Antonio José Chinchetru (ALN).- Si el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, insiste en celebrar el debate de investidura de Carles Puigdemont sin que este cumpla las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional, se arriesga a terminar él mismo ante la Justicia. Además, la votación no tendría validez legal y seguiría vigente el artículo 155 de la Constitución española.
Tan sólo existe una posibilidad de que la sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña tenga validez legal. Y para ello, el político fugado en Bélgica se arriesga a entrar en prisión. Esta vía pasa por que Puigdemont se presente en la Cámara para participar personalmente y en el lugar del debate. Si el presidente del Legislativo autonómico, Roger Torrent, insiste en su opción de la vía telemática o a través de otro diputado que represente al candidato a la Presidencia catalana, se arriesga a ser procesado él mismo.
El abogado experto en jurisprudencia constitucional Tomás Gui, del despacho Gui Mora Abogados, ha dicho a ALnavío: “Desde el punto de vista legal, el señor Puigdemont puede perfectamente hacer uso de sus derechos, pero para eso tiene que volver a España. Y el que le tiene que autorizar, en su caso, su presencia en la sesión de investidura es el juez”.
El candidato a presidir la Generalitat tiene que estar presente en el debate de investidura
En opinión de Gui, las otras vías para celebrar el debate de investidura “no son válidas” por tres razones: “Primero porque lo han dicho los abogados del Parlamento de Cataluña. Segundo, porque también lo ha dicho el Consejo de Estado. Y tercero, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en resolución del día 27, el sábado”.
El Tribunal Constitucional impuso una serie de medidas cautelares para que Puigdemont se presente a la investidura. En primer lugar, y a tenor de lo que marcan tanto el Reglamento del Parlamento Catalán como la Ley de la Presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el candidato tiene que estar presente en la Cámara para participar en el debate. En segundo lugar, ha de contar con una autorización judicial, puesto que pesa sobre él una orden de busca y captura. El único que puede otorgar dicha autorización es el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Continuidad del artículo 155
Torrent y el resto de la Mesa del Parlamento autonómico, controlada por el independentismo, podrían tratar de forzar el Reglamento para aceptar la vía telemática o la representación de Puigdemont por otro diputado. Esto iría en contra de la opinión de los propios letrados de la Cámara, que no aceptan esa vía. Pero no sólo eso. En opinión de Gui: “Por encima de la legalidad, vamos a decir catalana, lo que hay es una sola legalidad nacional o española que deriva de la Constitución, y que es donde tienen su fundamento las resoluciones citadas”.
“Por encima de la legalidad catalana hay una sola legalidad, la nacional, que deriva de la Constitución”
En el caso de que, a pesar de ello, se intentara seguir adelante con esta vía, Torrent y los miembros de la Mesa se arriesgarían a hacer frente a consecuencias judiciales. Según Gui: “Si el presidente del Parlamento intenta desobedecer, las resoluciones tanto del Consejo de Estado como del Tribunal Constitucional han dicho que las notificaciones de estas han sido personales y que si las desobedecen pueden incluso ser responsables penalmente. Se añadirían a los que están procesados, porque les podrían procesar”.
Al margen de eso, la votación carecería de validez legal y Puigdemont seguiría sin ser presidente autonómico con independencia del resultado de la votación. Esto provocaría que siguiera vigente la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno español. Gui ha explicado: “El artículo 155 de la Constitución ha tenido carácter excepcional hasta que esté constituido un Gobierno conforme a las elecciones, que haya tomado posesión de su cargo. Si esto no se produce, sigue el 155”. Para que se produzca, la votación debe realizarse según marcan las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional.
Si no se cumplen las medidas cautelares, a efectos legales será como si no se hubiera celebrado el debate de investidura. En ese caso, “el presidente del Parlamento podría convocar una nueva sesión con candidatos distintos”, según Gui. Este abogado ha señalado que también podría volver a presentarse la candidatura de Puigdemont “siempre y cuando cumpla las normas del Tribunal Constitucional”.
