Zenaida Amador (ALN).- Aunque Nicolás Maduro sigue blandiendo el Plan de la Patria como hoja de ruta de su gestión para avanzar hacia la construcción del socialismo y con la jerga revolucionaria impregnando sus discursos, la realidad es que ha venido adoptando medidas económicas que cualquier observador podría catalogar de neoliberales. ¿Son medidas de ajuste o son sólo un intento desesperado por sostenerse en el poder a cualquier costo en medio de una crisis económica sin precedentes?
Los controles de la economía, adoptados desde 2003, fueron la base para amarrar a Venezuela en la consolidación del socialismo impulsado primero por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro. El control de cambio, en juego con el control de precios, fue la herramienta con la que el chavismo atornilló su modelo político, como lo llegaron a admitir algunos de sus dirigentes, sin importar que tales medidas tuvieran efectos devastadores para la economía nacional.
De hecho, el control de cambio se convirtió en el eje de las economías alternativas de los grupos de poder que florecieron alrededor del chavismo en desmedro del sector productivo nacional y ni por eso hubo algún amago de revisión del esquema o algún intento de corrección. Al contrario, la opacidad en el manejo del control se profundizó, los dólares preferenciales se manipularon a discreción y terminaron creándose cotos de administración para unas minorías privilegiadas, con participación directa del componente militar. Por esta vía se malversaron alrededor de 300.000 millones de dólares, según llegó a estimar Jorge Giordani, uno de los pilares de la política económica de Chávez.
La paradoja de la crisis venezolana es tal que Nicolás Maduro acaba de tomar la decisión de desmontar el control de cambio sin admitir que va en contravía de su plan estratégico ni reconocer que los diversos sectores del país tuvieron razón por lustros al solicitar esa medida. Lo hace con retraso y en un entorno tan maltrecho que es poco o nada lo que se puede lograr con el desmontaje del control.
En el Plan de la Patria 2019-2025, que es el programa de gobierno de Maduro, se habla de “priorizar la asignación de divisas a los sectores estratégicos de la industria atados a compromisos y planes de sustitución de importaciones”, entre otros conceptos que apuntan a la persistencia del sistema estatal de administración de divisas.
En teoría, en el marco del fortalecimiento del socialismo revolucionario, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) se ocupará de la implementación y seguimiento de la política de administración de divisas que tiene como fin último “optimizar, jerarquizar y controlar la asignación de divisas a los distintos sectores de la economía nacional”.
Pero la paradoja de la crisis venezolana es tal que Nicolás Maduro acaba de tomar la decisión de desmontar el control de cambio sin admitir que va en contravía de su plan estratégico ni reconocer que los diversos sectores del país tuvieron razón por lustros al solicitar esa medida. Lo hace con retraso y en un entorno tan maltrecho que es poco o nada lo que se puede lograr con el desmontaje del control.
Dado el deterioro de la industria petrolera, que bombea por debajo del millón de barriles diarios, más los coletazos de las sanciones internacionales impuestas al régimen de Maduro, los ingresos de la nación podrían ser inferiores a los 10.000 millones de dólares este año. El control de cambio pasa así a la historia porque ya no hay divisas que administrar, luego de dilapidar más de un billón de dólares en ingresos percibidos entre 1999 y 2012.
Ahora Maduro “abre” el mercado e incluso estimula el pago directo en moneda dura en el territorio nacional. El cambio en la normativa así lo permite, pero además el régimen lo induce a través de pequeñas inyecciones de divisas en efectivo que obtiene de la venta de oro en el exterior, para atender compromisos puntuales y cubrir ciertas urgencias.
Los comercios, los consultorios médicos, los talleres mecánicos y otros aceptan pagos en dólares y en euros. Los billetes extranjeros se han convertido en parte de la cotidianidad de un país que se cae a pedazos.
El esquema de control de Maduro mutó a uno donde trata de incidir en la paridad del dólar por otras vías, como por ejemplo secando recursos a la banca con la imposición de elevados encajes legales, aunque con ello se estrangula el crédito y se eleva el riesgo del sistema financiero.
De allí que sea precaria su capacidad para seguir incidiendo en el tipo de cambio, aunque desde mayo a la fecha el esquema le ha funcionado para generar una relativa estabilidad cambiaria en un mercado donde el bolívar, la moneda local, está totalmente destruido por el efecto de año y medio de hiperinflación.
Tampoco existen garantías de que esta apertura se sostenga en el tiempo, lo que sumado a la fuerte inestabilidad política y a la incertidumbre en general sobre el país mantiene todas las operaciones en divisas en mínimos.
