Pedro Benítez (ALN).- Una tormenta sacude Francia desde el pasado lunes. La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha sido declarada culpable de malversación en un caso relacionado con el uso indebido de fondos europeos para pagar a asistentes de su partido. Este fallo afecta directamente sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2027.
La condena a cuatro años de prisión, de los cuales dos deberán cumplirse bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico, viene acompañada de una multa de 100 mil euros. Sin embargo, lo más perjudicial para su futuro político es la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante los próximos cinco años, una pena cuya ejecución es inmediata. Sus abogados han anunciado que presentarán un recurso de apelación, pero si este no prospera, su participación en los comicios presidenciales de 2027 será imposible.
Primera fuerza política
Ese año el actual presidente Emmanuel Macron culminará su segundo mandato y, legalmente, no podrá aspirar a la reelección. Para Marie Le Pen esa era su oportunidad para alcanzar la Presidencia de la República Francesa tras haberlo intentado en tres ocasiones previas. Bajo su liderazgo, Agrupación Nacional ha logrado buenos resultados tanto en las elecciones europeas como en las legislativas, consolidándose como la primera fuerza política del país. Al día de hoy, las encuestas indican que pasaría a la segunda vuelta sin problemas e incluso tendría opciones de ganar.
El caso por el que ha sido condenada se centra en el desvío de fondos destinados al pago de asistentes parlamentarios cuando era diputada en el Parlamento Europeo. Estos asistentes, que en teoría debían desempeñar funciones relacionadas con su labor en Bruselas, en realidad trabajaban para su partido en Francia, que en aquel entonces se llamaba Frente Nacional. El tribunal estimó que el perjuicio económico ascendió a más de 4 millones de euros. La condena incluye a otros ocho diputados y asistentes, todos implicados en participar en un sistema organizado para desviar esos fondos en favor de las finanzas del partido.
Nuevo candidato
Como no podía ser de otra manera, Le Pen ha rechazado la imputación al calificarla como una “decisión política” cuyo único objetivo consiste en apartarla de la carrera electoral. Sus partidarios han denunciado lo que consideran un “atentado contra la democracia”. Jordan Bardella, actual presidente de Agrupación Nacional, y posible sucesor en la carrera presidencial, ha calificado la sentencia como un “escándalo democrático” y ha llamado a una movilización pacífica de sus simpatizantes.
El fallo judicial llega en un momento de intensa polarización en Francia. Mientras los seguidores de Le Pen denuncian una persecución política, sus detractores defienden la independencia judicial y sostienen que la corrupción debe ser perseguida sin excepciones.
El futuro político de la líder de la derecha identitaria francesa queda ahora en manos de la apelación, un proceso que podría extenderse hasta el próximo año. Si la sentencia se confirma, Agrupación Nacional deberá buscar un nuevo candidato para las presidenciales de 2027.
Este caso tiene implicaciones que van más allá de las fronteras de ese país. La diatriba acerca de si las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por consideraciones políticas es un tema que de un tiempo a esta parte es recurrente en las democracias de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica y, como podemos apreciar, también en Europa. Cuando un juez procesa a un político de determinado signo político, recibe elogios; pero si el procesado es del sector contrario, entonces se denuncia una supuesta persecución política.
Independencia judicial
Sirva de ejemplo las expresiones de solidaridad que con Le Pen han manifestado figuras de la derecha europea, como Viktor Orbán y Santiago Abascal. Vladimir Putin, con bastante cinismo, ha acusado a la justicia francesa de “pisotear los principios democráticos” y desde el otro lado del Atlántico la administración Trump no se quedó atrás al cuestionar la imparcialidad del fallo judicial.
Como se podrá ver, en este caso queda en evidencia la doble vara de medir de bastante gente. Quienes antes celebraban la condena de otros políticos por corrupción ahora denuncian un ataque a la democracia. Este patrón se repite, por citar otro ejemplo, en España, donde el gobierno de Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 tras un caso de corrupción que afectó al entonces gobernante Partido Popular, defendiendo entonces la independencia judicial. Sin embargo, ahora enfrenta críticas por intentar influir en la judicatura, mientras que desde el Partido Socialista y afines se cuestiona las averiguaciones judiciales contra su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias.
