Ysrrael Camero (ALN).- Tanto Pere Aragonés, presidente del gobierno catalán, como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se encuentran sometidos a la presión recurrente de los partidos radicales que imponen agenda a cambio de votos. La aritmética parlamentaria en un escenario fragmentado le ha dado un peso político a organizaciones como Vox y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) en Parlamentos autonómicos y ayuntamientos que no se corresponde a su peso electoral.
La fragmentación del electorado español no sólo se expresa en el Congreso de los Diputados, lo que ha derivado en la necesidad de un gobierno de coalición que requiere el apoyo de multitud de pequeñas organizaciones para desarrollar sus iniciativas, sino que ha sido una realidad palpable en algunos Parlamentos autonómicos y muchos ayuntamientos.
Un Parlamento fragmentado le otorga mucho poder a pequeñas organizaciones, que teniendo escasos diputados, terminan determinando la agenda legislativa, llegando a atrapar a los ejecutivos, comprometiendo en ocasiones la misma gobernabilidad.
Cataluña en manos de la CUP
Los resultados de las elecciones catalanas ponen en difícil situación a Pere Aragonés, actual presidente del gobierno catalán, estando obligado a escoger entre insistir en una coalición independentista con Junts, o adentrarse en una nueva experiencia tripartita con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y En Comú Podem.
Avanzar en la construcción de un gobierno con los socialistas tendría un alto costo político, porque implicaría aparcar la ruta independentista. Por ende, en medio de las negociaciones ha escogido seguir intentando formar un gobierno soberanista. Sin embargo, la sola exploración de esta alternativa también tiene un costo elevado, sobre todo para la gobernabilidad catalana.
Los 33 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los 32 diputados de Junts no son suficientes para formar gobierno en Cataluña, siendo imprescindible un tercer socio. En Comú Podem no está dispuesto a compartir Ejecutivo con Junts, y no se encuentra dentro del espacio independentista; por ende, se encuentra descartado.
Esta línea de política escogida por ERC los lleva a encontrarse en una peligrosa encrucijada, la necesidad de conseguir el apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), un movimiento asambleario que agrupa a organizaciones anticapitalistas de diverso talante, que toma sus decisiones en medio de asambleas de militantes, y que ya hizo caer a Artur Mas de la presidencia en 2016.
La CUP obtuvo 189.000 votos en las últimas elecciones, ampliando su representación en el Parlamento de cuatro a nueve diputados. Pero no sólo se encuentra presente en las instituciones sino que realiza una fuerte actividad de calle, de movilización, agitación y propaganda en toda Cataluña.
La relación entre la negociación parlamentaria y la política de calle ha estallado en los últimos días. En Barcelona y otras ciudades las protestas contra la detención de Pablo Hasél, con una escalada de violencia contra el mobiliario urbano, destacamentos policiales y contra algunos comercios, derivó en una respuesta represiva de los Mossos d’Esquadra. En medio de los enfrentamientos una manifestante perdió un ojo al recibir una bala de goma.
Mientras las juventudes de la CUP han sido protagonistas de estas manifestaciones, los Mossos se encuentran a las órdenes del gobierno catalán, cuyo Ejecutivo se encuentra enredado en medio de una negociación para seguir gobernando.
La CUP sabe que ha crecido, y que sus votos resultan imprescindibles si ERC quiere formar un gobierno independentista. Sabe que su peso político es muy superior a su porcentaje de votos y de escaños, por lo que presiona con fuerza, llegando a pedir la eliminación del cuerpo antidisturbios de los Mossos, a los que responsabiliza por la represión de los últimos días.
No quiere el gobierno catalán apelar a Madrid para el control de su orden público interno, por lo que se encuentra con grandes dificultades para moverse. Pere Aragonés está atrapado entre su obligación de gobernar, lo que pasa por el mantenimiento del orden público, y su voluntad de seguir encabezando un Ejecutivo autonómico independentista.
Los nueve diputados de la CUP tienen suficiente poder para inmovilizar el funcionamiento del gobierno catalán. Si ERC decide pagar el costo y depender del apoyo de la CUP sabe bien que no es estable, pudiendo condicionar más puntos de la agenda futura
Madrid aprisionado por Vox
En el otro extremo del espectro encontramos a Vox, que con sus posturas tradicionalistas y conservadoras ha venido expresando, punto por punto, la agenda de la extrema derecha populista de Europa, de la mano de Matteo Salvini en Italia, de Marine Le Pen en Francia o de Viktor Orban en Hungría.
La tolda liderada por Santiago Abascal ha crecido en las últimas elecciones. Su apoyo fue determinante para que Juanma Moreno formara un gobierno conservador en Andalucía, dando fin a una dilatada hegemonía socialista.
En Madrid también ha crecido, hasta convertirse en factor clave en la estabilidad de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad y de José Luis Martínez-Almeida en la Alcaldía.
En la Asamblea de Madrid la coalición formada por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos, que sostiene a Díaz Ayuso, cuenta con 56 diputados, mientras que los partidos de oposición, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, alcanzan 64 escaños. La gobernabilidad de Ayuso está vinculada al apoyo que brindan 12 diputados de Vox.
Durante los últimos días, la aprobación de los presupuestos de la Comunidad, vitales para garantizar la continuidad del gobierno, ha sido ocasión para que Vox vuelva a colocar sobre el tapete el veto parental en la educación, que ya había sido negado, tanto por el PP como por Ciudadanos, al momento de formar gobierno. Sabe Vox que, tras las elecciones catalanas, el PP pasa por un momento de debilidad y que las batallas culturales posicionan la diferencia entre ambas organizaciones.
Similar situación se repite en el Ayuntamiento de Madrid, formado por 57 concejales. El PP cuenta con apenas 15 concejales, mientras que su principal socio de gobierno, Ciudadanos, apenas tiene 11. Frente a ellos se encuentra una oposición formada por los 19 concejales de Más Madrid y los ocho concejales del PSOE.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien también es portavoz nacional del Partido Popular, proyectando un perfil de moderación, intenta conciliar las posiciones dentro del ayuntamiento dialogando con todos los grupos políticos.
Pero su gobernabilidad depende de los cuatro concejales de Vox, entre los que se encuentran Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio. La presión de la ultraderecha ha marcado acciones de la alcaldía como el retiro de las placas de los dirigentes socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto o la eliminación de un mural feminista en Ciudad Lineal.
El debilitamiento del centro y el crecimiento de las posiciones extremas, en un escenario polarizado, son uno de los elementos que amenazan hoy la democracia a nivel mundial. Como vemos, las dos ciudades globales de España, Barcelona y Madrid, no escapan a esta dinámica.