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Control de precios a conveniencia
El Plan de la Patria habla de crear e implementar un sistema de precios justos que disminuya la discrecionalidad y abuso de actores en el sistema económico y permita mantener la protección al poder adquisitivo de la población trabajadora. A tal efecto, se plantea “fortalecer y ampliar las capacidades institucionales de determinación, fijación, seguimiento y fiscalización de precios, así como la implementación de un sistema efectivo de sanciones”.
Si bien el régimen de Maduro no ha informado formalmente la decisión, los usuarios ven con claridad que los rubros suben de precio semanalmente sin arremetidas de las autoridades contra los comercios que los expenden o contra las industrias que los procesan, lo que deja en claro que los aumentos se materializan porque tienen el consentimiento oficial.
Aunque así está escrito en un plan que en abril pasado recibió la bendición de la Asamblea Nacional Constituyente, el control de precios lleva meses en una fase de desmantelamiento de hecho, gracias a lo cual regresaron a los anaqueles de los supermercados productos que habían estado desaparecidos por años, como café, arroz, harina de maíz precocida, pastas, leche y azúcar. Si bien el régimen de Maduro no ha informado formalmente la decisión, los usuarios ven con claridad que los rubros suben de precio semanalmente sin arremetidas de las autoridades contra los comercios que los expenden o contra las industrias que los procesan, lo que deja en claro que los aumentos se materializan porque tienen el consentimiento oficial.
Antes, cuando el control estaba en plena aplicación, las empresas eran obligadas a producir y a vender a pérdida a los “precios justos” fijados por las autoridades, lo que potenció la escasez y dio paso al mercado negro de productos básicos que se comercializaban por encima del costo real de los rubros. En la medida en que la crisis se agudizó y que muchas empresas cerraron sus puertas al no poder operar bajo ese esquema, Maduro decidió torcer la mirada y permitir que los empresarios que se mantienen activos cubran los costos de producción y garanticen la presencia de rubros prioritarios en el mercado.
Una vez más la medida llega tarde y desfasada con respecto a la realidad económica, porque se mantienen reguladas las tarifas de la gasolina, de la electricidad, del agua y del gas, entre otras, lo que crea una complicada madeja de incrementos de precios por una parte y de regulaciones por la otra que afecta todo el desempeño de la economía, que ya suma seis años de recesión.
En el primer trimestre de 2019 el 96% de las empresas paralizaron o disminuyeron su producción, según los datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), y la que operan lo hacen a 18% de su capacidad instalada.
La rueda productiva se mueve precariamente gracias al poder de compra del segmento alto de la población, porque el grueso de los venezolanos no tiene capacidad para adquirir los productos que ahora permanecen fríos en los anaqueles.
¿Una forma de sobrevivencia?
Estas decisiones de Maduro le cambiaron el rostro a la crisis económica y social de Venezuela, pero no han logrado enfrentarla ni mucho menos poner al país en la ruta para superarla. Más parecen un mecanismo del chavismo para navegar la situación y ganar tiempo mientras ponen todos los esfuerzos en atender la crisis política que tiene en jaque su permanencia en el poder.
Para Luis Salas, quien fue vicepresidente de Economía de Maduro, y en la actualidad funge como chavista crítico de la gestión del régimen, “todo hace pensar que antes del gobierno pasar a ajustar ex profeso (los controles), fue objeto de un ajuste programático, seguramente en parte debido a la manera como se resolvieron las disputas programáticas internas, pero claramente también como consecuencia de su incapacidad para revertir los efectos de la guerra económica y el conflicto político (…) Tal vez en esta estrategia hay convencimiento ideológico o quizás más bien una respuesta del tipo ‘no podemos hacer otra cosa’”.
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A su juicio, el precio que tiene que pagar ahora el régimen de Maduro es administrar el ajuste, y en tal situación, ser el receptor del malestar colectivo, “lo que no sería necesariamente grave si se tratara ‘sólo’ de un gobierno y no de un proyecto político mucho más amplio, que debe cargar ahora con esa responsabilidad, siendo que de origen surgió levantando las banderas anti-ajuste y con ellas llegó al poder en 1999. Por lo demás, está por verse todavía si esa es una estrategia de sobrevivencia que funcionará. Hasta ahora le ha funcionado pues sigue en el poder. Pero si nos remitimos a la experiencia histórica, cada vez que un gobierno progresista o de izquierda escoge la vía pragmática para sobrevivir puede que gane tiempo, pero no ha ganado la partida”.
