Reinaldo Iturbe (ALN).- El escándalo de corrupción en Monómeros, una filial de Pequiven administrada por el interinato de Juan Guaidó, pica y se extiende tras el último pronunciamiento del «procurador especial» designado por Guaidó para conocer del caso.
El «procurador» Enrique Sánchez Falcón se pronunció la tarde del martes para acusar directamente al partido Primero Justicia (Julio Borges) de «obstrucción» en las investigaciones del caso de la empresa, que fue intervenida por el Gobierno Colombiano. Monómeros está dirigida por Guillermo Rodríguez Laprea, también señalado por una comisión de exdiputados de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015 como responsable de intento de «toma hostil» de Monómeros en colusión con la empresa Lyonstreet.
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«Voluntad Popular me propuso para esta posición, pero yo no tengo ningún compromiso con ese grupo. Reconozco que ese grupo ha acompañado la gestión de la Procuraduría. Hemos tenido alguna información por lo que se ha dicho cuando se creó la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional que vino a Colombia y produjo un informe. Informe que desde mi punto de vista es una reproducción de los argumentos de los abogados de la directiva de Monómeros», dijo Sánchez.
Le pelea por monómeros
«En ese momento se me propuso para ser parte de esa Comisión y la presidenta que era del partido Primero Justicia pidió que se excluyera al procurador porque no era diputado y así quedamos”, agregó, aunque no dejó de responsabilizar a partidos como AD y UNT de la «obstrucción». Pero la verdad es que el procurador Sánchez dispara directamente sobre Primero Justicia y otros factores, pero excluye intencionalmente a Voluntad Popular, el partido que dirige Leopoldo López.
Sánchez Falcón también forma parte de las viejas rencillas entre Primero Justicia y Voluntad Popular. Los segundos son una escisión de los primeros. Y desde entonces han sostenido una dura batalla pública y abierta en todos los frentes. No solo con el caso Monómeros, que es apenas la punta del iceberg. Julio Borges, otrora «canciller» del interinato, entró en una espiral de declaraciones contra Voluntad Popular y Leopoldo López. Ambos se acusaron de manera mutua. Y Borges terminó separándose del cargo.
De hecho, Primero Justicia responsabiliza al interinato de lo sucedido con Monómeros. La tolda aurinegra ha vuelto a exigir en un comunicado hecho público la semana pasada que el interinato «rinda cuentas» sobre la administración de los activos en el extranjero.
«Descomunal campaña de desprestigio»
Recientemente, siete diputados de la «delegada» de la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobaron un extenso informe de 47 páginas en el que en resumidas cuentas, critican el intento de toma hostil propiciado por Guillermo Rodríguez Laprea y Diana Bracho, ambos piezas de Voluntad Popular y responsables de Monómeros y Pequiven. Los legisladores acordaron recomendar su destitución inmediata.
Los integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría dejan claro que es urgente sea reestructurada en su totalidad de la junta directiva de Monómeros Colombo-Venezolano S.A., así como la realización de una auditoría interna, «para que no continúe recayendo sobre la Asamblea Nacional legítima, ni sobre el Gobierno Interino la descomunal campaña de desprestigio que tiene su soporte y su justificación en funcionarios que han debido ser removidos de sus cargos, tal y como reiteradamente lo solicitamos desde esta Comisión”.
Votaron a favor los diputados Macario González (Voluntad Popular), presidente de la Comisión de Contraloría, Ismael León (Alianza del Lápiz), Ismael García (Voluntad Popular), Carlos Lozano (Camina), José Luis Pirela (Fracción 16 de julio), Marco Aurelio Quiñones (Voluntad Popular) y Elías Bessi (Alianza Bravo Pueblo). El resto de los integrantes de la instancia parlamentaria al momento de la votación estaban ausentes.
Monómeros: «Una película que continúa»
«Nosotros lo dejamos claro en el documento, llevamos a cabo 24 horas de interpelaciones, a la expresidenta Carmen Elisa Hernández, al procurador director Enrique Sánchez Falcón y a todo el mundo. Ellos dos se apartaron para que se diera la investigación, pero este señor Rodríguez Laprea se atrincheró, pese a que el mismo gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) le estaba pidiendo que se cambiara la junta directiva para poder otorgar la nueva licencia de funcionamiento. No lo hizo, se atrincheró y dijo que no renunciaba ni lo renunciaban», alegan los diputados.
Pero Rodríguez Laprea contestó en entrevistas ofrecidas a varios medios en Caracas que no renunciaría a su cargo, y se escudó en las sancione de Estados Unidos a Venezuela:
«Por las sanciones de Estados Unidos que tuvimos desde 2018, hemos tenido dificultades para acceder a créditos y hemos dependido de que los proveedores nos financien, por ello hemos tenido que desarrollar un ejercicio de estabilidad con los propios recursos. Es una película que continúa, porque hemos tenido que salir a explicar qué sucede para recuperar la confianza uno a uno de nuestros proveedores. Hicimos reingeniería y optimizamos lo que producimos. Esa es la capacidad de nuestra gente de salir adelante y de levantarse, es una resiliencia con capacidad de construcción”, dijo.
La agonía del interinato de Guaidó
Y añadió: «Entre Monómeros y Lyonstreet no existe nexo de ninguna naturaleza. Contratamos un bufete en Colombia, DLA PIPER y otro en los Estados Unidos, Global Strategic Intelligence, para que nos acompañara a generar todos los trámites necesarios frente a la OFAC y apoyar la renovación de la licencia. Y lo logramos, renovar la licencia de la OFAC que era vital para poder seguir funcionando. La empresa LyonStreet no tiene nada que ver con esto. A pesar de que eso ha sido aclarado y demostrado cien veces, pero ellos siguen empeñados en decirlo».
Pero resulta que los diputados de la denominada Comisión de Contraloría hallaron (y mostraron) evidencias de la relación entre Rodríguez Laprea y Lyonstreet. Evidencias del «negocio jurídico» propuesto por Lyonstreet a Monómeros. Y extractos del contrato.
Mientras Voluntad Popular y Primero Justicia continúan enfrascados en sus disputas eternas, otro sector de la oposición prefiere enfocarse en las primarias de 2023, rumbo a las presidenciales que teóricamente se celebrarán en 2024.
Los dimes y diretes entre unos y otros contribuye a extender la penosa agonía de un interinato fallido que se limita a producir comunicados de prensa y a recibir financimiento de Estados Unidos.
