Ysrrael Camero (ALN).- La Ley de Presupuestos Generales del Estado ya empieza a ser sometida a la interpelación pública, tanto en el seno del Congreso de los Diputados, como en el debate en los medios de comunicación españoles.
El miércoles 4 de noviembre se iniciaron las comparecencias públicas en la Comisión de Presupuesto del Congreso de los Diputados, empezando por el gobernador del Banco de España, y extendiéndose hasta 91 comparecientes, incluyendo la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
Tras su presentación se ha iniciado, tanto en el proceso de negociaciones como en el debate público, la discusión sobre la distancia existente entre las previsiones del gobierno español y las cifras que la crisis va mostrando.
La mayor parte de las críticas están dirigidas a las expectativas de crecimiento en los ingresos fiscales que se sostienen en el proyecto presentado. La economía española es la que ha sufrido la peor contracción entre las economías del continente europeo, y su recuperación no es necesariamente rápida. Una expansión del gasto como la que proyectan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no podría sostenerse únicamente sobre el apalancamiento de los fondos europeos y el incremento de la deuda.
Alertas en ingresos y gastos
En esa dirección va la intervención realizada ante la Comisión de Presupuestos del Congreso por Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, quien ha realizado una enmienda a la totalidad del presupuesto presentado, haciendo uso fundamentalmente de argumentos técnicos, contra las previsiones de crecimiento, contra la política impositiva y contra la política de gastos.
Pablo Hernández de Cos fue nombrado por el Rey como gobernador del Banco de España, a propuesta de Mariano Rajoy, en junio de 2018, teniendo un mandato improrrogable de seis años.
Las previsiones de crecimiento económico para 2021, de alrededor del 10%, presentadas por la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, fueron calificadas de demasiado optimistas por Hernández de Cos. Para el gobernador, el PIB español sufrirá una contracción de 10,5% en el presente año, y sólo crecería en 4,5% durante el año 2021.
Una dirección similar tuvo la intervención de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, quien también consideró demasiado optimistas las previsiones económicas del gobierno, y agregó que las previsiones de crecimiento de la economía en 2021 serían del 5,5% y que, incluso con los fondos europeos, podrían elevarse al 8,2%, lo que está dos puntos por debajo de lo que proyecta la Ley de Presupuestos.
Volviendo a la comparecencia del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, considera que hay factores externos que dificultan una recuperación económica más acelerada, incluyendo el impacto negativo de un Brexit duro, como el que está sucediendo, y el enfrentamiento comercial entre EEUU y China.
En el mismo sentido, rechazó el incremento de los impuestos, porque pueden llegar a agudizar el cuadro recesivo de la economía española, prefiriendo postergarlo para un momento en que el crecimiento económico fuera suficientemente robusto.
Sin embargo, reconoció que España recauda menos por impuestos indirectos que otros países de la región, debido en parte a una menor imposición sobre los hidrocarburos, lo que abre una posibilidad para el incremento del impuesto al diesel que tanta polémica ha causado. Igualmente señaló que España recauda menos por impuesto de sociedades, y allí también se abre un espacio de maniobra. Pero no ahora, sino cuando la economía vuelva a crecer de manera sólida y sostenida.
No sólo se detuvo en el renglón de ingresos, porque también dirige una crítica al patrón de gastos. Reconoce la necesidad de proteger a los sectores más afectados durante la pandemia, y ve como positivo el mantenimiento de las ayudas a familias y empresas hasta que se logre una recuperación económica, pero agrega que, progresivamente, dichas ayudas deben estar cada vez más y mejor focalizadas. Para Hernández de Cos, España no está en condiciones de subir los sueldos a los funcionarios, ni las pensiones, y este aumento debería estar más focalizado, mencionando especialmente al personal sanitario.
Reconoció que la política presupuestaria, en medio de una crisis como la actual, tiene que ser expansiva, pero que también debe ser selectiva y temporal, para que el uso de los recursos sea eficiente, debiendo dedicar especial atención a los sectores que tengan mayor capacidad para incrementar el potencial de crecimiento de la economía en el futuro. Mencionó áreas como la digitalización y la transformación ecológica de la economía, que se encuentran dentro de las prioridades gubernamentales.
Hernández de Cos señaló que la normalización de la economía española requerirá toda una década de ajustes económicos, para poder corregir, tanto el déficit estructural de las cuentas públicas que ascenderá al 5% del PIB cuando termine el ciclo de la pandemia, como la reducción de una deuda que podría alcanzar el 130% del PIB.
El gobierno defiende los presupuestos
Inmediatamente después de la exposición de Hernández de Cos, diversos representantes del gobierno español pasaron a la defensa pública del proyecto de presupuestos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que la previsión de ingresos realizada en los presupuestos es “rigurosa” y que está sometida a la incertidumbre de la pandemia. Defendió también que las medidas que el gobierno ha desplegado para proteger las rentas permiten una recaudación mayor que la de anteriores crisis, por la continuidad de los ingresos.
Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, señaló que el incremento de los sueldos de los funcionarios públicos tiene un efecto dinamizador del consumo, lo que es un factor clave para la recuperación económica. Igualmente, el incremento de las pensiones se encuentra plenamente justificado, siendo este un sector que estuvo específicamente muy afectado por la pandemia.
Por su parte, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que esperaba del Banco de España una mayor atención a la política monetaria y macroprudencial, así como a la política bancaria y la inflación, más que al detalle de los gastos incluidos en los presupuestos. Agregó Escrivá que el problema del déficit público no se encuentra ni en las pensiones ni en los sueldos públicos, y que es necesario incrementar el poder adquisitivo, tanto de los funcionarios públicos como de los pensionados, para transmitir a los ciudadanos una mayor certidumbre respecto al futuro.
