México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, es proveedor clave en su cadena de valor industrial y de servicios, así como el primer cliente de 28 de sus estados.
Pero ni eso, ni el deterioro de la relación entre los dos gobiernos ha detenido a AMLO. Luego de una larga luna de miel, primero con Donald Trump, y después con la administración de Joe Biden, la situación bilateral se ha agriado ante las críticas a la reforma, así como por el arresto del Mayo Zambada, el más célebre, temido y viejo de los capos del narco, en una operación ejecutada por el FBI, al parecer, en territorio mexicano. ¿Un mensaje desde Washington?
Como sea, lo cierto es que, como indicamos, López Obrador parece decidido a avanzar en este tema, con el apoyo total de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en quien muchos pusieron la esperanza de que fuera el otro contrapeso. La primera mujer electa presidenta de México, con una sólida formación académica. Un perfil muy alejado de los exaltados caudillos latinoamericanos.
Nada eso, hasta ahora ha apoyado sin condiciones a AMLO y ella misma ha argumentado, como respuesta a las críticas, que en 43 estados de Estados Unidos a los jueces los eligen el pueblo a nivel local. Pasa por alto el detalle, no menor, de que no ocurre lo mismo con los jueces federales y de la Corte Suprema de ese país, seleccionados todos con el objetivo de controlar y equilibrar a los demás poderes del Estado.
La propuesta impulsada por AMLO/Sheinbaum repite el mismo argumento, y parece tener el mismo destino, que en su día usaron, y buscaron, Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Evo Morales y más recientemente, Nayid Bukele.
En todos los casos citados la razón de fondo fue el deseo de controlar un poder público autónomo diseñado, precisamente, para controlar a los demás. Si soy presidente y controlo el legislativo, pues solo me falta tener conmigo al árbitro. De los mencionados, solo la mandataria argentina no consiguió su objetivo.
En ese sentido, ha sido recurrente el enfrentamiento de AMLO en este sexenio con la Corte que ha detenido varias de sus iniciativas.
¿A dónde va a parar esta historia? Recordemos que América Latina tiene una experiencia más o menos abundante de gobiernos que han usado el favor de la mayoría popular para tomar el control de todas las instituciones del Estado y, una vez allí, cambiar las reglas a fin de asegurarse permanecer en el poder, aun después de perder el favor del pueblo. Porque, como ya sabemos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
