Zenaida Amador (ALN).- Parece que sin la posibilidad de seguir haciendo negocios con la gasolina más barata del mundo, como la mantuvo el chavismo por varios lustros como una estrategia política de sostenimiento en el poder, llegó la hora de hacerlos con la escasa gasolina disponible, pero tratando de mantener las economías alternativas desarrolladas al amparo del régimen y que le dan soporte. Nicolás Maduro pone en marcha un plan de “revalorización” de la gasolina en el cual, además de autorizar un drástico aumento del precio, da un paso para que actores privados tomen parte en la distribución y venta de combustibles en contravía de lo que se conoce está establecido en las leyes.
Ante la agobiante escasez de gasolina que sacude a Venezuela representantes privados del país hicieron varias propuestas al régimen de Nicolás Maduro para que les permitiera participar en la búsqueda de soluciones, ya que el Estado está arruinado y sin capacidad de atender las necesidades básicas de la población. Tal como lo escribió Pedro Benítez la semana pasada aquí en el diario ALNavío, el chavismo destruyó su principal fuente de poder, Petróleos de Venezuela, PDVSA, y de algún modo llega la hora de que los privados entren en escena.
La Cámara Petrolera del estado Zulia fue una de las que hizo un planteamiento formal, donde -entre otras cosas- pidió a las autoridades “temporalmente desregular el mercado interno y permitir la importación de combustibles por varias fuentes externas privadas”.
Ese señalamiento es clave, porque el marco legal existente limita la participación privada en el sector. En este sentido destaca la llamada Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, que fue considerada en 2008 como bandera de la oleada estatista impulsada por Hugo Chávez. Ese instrumento le reservó al Estado “la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre Petróleo de Venezuela S.A., sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio”.
Sin embargo, no hay información oficial alguna relacionada con ajustes en el marco legal ni siquiera a través de las instituciones bajo control del régimen, pero esto no impidió que este fin de semana Maduro anunciara que hay “empresarios privados que están trayendo su gasolina” y hasta bromeó con frases como “espero que el gobierno de Estados Unidos no persiga a estos empresarios”. Pero no dio señas de quiénes son ni bajo cuáles esquemas están negociando la compra de gasolina, en especial porque la versión oficial es que al país está ingresando combustible que el Estado le compró a Irán.
Por qué el escándalo del boliburgués Alex Saab también le incomoda a Maduro
Pero con más dudas que certezas, desde este 1 de junio inicia en Venezuela un nuevo esquema de venta de la gasolina.
El contexto de un problema muy agudo
Venezuela es un país sin gasolina. Esa es la realidad de la nación con las mayores reservas petroleras del mundo y con un complejo refinador que se encuentra entre los cinco con las más elevadas capacidades de procesamiento a escala global. La escasez, que venía agudizándose de forma progresiva, fue encubierta a partir de marzo con la férrea cuarentena impuesta por el régimen de Nicolás Maduro para evitar la expansión del coronavirus abriendo margen para terminar de gestar una estrategia con la que no solo sortear el problema sino además sacarle provecho.
Fue así como entraron en juego varios actores clave que, tal como lo han mostrado investigaciones periodísticas, fueron remunerados en oro, ya que la nación tiene sus finanzas en ruinas. Los aliados de Irán y China dieron apoyo puntual para reparar refinerías desmanteladas y vender gasolina, mientras que otros articuladores privados aparecieron dispuestos a ayudar a Maduro en sus planes para evadir las sanciones internacionales.
Los nombres de Wilmer Ruperti y Alex Saab, dos empresarios, dos boliburgueses, señalados e investigados internacionalmente, son de los que más han destacado en ese apoyo privado para triangular despachos de combustible hacia Venezuela. Recientemente la agencia Reuters reportó que Estados Unidos, a través del FBI, investiga a empresas en varias latitudes que se dedican a facilitar la comercialización de hidrocarburos a Venezuela.
Maduro, omitiendo esto y sin dar mayores explicaciones, dijo que en Venezuela se aplicará un esquema mixto de venta de gasolina: uno con cantidades restringidas y a un precio subsidiado de unos 0,03 dólares por litro (antes el litro costaba menos de un centavo de dólar) y otro, sin limitaciones, a 0,5 dólares por litro, en el que los privados son protagonistas.
