Daniel Gómez (ALN).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves culpable a Venezuela por lo ocurrido el 10 de noviembre de 2003, cuando un operativo de la Guardia Nacional Bolivariana en la cárcel de Vista Hermosa acabó con la vida de siete presos e hirió a otras 27. Este episodio, cometido en tiempos de Hugo Chávez, fue reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro, quien admitió “su responsabilidad internacional”.
En la mañana del 10 de noviembre de 2003 el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, más conocido como la cárcel de Vista Hermosa, vivió horas trágicas.
Eran las siete cuando un operativo de la Guardia Nacional Bolivariana pasó celda por celda para sacar a los presos al patio. A algunos los desvistieron, a otros los pusieron contra la pared, a otros contra el suelo. ¿Para qué? Para golpearles. Puñetazos, patadas, palos, tiros de piedra y de pistola… Siete presos fueron asesinados esa mañana por agentes de la Guardia Nacional. Otros 27 resultaron heridos.
17 años después se sigue ignorando el motivo de las ejecuciones y se ignora el rostro de los asesinos. Se sabe que días antes de la tragedia, en Vista Hermosa los reclusos andaban en protestas por las condiciones de la cárcel. Algunos incluso se pusieron en huelga de hambre.
¿Fue esa la excusa para quitarles la vida?
La sentencia de la Corte Interamericana de DDHH
Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable internacionalmente a Venezuela de la masacre cometida ese 10 de noviembre.
En la sentencia se lee que las muertes son “consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada” de la Guardia Nacional, y estas “configuraron privaciones arbitrarias de la vida”.
En lo relativo a los heridos, la Corte concluyó que “el uso de la fuerza empleada en su contra, al no haber sido estrictamente necesario por el propio comportamiento de los internos, constituyó una violación del derecho a la integridad personal”.
Al gobierno de Venezuela también lo señalan. Y señalan tanto a la administración del fallecido Hugo Chávez por no controlar el operativo, como a la de Nicolás Maduro por obstaculizar los procesos de investigación.
“El Estado faltó a la debida diligencia y los hechos, desde la fecha de su consumación, no han sido esclarecidos, no se ha identificado a los responsables ni se ha provisto una reparación a las víctimas. De igual forma, la Corte determinó que el Estado omitió iniciar una investigación ante la posible comisión de actos de tortura”, comentó.
Por todo esto, la CIDH sentenció al gobierno de Venezuela a investigar con detalle los crímenes; a compensar, indemnizar y rehabilitar a las víctimas; y también a reconocer internacionalmente su responsabilidad en lo ocurrido hace siete años. Esto último ya lo hicieron, aunque de esa manera.
Maduro sí admitió los crímenes de Chávez
El 26 de diciembre de 2019, el gobierno de Maduro presentó un escrito ante la CIDH en el que admitía “su responsabilidad internacional” y prometió cumplir “con las reparaciones que ordenara la CIDH en la sentencia”.
El gobierno de Maduro también reconoció que el operativo de la Guardia Nacional no respetó los derechos de los presos, ni tampoco sus garantías judiciales y su protección en las cárceles. Además, se comprometió a realizar un acto público en honor a las víctimas.
“Las muertes perfectamente encuadran en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, reconoció el actual gobierno.
Estas palabras llaman la atención. Desde Caracas niegan buena parte de las acusaciones hechas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre ellas, las que condenan al gobierno de Maduro por permitir las ejecuciones extrajudiciales de las FAES, también conocidas como “escuadrones de la muerte”. Aunque en los últimos tiempos desde el Ministerio Público han denunciado la forma de actuar de estos operativos, en parte por la presión de la Misión de la ONU en Caracas, lo cierto es que prácticamente actúan con impunidad.
El caso es que, si bien los representantes de los presos celebraron las palabras de reconocimiento del gobierno de Maduro, indicaron que es “ambiguo y carece de claridad suficiente para cesar la controversia sobre ciertos asuntos de fondo”. Entre ellos el tema de las torturas.
“Lo que es claro es que el reconocimiento internacional, tal como ha sido formulado por el Estado, se circunscribe al escrito de sometimiento del caso que presentó la Comisión, por lo que no incluiría los hechos vertidos en el Informe de Fondo, sino sólo algunas consecuencias jurídicas y violaciones a derechos determinadas por la Comisión. El facilismo procesal con el que actúa el Estado de sólo referirse a algunos derechos de la Convención Americana que han sido determinados como violados, no es coherente con el fin del procedimiento internacional ante el Tribunal, dado que parte de la justicia es determinar los hechos y la verdad de lo acontecido”, dijeron los abogados.
Estos tendrán que seguir esperando. La buena noticia es que el caso no termina con esta sentencia. En un plazo de un año el gobierno de Maduro tiene que proseguir con la investigación, aclarar si hubo torturas, y determinar el motivo exacto de las muertes de Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.
