Zenaida Amador (ALN).- A Nicolás Maduro no le importa que la comunidad internacional -a través de la ONU- haya verificado las denuncias que por años han hecho los venezolanos sobre sus constantes atropellos a los derechos humanos y sus recurrentes prácticas de represión y tortura como vías para sostenerse en el poder. Tan poca importancia le da que fue capaz de cometer tales acciones durante la visita a Venezuela de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Pero la procacidad de Nicolás Maduro va más allá y ahora reta al mundo aspirando a formar parte el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe sobre Venezuela presentado el 4 de julio por Michelle Bachelet sacudió al mundo. Allí se compiló la información colectada a lo largo de varios meses y la que se levantó directamente en Venezuela luego de entrevistas con Nicolás Maduro y sus funcionarios, con líderes de la oposición y Juan Guaidó, con familiares de presos políticos y víctimas de la represión, así como con organizaciones no gubernamentales que llevan el seguimiento de diversos sectores en un país que carece de información oficial y estadísticas.
“Reafirmar su posición de principio y su firme compromiso con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y, en ese sentido, reiterar la obligación de todos los Estados Miembros a prevenir y suprimir el financiamiento de actos terroristas, de abstenerse de proveer cualquier forma de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas involucradas en actos terroristas, incluso suprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y el suministro de armas a los terroristas, negarle a los terroristas el refugio seguro, la libertad de operaciones, movimiento y reclutamiento”
Declaración política de Caracas
Además de violaciones al derecho a la alimentación y la salud, entre otros, “ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones”. Además, documentó “ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad” y casos de maltratos y tortura.
Antes de que Bachelet culminara su visita a Venezuela, ocurrida entre el 19 y el 21 junio, el régimen de Maduro realizó varias desapariciones forzadas de militares retirados de los cuales uno, el capitán Rafael Acosta Arévalo, resultó muerto a causa de las torturas recibidas estando en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Maduro y sus funcionarios han tratado de desestimar el hecho e insisten en señalar que son de los principales defensores de los derechos humanos a nivel internacional. También han cuestionado de forma airada el informe de Bachelet acusándola de actuar como un operador político “del imperio”.
“Su reporte (Bachelet) se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guion acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria”, dijo Maduro.
Pero no conforme con todo esto, el chavismo ha dado un paso más. La reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) celebrada el fin de semana en Caracas fue el escenario donde se planteó la opción de lanzar la candidatura de Venezuela para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en lo que luce como un claro reto del régimen de Maduro a la comunidad internacional.
El representante de Maduro ante el Mnoal, Samuel Moncada, dijo que la propuesta obtuvo el respaldo de varios Estados, aunque dicho apoyo no quedó reflejado en la llamada “Declaración Política de Caracas” que oficialmente salió del encuentro.
A pesar de ello el régimen de Maduro da por hecho que cuenta con varios aliados que le darán su voto en la elección que tendrá lugar en octubre en Nueva York. El canciller Jorge Arreaza aseguró que “se aprobó el respaldo de los 120 Estados miembros a la candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la elección que habrá para el año 2020 y 2022”.
El Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 Estados miembros de la organización, que son elegidos por mayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de votación directa y secreta. “La Asamblea General tiene en cuenta la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las promesas y compromisos en este sentido voluntarias”, se lee en la página web de la ONU, lo que resulta un contrasentido con lo que ha sido el desempeño del régimen de Maduro.
Maduro defiende al peor instrumento de su terrorismo de Estado
Los países miembros del Grupo de Lima fueron de los primeros en responder a esta pretensión del régimen de Nicolás Maduro y es de esperarse que se sumen más próximamente. Así, en la declaración emitida este martes 23 de julio los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela (del gobierno interino de Juan Guaidó) repudiaron “la candidatura presentada por el régimen ilegítimo de Maduro, a nombre de Venezuela, para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y requieren que, de ser electa, dicho asiento sea ocupado por el gobierno legítimo de Venezuela. Asimismo, expresan su apoyo a la candidatura de Brasil a dicho Consejo”.
(Publicado originalmente el 24 de julio de 2019)
