Zenaida Amador (ALN).- El tejido de ilegalidades que sostienen la institucionalidad venezolana abrió este martes una nueva rama de conexiones a través de las cuales el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro nombró presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, quien en enero pasado se impuso en ese cargo en un acto írrito, por la fuerza y sin el respaldo de la mayoría parlamentaria requerida, tratando de quitarle el piso a la presidencia interina de Juan Guaidó. Y, más allá de esto, perfilando un Parlamento a la medida para crear las condiciones para un eventual proceso electoral que Maduro no está dispuesto a perder.
Neutralizar la Asamblea Nacional (AN) ha sido un objetivo difícil de cumplir para Nicolás Maduro desde diciembre de 2015, cuando una derrota electoral le quitó el control del Poder Legislativo. Al conocer los resultados de esas elecciones, y antes de que asumieran los nuevos diputados, el chavismo hizo las designaciones de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordes con su línea política, evitando así que la escogencia fuera debatida y votada en una AN de mayoría opositora.
Esos mismos magistrados se dedicaron desde entonces a dejar sin efecto las decisiones que adoptaba la AN y emprender acciones para poner en entredicho la legitimidad del Legislativo, a la vez que han servido para actuar directamente en contra de diputados de oposición. Incluso en 2017 intentaron asumir funciones legislativas, pero fue tal el estallido social del momento que dejaron sin efecto la medida. Así que han tenido que lidiar con el hecho de que la AN es vista por el mundo como la única institución democrática de Venezuela, lo que le ha vuelto cuesta arriba a Maduro la tarea en su contra.
La situación se agravó en enero de 2019 cuando Juan Guaidó, como presidente de la AN, asumió funciones ejecutivas dada la usurpación de la presidencia de Venezuela por parte de Maduro, quien se impuso para un segundo mandato luego de un proceso electoral irregular, considerado nulo por buena parte de la comunidad internacional. Desde entonces los esfuerzos han estado centrados en desmontar la base de la que se sostiene el gobierno interino de Guaidó, lo que ha implicado desde atentados y persecuciones hasta sobornos.
A fines de 2019 se hizo público que un grupo de parlamentarios de oposición, liderados por Luis Parra, se habían prestado desde la AN para una estrategia internacional que buscaba lavar la imagen del boliburgués internacional, Alex Saab, sus socios y empresas, señalando que las investigaciones efectuadas en el Poder Legislativo no detectaban su vinculación con hechos de corrupción. Vale decir que el empresario colombiano Alex Saab fue sancionado por la OFAC de EEUU, además de investigado por la Fiscalía de Colombia, por sus manejos irregulares, así como lavado de dinero, en buena medida asociados a operaciones con el régimen de Maduro, en especial a la corrupción del programa estatal de alimentos CLAP.
En la estrategia de Josep Borrell y la UE, Nicolás Maduro y Luis Parra son figuras ilegítimas
Una vez que se expuso la participación de varios parlamentarios en esta estrategia fueron suspendidos unos y expulsados otros de sus partidos políticos, que se cuentan entre las principales organizaciones de la oposición.
De inmediato se supo que parte de estos diputados, de la mano de Luis Parra, estaban llevando a cabo conversaciones con otros diputados de la oposición para convencerlos de no votar por Juan Guaidó en la renovación de la directiva de la AN que tendría lugar el 5 de enero de 2020. Estas conversaciones, conocidas como la “Operación Alacrán”, buscaban comprar voluntades entre los opositores a cambio de “maletines con dólares”.
Diputados a la medida
El 5 de enero, a la hora convenida para celebrar la sesión de instalación del nuevo período del legislativo, los accesos del Palacio Federal Legislativo fueron bloqueados por cuerpos de seguridad del Estado y colectivos civiles afectos al régimen de Maduro, lo que impidió el paso de la mayoría de los diputados opositores. No así para la minoría liderada por Parra y para los diputados del chavismo.
En ese acto opaco y sin registro del quorum, Parra se nombró presidente de la AN. Guaidó, junto a la mayoría parlamentaria, tuvo que desplazarse a otro lugar para hacer la instalación formal de la sesión de inicio del periodo legislativo y hacer el nombramiento de la nueva junta de la AN, donde resultó reelecto como su presidente.
Desde entonces la mayoría parlamentaria ha quedado fuera de la sede física del Parlamento, un espacio del que Parra asumió pleno control. Sin embargo, la AN presidida por Guaidó, reconocida internacionalmente como la Asamblea Nacional legítima de Venezuela, ha seguido sesionando y reuniéndose en espacios públicos y, desde el inicio de la cuarentena, lo ha hecho utilizando para ello recursos tecnológicos como las videollamadas.
Maduro, que había mantenido una actitud cauta frente a la situación, finalmente le dio su reconocimiento a Parra como presidente de la AN en los días finales de marzo, cuando lo invitó al Palacio de Miraflores a una reunión del Consejo de Estado por causa del brote del Covid-19. Casi dos meses después la Sala Constitucional del TSJ de Maduro emite una sentencia donde considera válida la junta directiva de la AN presidida por Parra.
Además, el fallo indica que queda prohibida “la instalación de un parlamento paralelo o virtual”, cuyos actos serán nulos, y que cualquier institución que ceda sus instalaciones estas sesiones estará “en desacato”. Es decir, cerrando la puerta a cualquier intento de operativo de la mayoría parlamentaria.
Elecciones a la medida
Estos complicados pasos forman parte del entramado que el régimen de Maduro viene preparando ante la obligatoria celebración de elecciones parlamentarias este año, ya que el 5 de enero de 2021 debería instalarse el nuevo cuerpo de diputados que resulte electo.
Vale decir que la mayoría de los países se ha pronunciado a favor de que se garanticen elecciones libres en Venezuela, lo que implica varias condiciones, entre las que se cuenta la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En esa petición internacional por buscar una salida electoral al conflicto político en Venezuela se incluía la idea de hacer nuevamente elecciones presidenciales y estaba contemplada la elección de la nueva AN. Pero el largo proceso de negociaciones entre chavismo y oposición, incluso con mediación internacional, no cristalizó a favor de estos objetivos. Al contrario, el régimen de Maduro logró ganar tiempo para formar el tejido que lo ha traído hasta acá, con un margen escaso de seis meses para armar un proceso electoral que, como todo parece indicar, excluye las presidenciales y difícilmente tendrá las condiciones esperadas.
Antes del brote del coronavirus se habían dado algunos pasos en la AN para constituir el Comité de Postulaciones de las nuevas autoridades del CNE. Frente a esto Maduro dijo que apoyaría ese proceso, así como la selección de dichas autoridades a través de la AN, como ordena la Constitución.
Queda claro ahora que dichas designaciones provendrán del seno de la AN que lidera Luis Parra, donde hacen vida algunos diputados que abandonaron las filas de la oposición y los parlamentarios del oficialismo; aunque habrá que ver la postura que asumirán ante estos hechos algunas facciones minoritarias y ciertos liderazgos políticos, que podrían terminar sumándose a este cuerpo.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN, desestimó la decisión del TSJ afirmando que “ese tribunal de pacotilla no existe” y que el Parlamento legítimo es el que encabeza Guaidó. Sin embargo, este es un nuevo escollo que vencer mientras el chavismo intenta imponerse.
Maduro necesitaba establecer las condiciones electorales para garantizarse la toma de control de la Asamblea Nacional y en eso ha puesto sus esfuerzos. ¿Obtendrá los frutos esperados?
