Pedro Benítez (ALN).- Secuestros de menores de edad, detenciones arbitrarias, razzias en los barrios y ejecuciones extrajudiciales son el coctel represivo con que los brazos policiales que acatan a Nicolás Maduro ponen a raya la protesta popular en Venezuela. Mientras la comunidad internacional busca salidas políticas al drama venezolano, las siniestras Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ponen en práctica su propia versión de la caravana de la muerte en los barrios más pobres del país.
Mientras que la opinión pública mundial tiene los ojos puestos en el aspecto geopolítico de la situación venezolana, dentro del país los organismos de seguridad del Estado controlados por Nicolás Maduro escalan la represión a un nivel no visto desde 2017.
Como ocurrió aquel año, así como en 2014, la represión de la policía política y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se cebó sobre los estudiantes y jóvenes en general que protagonizaron aquellas jornadas de protestas. En esta ocasión ha dirigido toda su saña contra los barrios más pobres de Caracas y algunas ciudades del interior.
La Vega, Cotiza, Catia, Boquerón, Propatria, El Cuartel, El Valle, Coche, los barrios aledaños a la avenida San Martín (muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores), y el José Félix Ribas en el populoso Petare, otrora bastiones electorales del chavismo en el área metropolitana de Caracas, protagonizaron tres noches seguidas de cacerolazos y disturbios donde la manifestación legítima se mezcló con grupos del hampa común (armados por el chavismo) que bloquearon calles y avenidas mientras se enfrentaban con palos, piedras y armas de alta potencia a los destacamentos de la GNB y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Un reflejo del ambiente de violencia social que se ha potenciado en Venezuela en los años de la hegemonía chavista.
Mientras que la opinión pública mundial tiene los ojos puestos en el aspecto geopolítico de la situación venezolana, dentro del país los organismos de seguridad del Estado controlados por Nicolás Maduro escalan la represión a un nivel no visto desde 2017
Sometidos a meses de severos razonamientos en el suministro de agua potable, de gas doméstico, frecuentes apagones, caos en el transporte público y carestía (más los reiterados incumplimientos de las promesas hechas por Maduro) estos sectores han explotado.
Esa es la Venezuela del descontento, compuesta por muchos de los antiguos votantes chavistas que ahora se incorporan a las convocatorias de calle realizadas por Juan Guaidó, que más que el jefe del Ejecutivo encargado en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, se ha erigido en líder y rostro del nuevo proceso político del país, hasta el punto que la composición social de las recientes concentraciones ha cambiado a la vista de todos.
La clase media venezolana que en otros momentos fue la columna vertebral de la oposición social al chavismo, y ahora está debilitada por la masiva diáspora, se ha visto reemplazada en buena medida en las calles por todos aquellos a los que la “revolución bolivariana” prometió redimir.
La respuesta del aparato policial del régimen madurista ante esa rebelión no se hizo esperar. Desde la mañana del 23 de enero las siniestras Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritas a la PNB, se han dedicado a cazar a los actores de las jornadas de protestas en los distintos barrios, en muchas ocasiones con la colaboración de los cuadros políticos del chavismo que habitan en esos sectores cumpliendo el papel de delatores de sus propios vecinos.
La imagen de una unidad móvil con funcionarios de las FAES y un cuerpo evidentemente sin vida es bastante reveladora de lo ocurrido al estilo de la Caravana de la Muerte de las dictaduras del Cono Sur.
El saldo de la represión al 28 de enero, según cifras del Foro Penal (@ForoPenal) Provea (@_Provea) y Redes de Ayuda (@RedesAyuda), alcanzó por lo menos 35 asesinados, 850 detenciones de manifestantes, de los cuales 77 son adolescentes y niños.
La saña policial que se extendió a distintas zonas del país no tuvo consideración siquiera por la condición física o de salud de los menores. Así por ejemplo, el 29 de enero fue liberado con medidas cautelares Jackson Rodríguez, de 14 años de edad. Detenido el 23 de enero en Villa Bahía en el estado Bolívar y de condición especial, Jackson sufrió convulsiones en su encierro porque la GNB no le permitía recibir la medicación. Él mismo denunció maltrato físico y verbal: “A mí era al que le daban más golpes porque yo no lloraba. Me golpeaban los guardias, más que todo las mujeres”.
Detener arbitrariamente a menores de edad ha sido el objetivo de los cuerpos represores, que ven en ellos a los más activos protagonistas de los disturbios, según reporta Prodavinci.
Para el día 29, en declaraciones al periodista Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) la presidenta de la Coalición de Derechos Humanos, Ana Leonor Acosta, denunció que el número de menores de edad retenidos arbitrariamente en los calabozos de los organismos policiales se elevaba a 84, informa Caraota Digital.
Las denuncias sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las FAES en estos días incluyen la ejecución extrajudicial. Concretamente de tres muchachos de la población de El Tocuyo (en el centro-occidente del país) según versión de sus humildes familias.
El aspecto más siniestro del chavismo
Lamentablemente, ninguna de estas prácticas es nueva en el país. Los Operativos para la Liberación del Pueblo (OLP) efectuados en los barrios más pobres de Venezuela por parte de distintos organismos policiales, sólo en los años 2015 y 2017, dejaron un saldo de más de 9.200 ejecuciones extrajudiciales, según la denuncia sustanciada por la fiscal Luisa Ortega Díaz, designada como tal por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional y luego destituida por la Constituyente de Maduro.
Esto nos revela lo que probablemente sea el aspecto más siniestro del chavismo, que hace 20 años llegó al gobierno desplegando como una de sus banderas la defensa de los Derechos Humanos pero que en el ejercicio del poder absoluto se ha envilecido a extremos nunca imaginados
De ser cierta esa cifra, sería más de tres veces el número de desaparecidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile en 17 años y haría del régimen de Maduro uno de los más sanguinarios de la historia latinoamericana.
Pero números aparte, lo que es público y notorio en Venezuela es el estilo represivo de estos cuerpos policiales (creados por el expresidente Hugo Chávez) y en particular de esas OLP, orientadas evidentemente a mantener bajo el control que ejerce el terror parapolicial a los sectores socialmente más desfavorecidos del país.
Esto nos revela lo que probablemente sea el aspecto más siniestro del chavismo, un movimiento político que hace 20 años llegó al gobierno desplegando como una de sus banderas la defensa de los Derechos Humanos (en particular de los más humildes) pero que en el ejercicio del poder absoluto se ha envilecido a extremos nunca imaginados en el pasado.