(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, un marco de acción para «proteger el patrimonio» del país frente a cualquier intento o acción de expolio desde el extranjero, con el apoyo o no de venezolanos.
«Procedo a firmar, a extender la aprobación de esta ley tan importante para el patrimonio», dijo el mandatario durante la transmisión de su programa de televisión «Con Maduro +».
Dijo que este es un instrumento legal para «proteger los bienes y patrimonios» que les pertenecen a los venezolanos.
#EnVivo 📹 | "Tenemos un nuevo instrumento jurídico y constitucional para proteger todo el patrimonio que le pertenece a todos los venezolanos y a todas las venezolanas ¡Cúmplase!", dijo el jefe de Estado @NicolasMaduro al rubricar la promulgación de la Ley para la Protección de… pic.twitter.com/qgaPBIFRO5
— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 22, 2023
El texto legislativo, aprobado por el Parlamento de mayoría chavista el jueves, tiene como finalidad «proteger el patrimonio» venezolano frente a cualquier «intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas».
El diputado chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, dijo que la ley declara como nulo cualquier intento o acción de «organismos internacionales» contra bienes del Estado, «que le pertenecen al pueblo de Venezuela, no le pertenecen a los Estados Unidos ni le pertenecen a ningún grupo político de la oposición venezolana».
El Departamento del Tesoro estadounidense decidió a principios de este mes, a través de la licencia general número 42, no adoptar «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo, filial de la venezolana petrolera Pdvsa en EE.UU.
La licencia autoriza al Parlamento del periodo 2016-2021, formado por una amplia mayoría opositora y relevado en 2021 por un Legislativo de mayoría chavista, a efectuar «ciertas transacciones» en relación con «cualquier deuda del Gobierno de Venezuela», Pdvsa o «cualquier entidad» en la que la estatal posea «una participación del 50 % o más».
La decisión también permite la «negociación de acuerdos de conciliación» con personas designadas por este Legislativo, considerado por EE.UU. como la última institución elegida democráticamente en Venezuela.
