Juan Francisco Alonso (ALN).- La Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela acusó al mandatario y a cuatro generales de cometer “asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático contra la población civil” desde hace más de dos años. Entre los militares está el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el del Interior, Néstor Reverol Torres.
Luisa Ortega Díaz cumplió su palabra y hoy, casi cuatro meses después de anunciar que estudiaba denunciar al Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional por cometer delitos de lesa humanidad, la Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente acudió al juzgado con sede en La Haya (Holanda) para denunciar al presidente Nicolás Maduro y solicitar que le sea dictada una orden de captura internacional.
Pero la jefa del Ministerio Público en el exilio no sólo desea que Maduro corra la misma suerte que el mandatario sudanés, Omar Al Bashir, contra quien pesan dos órdenes de detención por parte del tribunal creado por el Estatuto de Roma, reduciéndole así las posibilidades de desplazarse al exterior; sino también contra cuatro altos jerarcas militares, comenzando por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el del Interior, Néstor Reverol Torres.
Ortega Díaz ofreció a la Corte Penal más de un millar de pruebas que sustentan sus duros señalamientos
Los otros dos uniformados a los que Ortega Díaz acusó de cometer “asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático contra la población civil” son el actual jefe del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides, quien hasta mediados de este año encabezaba la Guardia Nacional (GN, policía militarizada).
Efectivos de la GN fueron señalados, junto a la policía, de ser responsables del 25% de los 120 muertos y miles de heridos que dejó la represión a la ola de protestas que sacudió Venezuela este año, según cifras del Ministerio Público, organismo que hasta agosto tenía registrados 28 uniformados detenidos y otros 19 más sobre los que pesaban órdenes de captura por excesos durante sus actuaciones.
“Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como también deben pagar por el hambre, la miseria y las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”, declaró Ortega Díaz tras consignar su querella, la cual no sólo abarca lo ocurrido durante las manifestaciones que estallaron en abril pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente liquidara al Parlamento controlado por la oposición con dos fallos, sino que abarcan violaciones ocurridas al menos desde hace dos años.
#ENVIVO Acabo de denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/8BMeM1pHRI
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 de noviembre de 2017
“Estamos denunciando que en el año 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares. En el año 2016, 4.667 personas fueron asesinadas bajo las mismas condiciones y hasta el mes de junio de este año se registraron 1.847, todas bajo las órdenes del Gobierno, bajo un plan con el que persigue el Gobierno una limpieza social. También incluimos en la denuncia las OLP (el último plan contra el crimen lanzado en julio de 2015 y en el que participan miles de militares) donde fueron asesinadas 505, otra limpieza, otra razzia, ejecutada por grupos tácticos de combate. También incluimos más de 17.000 casos de detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura y la militarización de la seguridad ciudadana”, enumeró la removida Fiscal General.
Las OLP fueron impulsadas por el jefe del Sebin durante su etapa como ministro del Interior y ya han sido cuestionadas por organismos como la Comisión Interamericana y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
No sólo palabras
Pero Ortega Díaz no se presentó en La Haya simplemente con una denuncia, sino que ofreció a la Corte Penal más de un millar de pruebas que sustentan sus duros señalamientos contra quienes hasta no hace mucho fueron sus aliados.
“En mi condición de Fiscal General he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, todos los elementos con los que cuenta el Ministerio Público, más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico-legales, psiquiátricos y entrevistas”, aseveró.
Colaboradores que viajaron con Ortega Díaz desde Colombia hasta Holanda aseguraron que entregaron expedientes para sustentar cada señalamiento.
¿Posibilidades de éxito?
Aunque la removida Fiscal General se mostró confiada en que este paso se traducirá en acciones, expertos se muestran precavidos por varios motivos. El principal es que hasta ahora la actuación de la Corte Penal se ha centrado en la situación de África, donde los crímenes contra la humanidad son extremadamente graves.
Pese a que el gesto de Ortega Díaz no tiene precedentes en la historia del juzgado, pues es la primera vez que un alto funcionario de un país denuncia a otros altos funcionarios del mismo país, esto no necesariamente jugará a su favor. Así lo aseguró el constitucionalista Alí Daniels, quien recordó: “Los fiscales nacionales deben actuar en la jurisdicción interna (…) De poco vale el cargo de Ortega Díaz, pues ese asunto lo analizará la Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien será la que decida, a partir de los elementos que Ortega Díaz le presente, si hay motivos o no para iniciar algún proceso”.
Para el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, hay motivos para que los jueces de La Haya analicen el caso venezolano, pues “en los últimos meses se han producido situaciones que están tipificadas en el Estatuto de Roma. Aquí se ha torturado, ejecutado y detenido arbitraria e ilegalmente a personas, de manera sistemática, con lo cual ya se podría hablar de delitos de lesa humanidad, algo que no tiene precedentes”. Sin embargo, reconoció que dependerá de lo que haya expuesto la Fiscal que esto ocurra o no.