Se ha llegado al extremo desde la izquierda progresista (o woke) de señalar a la española como una “Justicia autoritaria, colonialista, racista, y heteropatriarcal”. Expresiones que han repetido ministras y ex ministras de Sánchez.
Nadie está por encima de la ley
Sin embargo, por su peso en el mundo, destaca por encima de todos lo que ocurre en Estados Unidos, donde Donald Trump y sus acólitos no pasan un día sin llamar corrupto a Joe Biden, respaldan los juicios contra los demócratas, pero acusan a un juez de “lunático de la izquierda radical” porque ordenó suspender una de sus órdenes ejecutivas. Actitud que no es nueva, puesto que Trump dedicó más tiempo en los pasados cuatro años a desafiar a los tribunales, que en campaña.
Pero ha sido su vicepresidente, J.D. Vance quien ha llegado más lejos al afirmar en la red social X que “a los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo”.
De modo que la justicia sólo es válida cuando favorece mis intereses; de lo contrario, la acuso de ser un instrumento de persecución. Algunos llegan incluso a defender la impunidad de los políticos bajo el argumento de que, si fueron elegidos democráticamente, sus acciones no deberían ser juzgadas. No obstante, el Estado de derecho implica que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. O al menos así lo pensaron los autores de la Constitución de Estados Unidos en 1787. Eso Vance, que estudió en la Escuela de Derecho de Yale, lo sabe.
En última instancia, la democracia se basa en un equilibrio de poderes donde la justicia debe mantenerse ajena a presiones políticas y sociales. Como lo demuestra la historia, cuando la independencia judicial se debilita, se abre la puerta a regímenes autoritarios que utilizan el sistema a su conveniencia.
Defensa
El argumento de los trumpistas según el cual el haber ganado unas elecciones otorga un cheque en blanco a su líder, para hacer y deshacer lo que venga en gana, sin que los jueces lo pueden detener, es el mismo razonamiento con el que hace más de dos décadas procedió Hugo Chávez en Venezuela y que lanzó a este país por el imparable tobogán del autoritarismo.
Mal ejemplo que por esta parte del mundo copiaron Rafael Correa, Evo Morales, la pareja Kirchner, y más recientemente Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, resulta interesante las comparaciones en las respectivas condenas judiciales contra la expresidenta Cristina Kirchner y, la por ahora frustrada aspirante, Marine Le Pen.
Por años la primera se ha declarado víctima de un “lawfare” o “persecución judicial”, por parte de tribunales y fiscales “macristas”, que han actuado con fines políticos. Exactamente lo mismo que Marine Le Pen, sus partidarios en Francia, y simpatizantes a ambos lados del océano, alegan como defensa.
Le Pen no ha podido coronar su aspiración suprema
En el caso de Kirchner, sectores de la izquierda latinoamericana la respaldaron incondicionalmente, como ahora hacen sectores de la derecha europea con Le Pen. Esto trasciende lo estrictamente judicial y se convierte en símbolo de una disputa política global.
Por supuesto, hay amplias diferencias puesto que Cristina fue presidenta dos periodos, y a pesar de tener 10 causas judiciales abiertas en su contra, mantuvo su rol en la política argentina y llegó a ser vicepresidenta (2019-2023). Aunque la condena por la causa vialidad, ratificada hace cuatro meses, incluye inhabilitación para cargos públicos, aún dispone de instancias de apelación. En cambio, Le Pen no ha podido coronar su aspiración suprema.
No obstante, los dos procesos judiciales han profundizado la polarización en cada país, con sectores que defienden o atacan a los jueces según su alineación ideológica. Igual que pasó en Brasil cuando se dictó condena, inhabilitación y luego suspensión del proceso en contra del presidente Luis Ignacio Lula Da Silva, y ahora con su antecesor Jair Bolsonaro, sometido a juicio por presunto intento de golpe de Estado. En su día Lula se declaró víctima de Lawfare. Igual que Bolsonaro hoy. En los dos casos la justicia ha sido la misma.
La justicia se representa con los ojos vendados para simbolizar que trata a todos por igual, sea a la izquierda o a la derecha.
