Daniel Gómez (ALN).- En 2013. Se lo dice la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Nicolás Maduro. En 2013 comenzó la crisis económica de Venezuela y no en 2017 cuando empezaron las sanciones, tal como defiende el régimen.
En su visita a Venezuela, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, escuchó relatos “dramáticos”. De torturas. De falta de libertades. De represión. Y también, del colapso económico que castiga a los venezolanos desde 2013. Mismo año en el que Nicolás Maduro llegó al poder.
“Las causas de esta crisis económica, la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013, son diversas. He hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverla con el apoyo de las distintas agencias de la ONU que están en el país”, dijo en la noche del viernes la alta comisionada.
Como se ve, Bachelet fecha el comienzo de la crisis en 2013. No en 2017 como insisten desde el régimen aludiendo las primeras sanciones internacionales que se impusieron contra dirigentes chavistas.
Es cierto. Bachelet habla de sanciones. Las critica. Pero no las de 2017. Critica las que impuso Estados Unidos este 2019 y en la misma frase deja claro que la crisis económica ya venía de antes. “Me preocupa que las sanciones de este año sobre las exportaciones petróleo y comercio al oro agraven la prexistente crisis económica”
Es cierto. Bachelet habla de sanciones. Las critica. Pero no las de 2017. Critica las que impuso Estados Unidos este 2019 y en la misma frase deja claro que la crisis económica ya venía de antes. “Me preocupa que las sanciones de este año sobre las exportaciones petróleo y comercio al oro agraven la prexistente crisis económica”, declaró.
Por si siguen quedando dudas sobre la posición de Bachelet, en marzo, cuando presentó el informe oral sobre Venezuela en Ginebra, dijo que la “devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017”.
En la visita, Bachelet vio los efectos de esa crisis en primera persona. “La situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, al agua, a la salud”, comentó.
Se mostró especialmente preocupada con el estado del sistema sanitario. Afectado, explica, por la crisis eléctrica, la falta de materiales, medicinas y médicos que han abandonado el país a causa del éxodo.
“Me dicen que el Estado gasta en derechos económicos y sociales el 75% del presupuesto nacional. Pero también me dicen venezolanos que no les alcanza para comprar lo que necesitan”, afirmó Bachelet.
Con todo, la alta comisionada pide al régimen que ponga “prioridad a los derechos de salud y comparta los gastos destinados a este ámbito y a otros derechos socioeconómicos”.
¿Se comprometerá Maduro a hacer público el presupuesto? De momento, lo que el régimen sí ha aceptado es la presencia de dos técnicos de la ONU en Venezuela. Para “asistir, analizar y monitorear la situación”. Para que accedan “libremente” a supervisar los centros de detención. Así como para controlar la “comisión nacional de prevención de la tortura” y la “evaluación obstáculos para acceder a la justicia” que deberá implantar el régimen.
