Leticia Núñez (ALN).- La firma española, que tiene paralizada una autopista estratégica en el país por problemas técnicos que generarían sobrecostos, protagonizó dos incidentes más en el pasado. Se retiró de la Ruta del Sol y de la línea férrea del Pacífico. Tampoco escapa de dificultades en Panamá y España.
Sacyr ya sabe lo que es enfrentarse a un problema en Colombia. Este martes se conoció que la empresa española tiene paralizada una carretera en una región estratégica del país tras encontrar “arcillas expansivas” que encarecían el proyecto y no hacían viable acometerlo con el presupuesto que le fue adjudicado en julio de 2015: 275 millones de dólares (aproximadamente 245 millones de euros). Ahora, tras perder un arbitraje, se encuentra negociando una solución con el Gobierno colombiano. Las obras acumulan un retraso de nueve meses. Por el momento, la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) de Colombia advirtió este martes que, si no cumple el contrato, procederá a imponer multas e iniciará el proceso de caducidad. Un lío que no hace sino engrosar el expediente del grupo por supuestos incumplimientos de los acuerdos firmados.
Corría el año 1997 y Sacyr y ACS estaban a punto de protagonizar lo que algunos medios de comunicación definieron después como el culebrón más sonado en la historia de la contratación pública en Colombia. La Concesionaria del Magdalena Medio (Commsa), un grupo formado por cuatro firmas colombianas más las citadas Sacyr y ACS, ganó el concurso para construir una autopista de 625 kilómetros que uniría Bogotá con Medellín y la costa atlántica. Es lo que actualmente se desarrolla bajo el nombre de la Ruta del Sol.
El consorcio se hizo con la licitación gracias a una oferta 70 millones de dólares (aproximadamente 62,6 millones de euros) más barata que las de sus competidores. En total, prometió 425 millones de dólares (380 millones de euros). Los problemas, como ha sucedido ahora con la autopista del Corredor 5, no tardaron en llegar.
La Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia advirtió a Sacyr que, si no cumple el contrato, le impondrá multas
El recorrido incluía 15 túneles para así respetar el ecosistema de la región. Esta fue una de las exigencias del Banco Mundial de cara a otorgar créditos. Sin embargo, Commsa pretendía no construir los túneles para ahorrarse 100 millones de dólares (89,4 millones de euros). Acto seguido, el Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías) rechazó la propuesta por no ser lo acordado y después, el Ministerio de Transporte procedió a declarar la caducidad del contrato. No solo se había modificado el diseño, sino que se redujeron los túneles en tres kilómetros y, para colmo, el consorcio entregó como póliza de cumplimiento un borrador.
Pero la cosa no acaba aquí. El culebrón, salpimentado de intrigas políticas, duró ocho años. En 1998, Andrés Pastrana, del Partido Conservador, ganó las elecciones presidenciales. Dos años más tarde se produjo uno de los momentos clave, cuando Colombia exigió cobrar la póliza de indemnización por incumplimiento de contrato y recuperar los 77 millones de dólares (68,8 millones de euros) que entregó como anticipo. Algunos analistas, como publicó el periódico El Confidencial, sostienen que “si Pastrana rompió la baraja fue para echar abajo un proyecto firmado por su antecesor, Ernesto Samper, y no como castigo a los teóricos responsables del desastre, el consorcio Commsa”.
Sea como fuere y dado que no existía una póliza, el asunto se enredó hasta el punto de que el Gobierno español tuvo que interceder en favor del consorcio. El conflicto había alcanzado esferas diplomáticas. Finalmente, en 2007, “tras varios recursos, apelaciones y reuniones a puerta cerrada entre los representantes de los gobiernos de Colombia y España”, según El Confidencial, se llegó a una conciliación en la que Commsa tuvo que liberar los 77 millones de dólares (68,8 millones de euros) que aportó el Estado. El Invías, por su parte, renunció a su derecho de cobrar multas por la caducidad del contrato. Es decir, dejó de recibir 137 millones de dólares (122 millones de euros).
Al margen de la Ruta del Sol, Sacyr también tuvo que retirarse de la línea férrea del Pacífico, que se adjudicó en 1998. Fue la única empresa que se presentó, ya que las otras seis interesadas desistieron al considerar insuficientes los fondos del Gobierno. Una nueva frustración para un país necesitado de infraestructuras con el fin de ser más competitivo.
En Panamá no habrá resolución hasta 2022
Donde también han escuchado juntos los términos Sacyr y suspensión de obras por sobrecostos ha sido en Panamá. El último conflicto de la firma en Colombia se ha producido cuando aún está vivo el pleito que mantiene contra el Estado panameño en un tribunal de arbitraje internacional por la construcción del Canal de Panamá.
Las reclamaciones por sobrecostos y modificaciones ascienden a unos 3.700 millones de euros (4.152 millones de dólares). De este importe, la firma española espera cobrar unos 630 millones de euros (707 millones de dólares), según las últimas estimaciones de la compañía. La resolución final de todas las reclamaciones podría suponer un periodo de unos seis años, hasta 2022, según desveló la Autoridad del Canal de Panamá.
¿Y en España?
El expediente del grupo que preside Manuel Manrique tampoco es impoluto en España. Ha registrado problemas en Murcia, Sevilla y Tenerife. En el primer caso, Sacyr se adjudicó el Aeropuerto de Murcia en 2007. Como recoge el periódico El País, tras largas e infructuosas negociaciones para poner en marcha las operaciones, el Gobierno murciano rescindió definitivamente el contrato en diciembre de 2015. Alegó que la empresa no había cumplido los plazos de puesta en servicio de la instalación. Tras múltiples idas y venidas, el conflicto está ahora en manos del Tribunal Supremo.
Las reclamaciones por sobrecostos y modificaciones en el Canal de Panamá ascienden a unos 3.700 millones de euros
En Sevilla, la constructora fue acusada por el Gobierno de la ciudad de incumplir en tiempo y presupuesto la remodelación de la plaza de la Encarnación. A su vez, la firma denunció al ayuntamiento y finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al consistorio a pagar 2,5 millones de euros (2,8 millones de dólares) a la constructora por incumplimiento de algunas cláusulas del contrato.
Un último lío. En noviembre de 2016, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, calificó el comportamiento de Sacyr como “no responsable ni ético” después de que la compañía paralizara las obras tras exigir un aumento del 10% en el presupuesto para construir cuatro quirófanos, tres paritorios y una planta de hospitalización.
