(EFE).- Torturas, hambre y trabajo a punta de pistola en plena Amazonia. Los horrores cometidos en una antigua hacienda de la multinacional alemana Volkswagen en tiempos de la dictadura brasileña (1964-1985) han vuelto a la luz con una investigación de la Fiscalía por prácticas esclavistas.
Las denuncias describen la entonces «Hacienda Vale do Rio Cristalino», conocida como «Hacienda Volkswagen» y dedicada a la cría de ganado, como un infierno situado en Santana do Araguaia, estado de Pará (norte).
Allí, se estima que centenas de trabajadores vivieron en condiciones degradantes y fueron sometidos a una violencia extrema, que incluía amenazas, torturas y, en ocasiones, palizas mortales, durante los 70 y 80, según relatos de sobrevivientes recogidos por la Fiscalía.
Tras largos años de silencio, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) decidió investigar el caso en la esfera civil y ha convocado a Volkswagen Brasil a una audiencia el próximo 14 junio, en Brasilia, para que asuma su responsabilidad y repare el daño causado.
Volkswagen criando ganado
Pero, ¿qué hacía una de las empresas automotrices más importantes del mundo criando ganado en la Amazonia? Para encontrar la respuesta hay que remontarse a los primeros años de la dictadura militar.
Los altos mandos del régimen, preocupados con una supuesta ocupación extranjera de la Amazonia, lanzaron un plan para poblar la región a cualquier costo bajo el lema «integrar para no entregar».
La dictadura prometió tierras a los desempleados y beneficios fiscales a los empresarios. Ahí entra Volkswagen, que operaba en el país desde los 50.
«El Gobierno ofrecía subsidios, deducía impuestos, daba créditos con tipos negativos… Era algo fantástico para los empresarios», dijo a Efe el cura Ricardo Rezende, coordinador del grupo de pesquisa sobre trabajo esclavo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y quien reunió 600 páginas de documentación sobre el «caso Volks».
La montadora alemana se instaló entonces, a través de su filial «Companhia Vale do Rio Cristalino Agropecuária Comércio e Indústria», en una hacienda de casi 140.000 hectáreas en Santana do Araguaia, y empezó a criar ganado para su comercialización.
Y lo hizo a lo grande. «Durante un buen periodo la ‘Hacienda Volkswagen’ tuvo el mayor rebaño bovino de Pará», expresa a Efe el procurador del MPT Rafael Garcia Rodrigues, que coordina el grupo que se encarga de la investigación.
Para ello, hubo que deforestar y quemar toda esa porción de selva y transformarla en pasto. Esa labor se reservó a contratistas de la región, que reclutaron mano de obra pobre y analfabeta bajo la falsa promesa de un trabajo de ensueño, luego transformado en pesadilla.
A la espera de ser devorado por un jaguar
Por aquella época, Rezende era coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT); vinculada a la Iglesia católica, para la región de Araguaia y Tocantins.
Pronto empezó a recibir denuncias de «graves violaciones de derechos humanos» en la hacienda a partir del testimonio de trabajadores que habían conseguido huir.
«Contaban cosas terribles», recuerda Rezende.
Si reivindican mejores condiciones o intentaban huir, eran «castigados», «amarrados a un árbol y recibían palizas de días», apunta Garcia Rodrigues. En el informe de la Fiscalía también se recoge otro relato sobre un trabajador al que ataron en la espesura de la selva «para que se lo comiera un jaguar».
Las autoridades calculan que había unos 300 empleados con contrato, a los que hay sumar, los centenares de informales que vivían en condiciones inhumanas.
Estos últimos no eran libres hasta que pagasen la deuda que, sin quererlo, habían contraído con el patrón por gastos relacionados con el transporte, el trabajo y su vida personal.
«Tenían que comprar comida a precios más caros», a veces «en mal estado», y «no tenían agua potable, ni baño»; «el ganado era mucho mejor tratado que las personas», describe Rezende.
Volkswagen sabía de los abusos
Al frente de la hacienda, que con el tiempo Volkswagen vendió al grupo Matsubara, estaba un suizo de nombre Georg Brügger. Garcia Rodrigues sostiene además que la directiva de Volkswagen «tuvo pleno conocimiento» de lo que ocurría allí dentro.
Rezende denunció públicamente los hechos en los 80. Nadie le hizo caso. La prensa apenas se hizo eco.
Pero él siguió recopilando información hasta que, en 2019, todo ese dosier le llegó a Garcia Rodrigues, quien amplió las pesquisas y ahora espera una reparación de la montadora.
Volkswagen Brasil, que en 2017 ya reconoció que cooperó codo con codo con la dictadura, con «listas negras» de empleados «políticamente indeseados», reafirmó en una escueta nota «su compromiso de contribuir con las investigaciones de forma muy seria».
Si las negociaciones fracasan, Garcia Rodrigues no descarta la vía judicial. Pues este tipo de delitos son imprescriptibles en un país donde la esclavitud contemporánea aún es una realidad.
