Antonio José Chinchetru (ALN).- El gobierno de Mariano Rajoy lleva meses, incluso varios años, buscando un “moderado” entre los dirigentes del independentismo catalán. El objetivo es que pueda ponerse al frente del separatismo y presidir la Generalitat de Cataluña sin que eso implique la continuidad del desafío separatista. Sin embargo, todas las operaciones en ese sentido han fracasado.
La fractura política en Cataluña es absoluta, sin que existan puentes que permitan acercar posturas entre los independentistas y los contrarios al separatismo. A pesar de ello, el gobierno de Mariano Rajoy ha visto en numerosas ocasiones personalidades del bloque secesionista que, según el Ejecutivo, podrían jugar ese papel. Pero, a la hora de la verdad, no existen. Los “moderados” dentro del nacionalismo lo son tan sólo en su estrategia, pero no en sus fines, o han sido apartados de cualquier espacio donde pudieran tener alguna influencia.
Con la maquinaria del desafío independentista a pleno rendimiento, el gabinete de Rajoy quiso hacer gestos de buena voluntad hacia el separatismo. Uno de ellos fue el nombramiento como delegado del Gobierno (representante del Ejecutivo central en una comunidad autónoma) en Cataluña de Enric Millo. Afiliado al Partido Popular desde 2003, Millo había sido desde 1995 y hasta ese año diputado autonómico de Convergència i Unió (CiU, coalición predecesora del actual Partido Democrático Europeo Catalán, PDeCAT, de Carles Puigdemont). No sirvió de nada, y tanto el referéndum ilegal del 1 de octubre como la declaración unilateral de independencia (DUI), que no logró reconocimiento internacional alguno, tuvieron lugar.
En esa época, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cultivó una buena relación personal con el entonces vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. En los meses finales de 2016, la ‘número 2’ de Rajoy activó lo que se denominó ‘Operación Diálogo’, según reveló el periódico digital barcelonés Crónica Global.
La estrategia consistía en conversar con Junqueras sobre todas las exigencias del Gobierno autonómico separatista, menos sobre el referéndum, esperando que de esta manera el separatismo renunciara a sus objetivos máximos.
La buena sintonía entre Sáenz de Santamaría y Junqueras quedó retratada de forma gráfica en febrero de 2017, en la inauguración de la edición del Mobile World Congress de Barcelona de ese año. La fotografía en la que se podía ver cómo el dirigente independentista agarraba de forma amigable a la vicepresidenta del Gobierno por los hombros fue una de las imágenes más comentadas del evento.
Tras la celebración de las elecciones autonómicas, Oriol Junqueras volvió a aparecer en los planes del Ejecutivo español
Posteriormente las relaciones se enfriaron, pero no del todo. Tras la declaración unilateral de independencia (DUI), la activación del artículo 155 de la Constitución española y la celebración de las elecciones autonómicas, Junqueras volvió a aparecer en los planes del Ejecutivo español.
Aunque oficialmente el Gobierno sostenía que tanto Puigdemont como Junqueras estaban inhabilitados para asumir la Presidencia catalana, uno por encontrarse fugado y el otro por estar en prisión provisional, las maniobras eran diferentes. Según desvelaron medios como Vozpópuli y El Confidencial Digital, La Moncloa contemplaba al líder de ERC como un mal menor. Esperaba que aceptara la legalidad, lo que le permitiría salir de la cárcel, y tuviera la posibilidad de ser investido presidente de Cataluña. Nada de eso ocurrió.
Durante unas horas, desde la formación de Rajoy vieron una nueva esperanza en el actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC). Santiago Rodríguez, diputado autonómico del Partido Popular, dijo que el primer discurso de Torrent en el cargo tuvo un “tono conciliador”, según recogió Europa Press. Sin embargo, y aunque ha evitado tomar decisiones que puedan suponer su procesamiento penal, el actual presidente de la Cámara catalana está alineado con las líneas más duras del independentismo y el PP no ha vuelto a referirse a él en términos similares.
Una mujer de Puigdemont bien vista en La Moncloa
Una persona del entorno más inmediato del expresidente ahora detenido en Alemania también ha sido vista con buenos ojos por el Gobierno. Se trata de Elsa Artadi, quien ejerció de directora de campaña de Puigdemont para las elecciones de diciembre y está considerada como la ‘mano derecha’ del expresidente catalán. Tras la intervención de la autonomía, el Ejecutivo de Rajoy la mantuvo en el cargo que ostentaba, directora de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat. Según publicó El Español en febrero, para el Gobierno “no suena del todo mal” que ella pueda asumir la Presidencia autonómica.
Para el Gobierno español “no suena del todo mal” que Elsa Artadi, ‘mano derecha’ de Puigdemont, pueda asumir la Presidencia autonómica
Sin embargo, y según el citado medio, esta opción no sería del agrado de todos los miembros del gabinete de Rajoy. Algunos de ellos, considerados el ala dura, recuerdan que forma parte del “núcleo duro” de Puigdemont y temen que si asume el poder recupere la vía unilateral emprendida por su jefe. Otros ministros confían, sin embargo, en que se tendría mucho cuidado en no cometer ilegalidades que también la pudieran conducir a ella a prisión. En cualquier caso, hasta ahora Artadi no ha dado señal alguna de moderación en sus planteamientos sobre el objetivo independentista.
Existen algunos nacionalistas que se han mostrado dispuestos a romper con el objetivo independentista, o que incluso no han tomado partido por él de forma pública en ningún momento. Sin embargo, no pueden servir de puente con los sectores que controlan la agenda separatista debido a que han sido repudiados por ellos.
El caso más conocido es el del exconsejero de Empresa Santiago Vila. Consciente de que el desafío secesionista estaba provocando una fuga de compañías a otras partes de España fue uno de los pocos miembros del entonces gobierno autonómico que se mostró contrario a que se proclamara la república catalana. De hecho, presentó su renuncia antes de que el Parlamento autonómico aprobara la DUI.
Una vez destituido el Ejecutivo catalán y citado por la Audiencia Nacional, Vila dijo ante el juez que había intentado impedir la DUI y que trató de mediar entre el Gobierno de España y el Ejecutivo separatista de Puigdemont. Aceptó la legalidad y el orden constitucional y logró quedar en libertad tras el pago de una fianza de 50.000 euros. Intentó postularse como candidato del PDeCAT a la Presidencia de Cataluña, pero fue rechazado precisamente por sus posiciones más moderadas.
