(EFE).- Durante sus 100 primeros días en el poder, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado más de un centenar de órdenes ejecutivas para aplicar aranceles, combatir la migración irregular o desmantelar el Gobierno federal sin tener que recurrir al Congreso, una campaña que están intentando frenar los tribunales y que expertos califican de peligrosamente autoritaria.
«Presidencia imperial», «socavamiento de la democracia», «asalto a los derechos humanos» o «desafío al orden constitucional». Son algunos de los dictámenes empleados por organizaciones sin ánimo de lucro o laboratorios de ideas progresistas para calificar el arranque de este mandato, su segundo tras el de 2017-2021.
A su vez, algunos académicos consideran sin tapujos que Trump ha demostrado en poco más de tres meses que está tratando de encaminar al país hacia lo que se denomina un régimen autoritario competitivo.
Dicho régimen es aquel que cuenta con un sistema electoral real pero disfuncional debido a los abusos que los gobernantes han implementado sobre las instituciones democráticas y que, según ciertos análisis, es el que rige en países como Rusia, Turquía o Venezuela.
Récord pulverizado
En marzo, cuando llevaba 60 días en el poder, Trump ya había roto el récord de 99 órdenes ejecutivas firmadas en los primeros 100 días que ostentaba Franklin Delano Roosevelt (1933-1945).
Las 130 que ha activado hasta ahora han pulverizado esa marca y puesto especial énfasis en dos áreas a cada una de las cuales el gobernante estadounidense ha destinado casi una veintena de decretos.
La primera es la eliminación y reducción de diferentes agencias y aparatos del Estado, principalmente a través del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Elon Musk, y la segunda la recomposición radical de la política comercial mediante la aplicación de aranceles a discreción.
A modo de justificación se han declarado emergencias nacionales. Esto es algo «ya de por sí escandaloso si se tiene en cuenta que estas emergencias solo se suelen declarar, por ejemplo, en caso de guerra», explica Steven Greene, profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU).
Trump invoca vieja ley
Y no solo eso; argumentando que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está invadiendo EE.UU., invocó la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 empleada por última vez durante la II Guerra Mundial, para ejecutar deportaciones sumarias de venezolanos -aparentemente acusados sin fundamento de ser pandilleros- que han acabado en una prisión de máxima seguridad salvadoreña.
Jueces federales han logrado bloquear de momento órdenes ejecutivas relativas al derecho de suelo, al veto a las personas trans en el Ejército o a la congelación de la ayuda exterior, y otros tribunales dirimen si hacerlo con las que afectan, por ejemplo, a la suspensión del derecho de asilo o la propia creación del DOGE.
Las mayorías republicanas en el Congreso -otra pieza clave en el sistema de controles y equilibrios, dada su capacidad para aprobar leyes que suplanten órdenes ejecutivas o para bloquear las partidas presupuestarias que permitan su implementación- «no han mostrado voluntad de desafiar los designios de Trump, ni parece que lo vayan a hacer a corto plazo», dice por su parte John Carey, profesor de Administración y Ciencias Sociales en Dartmouth.
Greene va más allá al asegurar que «los congresistas republicanos han demostrado que su lealtad a Trump es mayor que su lealtad a sus electores o a cualquier otra cosa, incluyendo la propia Constitución».
Erosión de la confianza
En la lista de acciones tomadas en estos primeros 100 días, que se cumplen el próximo 29 de abril, hay que incluir los polémicos perdones otorgados a quienes participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un peligroso precedente a la hora de legitimar la violencia cuando ésta beneficia los objetivos de quienes están en el poder.
Medidas como esta han contribuido a erosionar la confianza de muchos ciudadanos con respecto al estado de salud de su democracia.
Es lo que muestra el último estudio de Bright Line Watch, una plataforma interacadémica que codirige el propio Carey y que desde 2017 evalúa periódicamente el «desempeño» de la democracia estadounidense.
En ese análisis, realizado en febrero pasado, cuando Trump llevaba pocas semanas en el poder, la tasa de confianza entre el público y los expertos cayó a su nivel histórico más bajo, 53 y 55 sobre 100, respectivamente, y se prevé que el próximo sondeo, en mayo, muestre cotas aún más bajas.
Por su parte, Greene remite a lo dicho en días recientes por Steven Levitsky, célebre profesor de Harvard coautor de «Cómo mueren las democracias», quien ha afirmado que Trump ya ha socavado la democracia liberal estadounidense, aunque de momento el proceso sea reversible.
«Pero aunque soy optimista sobre la posibilidad de dar marcha atrás a lo implementado», apunta Greene, «no cabe duda de que estamos encaminados a un autoritarismo competitivo».
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