Zenaida Amador (ALN).- La exoneración de impuestos a la importación fue una de las estrategias adoptadas por Nicolás Maduro para crear una burbuja comercial en Venezuela, a la que solo tiene acceso una pequeña porción de la población y que en nada contribuye a la reactivación de la economía. La medida, que vencía este 31 de diciembre, recibió un nuevo aliento por otros seis meses, período suficiente para que el régimen perfile sus estrategias político-electorales de 2020.
La norma que aún está vigente establecía la exoneración del pago del Impuesto de Importación y de tasa por determinación del régimen aduanero a las importaciones de productos elaborados de los sectores textiles, calzados, alimentos, lubricantes y sus derivados, artículos para el aseo personal, para la higiene y limpieza del hogar y medicamentos, realizadas por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como las realizadas con recursos propios por las personas naturales o jurídicas, no producidos en el país o con producción insuficiente.
Esto se tradujo en el repunte de operaciones de importación, con las que mejoró la oferta en algunos supermercados y comercios, y florecieron los llamados “bodegones” -plenos de golosinas y licores que se venden en dólares-, con los cuales el régimen de Nicolás Maduro muestra una “normalización” de la economía. Aunque, en verdad, la medida lesiona severamente al sector productivo y profundiza los problemas económicos del país.
“Se está favoreciendo a productores en el extranjero que traen una cantidad de productos al país que muchas veces ni siquiera cumplen las condiciones de calidad. Mientras tanto, nosotros tenemos que cumplir con una serie de normas sanitarias, que no las tienen muchos de esos productos, y pagar impuestos”, sostiene Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
La Encuesta de Coyuntura del sector manufacturero, correspondiente al tercer trimestre de 2019, determinó que las industrias operan en promedio a 20,6% de su capacidad instalada y que están fuertemente impactadas por diversos factores, incluyendo las fallas del servicio eléctrico y las altas cargas impositivas.
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Las últimas cifras oficiales disponibles del Banco Central de Venezuela, por su parte, indican que la manufactura cayó 56,3% en los primeros tres meses de 2019 con respecto al mismo lapso de 2018.
Ya en abril pasado la firma Ecoanalítica determinó que el costo de producir en Venezuela es más de tres veces el de importar, lo que explica el giro que se observa en el sector comercial en ciertas zonas del país y particularmente en Caracas.
En pocas palabras la actividad económica formal sigue sucumbiendo mientras el régimen de Maduro estimula la informalización.
Un giro más en la tuerca
Sin embargo, las importaciones vienen cayendo de forma progresiva. Al cierre del primer trimestre de 2019 el volumen total de las compras externas llegó a unos 2.600 millones de dólares, de los cuales menos de 500 millones de dólares correspondieron al sector privado, un monto 25% menor al reportado en igual lapso de 2018 y 94% inferior al del primer trimestre de 2013.
Las industrias han enfrentado problemas para comprar materias primas y producir, pero en los anaqueles ya no está presente la escasez que signó la vida de los venezolanos hasta mediados de 2018. Las facilidades de importación dadas por el régimen están detrás de este cambio cosmético que busca crear la “sensación” de mejora, con la que busca encubrir los graves problemas que persisten en el país, como el colapso de los servicios públicos, la falta de gasolina y el deterioro de los sistemas educativos y de salud.
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Es una precaria ilusión, que principalmente se vive en la capital venezolana, pero en la que Maduro se refugia en su afán por seguir sosteniéndose en el poder.
No hay que perder de vista que 2020 es un año electoral y que tan pronto inicie comenzará a perfilarse el cuadro político de Venezuela, espacio durante el cual el chavismo marcará la pauta de todas sus acciones.
En este contexto Maduro autoriza un nuevo decreto de exoneración de impuestos de importación, Impuesto al Valor Agregado y determinación del régimen aduanero a unos 3.275 códigos arancelarios en vigor del 1 de enero al cierre de junio de 2020. La norma incluye bienes muebles corporales nuevos o usados, piezas completas o desarmadas importadas por la administración pública nacional, así como por personas naturales o jurídicas con recursos propios.
En esta ocasión destaca el hecho de que se dispensa la presentación del certificado de no producción nacional o del certificado de producción insuficiente.
El festín de las importaciones se sostiene por un semestre más como telón de fondo de las maniobras políticas de Nicolás Maduro.