Unas 1.368 estaciones de servicio en el país venderán la gasolina subsidiada, para lo cual los interesados deben registrarse en el Sistema Patria que controla el Estado, y otras 200 estaciones harán la venta libre a “precio internacional”, en las cuales se puede pagar usando cualquier vía, incluyendo dólares, criptomonedas u otras monedas convertibles.
El diferencial de precios entre ambos esquemas de inmediato encendió las alarmas, pues parece perfilar lo que será el nuevo “negocio” de la gasolina en el país.
Economías alternativas con la gasolina
No hay que olvidar que el contrabando de extracción de la gasolina fue un negocio altamente lucrativo que jugó en contra de los varios planes de ajuste del precio de la gasolina estudiados en los últimos veinte años. Basta mencionar 2018, cuando Maduro prometió que comenzaría a vender el combustible a precios internacionales, ya que ese año el negocio del contrabando produjo cerca de 3.000 millones de dólares.
Ese 2018 las exportaciones petroleras venezolanas apenas sumaron 29.810 millones de dólares, por lo que el negocio de las mafias de la gasolina movió un monto equivalente a 10% de la principal renta de la nación. No hay que olvidar que para ese año las pérdidas generadas por el desproporcionado subsidio a la gasolina rondaron los 5.500 millones de dólares y, aun así, transcurrió 2018 sin que se hiciera algo al respecto.
No se aumentó la gasolina, no se intentó corregir las distorsiones del mercado local de hidrocarburos ni se buscó una vía para intentar ayudar a la industria petrolera, que venía cayéndose a pedazos debido a la desinversión, la politización de su gestión, la corrupción, la caída de los precios petroleros y, como complemento, por el efecto posterior de las sanciones internacionales.
Según investigaciones de Insight Crime, parte del tráfico reciente de gasolina venezolana se conecta con bandas criminales de Colombia, como “Los Curicheros” entre otras, pero también con redes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el lado venezolano las conexiones se tejen principalmente con los cuerpos de seguridad del Estado.
“Oficiales corruptos pagan a sus superiores por las asignaciones en zonas del país ‘más rentables’ en cuanto a recepción de sobornos o que esas designaciones de cargos las realizan los oficiales de alto grado ya con una escala de sobornos predefinida: tropas, suboficiales y oficiales en el campo se reparten un 30% de los sobornos, los oficiales intermedios un 20% y el alto oficial un 50%. Estas ‘comisiones’ se colectan para dejar pasar cargamentos de gasolina a Colombia, permitir un embarque de cocaína en una aeronave o ‘apagar’ los radares para no detectar un vuelo sospechoso”, señala Insight Crime.
Nuevos horizontes
Sin importar que hubiera fallas de abastecimiento en varios estados del país, el contrabando siguió adelante. Por años las importaciones permitieron encubrir los problemas de producción y mantener medianamente atendido el mercado local, hasta que el nivel de crisis experimentado en el país hizo insostenible este esquema para dejar la nación paralizada por falta de gasolina.
En la actualidad no hay certezas acerca de cuánta gasolina estará disponible para atender la demanda interna. Es decir, si en efecto están llegando cargamentos adicionales importados por privados o si alguna refinería local logrará comenzar a producir o si el Estado pactará nuevos despachos a cambio de oro. Tampoco se conocen las proporciones en las que se repartirán esas existencias de gasolina entre uno u otro esquema de venta.
Lo que sí queda claro es que hay un incentivo para la reventa de la gasolina subsidiada ya sea por parte de los particulares beneficiados, que saquen algunos litros de sus vehículos para destinarlos al menudeo, o por nuevas mafias que tomen el control del negocio y desvíen la distribución a conveniencia.
Sin la posibilidad de seguir haciendo negocios con la gasolina más barata del mundo, como la mantuvo el chavismo por varios lustros como una estrategia política de sostenimiento en el poder, llegó la hora de hacerlos con la escasa gasolina disponible, pero tratando de mantener las economías alternativas desarrolladas al amparo del régimen y que le dan soporte. La brecha de 0,47 centavos de dólar por litro luce como un buen aliciente para ello.
