(EFE).- Los inmigrantes que lleguen a Italia podrán evitar su retención en los centros de acogida pagando 4.938 euros en lo que se resuelve si tienen derecho a entrar en el país, según un decreto del Ministerio del Interior publicado hoy con la cifra.
Una legislación del 2015 sobre normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, basada en la directiva europea 2013/33, estipula que la retención de los inmigrantes puede ser dispuesta en dos casos: si no entrega un pasaporte o un documento de identificación válido, o si no ofrece una «garantía financiera», es decir, una cantidad de dinero a modo de fianza.
El decreto del Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ha establecido esa cuantía en 4.938 euros durante todo el 2023 y servirá para dar a esas personas, por un máximo de 28 días, «un alojamiento adecuado en el territorio nacional», «medios de subsistencia mínimos necesarios» y «la suma necesaria para la repatriación».
Expulsión inmigrantes
La cantidad de casi 5.000 euros se actualiza cada dos años, previo cálculo del coste medio de la expulsión.
Esta medida está dirigida a los inmigrantes -no pertenecientes a la Unión Europea-, denominados en el texto como «extranjeros», que «están en condiciones de ser retenidos durante el desarrollo de los procedimientos fronterizos» dirigidos a «determinar el derecho a entrar en el territorio del Estado».
La «garantía financiera» deberá ser presentada antes de que acabe la identificación del inmigrante y en caso de que éste desaparezca «indebidamente», el Gobierno ejecutará la fianza, que pasará a integrarse a las arcas del Estado.
El decreto aparece datado el pasado 14 de septiembre, cuatro días antes de que el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobara la creación de nuevos centros de retención en medio de la última oleada de inmigrantes desde el norte de África.
Aumento
En concreto, se ha aprobado la construcción de nuevos Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR), lugares en los que se acogen a los inmigrantes en lo que se ejecuta su expulsión.
También se ha aumentado hasta los 18 meses el tiempo que los inmigrantes irregulares podrán ser retenidos antes de su expulsión, el plazo máximo permitido por la Unión Europea (hasta ahora el máximo era de 90 días).
El Ejecutivo de Meloni trata así de gestionar la nueva oleada migratoria en su frontera sur, especialmente en la pequeña isla de Lampedusa, el enclave italiano más meridional, frente a las costas africanas.
Con las cifras en constante evolución, en lo que va de año han llegado a las costas italianas 132.867 inmigrantes, casi el doble que en el mismo periodo del 2022 (69.498) y el triple que en 2021 (43.756), según datos actualizados por el Ministerio del Interior.
