Antonio José Chinchetru (ALN).- Daniel Ortega quiere llevar a Nicaragua a una guerra civil. La acusación la hizo en Madrid Madeleine Caracas, la joven que leyó los nombres de los estudiantes muertos en las protestas ante el mandatario. Otro miembro de la sociedad civil opuesta al tirano nicaragüense reclamó a los empresarios que no paguen impuestos para debilitar al régimen sandinista.
Madeleine Caracas fue la joven nicaragüense que a mediados de mayo leyó, en la mesa del llamado diálogo nacional y en presencia de Daniel Ortega, los nombres de los estudiantes muertos a manos de policías y paramilitares en los primeros días de las protestas. Coincidiendo con los 100 días de las movilizaciones ciudadanas contra el dictador, Caracas participó en Madrid en un acto junto con otros miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para informar sobre la situación en Nicaragua. Acusó al dictador de buscar una guerra civil. Jimmy Gómez, participante de organizaciones civiles inscritas en la coalición opositora, pidió que los empresarios se reclamen en rebeldía fiscal.
“El nivel de brutalidad y de represión que usa Daniel Ortega es para incitar y llevar a esa vía. La guerra es lo que mejor conoce. Ante la vía pacífica, y una lucha que viene desde la presión cívica, no sabe qué hacer”, aseguró la líder estudiantil.
Madeleine Caracas: “La guerra es lo que mejor conoce Daniel Ortega. Ante la vía pacífica, y una lucha que viene desde la presión cívica, no sabe qué hacer”
Caracas señaló que en Nicaragua “los fantasmas de la revolución todavía duelen y están muy recientes, porque fueron más de 50.000 personas muertas en esa guerra”. Añadió que “no queremos volver” a un conflicto armado, y que “en mi generación no queremos volver a abrir esas heridas y, sin embargo, las estamos viviendo”.
La joven aseguró que “nos enfrentamos a un gran poder represivo, un gran poder de armas, un gran capital económico como lo tiene el Gobierno”. Relató que “niños de 14 años han sido asesinados por paramilitares que trabajan en conjunto con la Policía Nacional y que evidentemente reciben órdenes directas de Daniel Ortega, porque él es el jefe supremo de la Policía Nacional y el jefe supremo del Ejército”.
Denunció que desde el Gobierno “no tienen ninguna voluntad de dialogar, y no es posible que sigamos sentándonos en una mesa de diálogo mientras afuera siguen asesinando a niños, a familia, a otros nicaragüenses”. En este sentido, agregó: “La mesa de diálogo no ha funcionado no por voluntad de los ciudadanos nicaragüenses. No ha funcionado por Ortega mismo. Porque ni siquiera escucha las demandas de justicia y democratización”.
Reclaman desobediencia fiscal a los empresarios
Por su parte, Jimmy Gómez explicó la reclamación que hacen desde los movimientos sociales y estudiantiles al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). “Estamos presionando fuertemente en la mesa para que los empresarios tomen la desobediencia fiscal. Es una propuesta de no pagar impuestos al Estado para no financiar la masacre”, aseguró.
Proveniente de los movimientos sandinistas de la década pasada, Gómez dijo que los miembros de Cosep “tuvieron una historia de 11 años de maridaje en los que se repartieron la economía de este país” con Ortega y los suyos. “Tienen la última oportunidad histórica de ponerse en otra posición si quieren un cambio”, añadió.
Jimmy Gómez: “Daniel Ortega y su generación lucharon contra Anastasio Somoza y él se convirtió en otro Somoza”
El activista se mostró muy duro con el autócrata nicaragüense. “Daniel Ortega y su generación lucharon contra Anastasio Somoza y él se convirtió en otro Somoza. Es un Somoza violento y peor porque traicionó todo un ideal de cambio que tenían”, afirmó.
Para Jimmy Gómez, “el diálogo sólo ha servido para que tomaran tiempo e identificar a los activistas, para organizar una política de paramilitarismo y ejecutarla”.
Criminalización de la juventud en Nicaragua
La falta de confianza en el diálogo también fue expresada por una estudiante tan sólo identificada como Jessica. No quiso dar su apellido ni las organizaciones con las que trabaja por motivos de seguridad. “El Gobierno no tiene ninguna intención de negociar, no tiene ninguna intención de quitar el estado de terror que se ha instalado en las calles”, afirmó.
“En Nicaragua, salir ahora después de las seis de la tarde significa probablemente que te maten o que te secuestren. Circular con tranquilidad ahora es un crimen por el hecho de ser joven. Ser joven en Nicaragua es un crimen. Poder levantar tu voz en Nicaragua es un crimen. No estar de acuerdo con el Gobierno es un crimen. Ejercer tu derecho constitucional a la manifestación es un crimen”, denunció.
Jessica: “A muchas mujeres les ha tocado decidir entre enviar dinero para el ataúd de sus hijos asesinados o poder viajar ellas”
“El estado de violación de los derechos humanos de los nicaragüenses es algo que vivimos desde hace años”, declaró la joven. Dijo que hace menos de una semana “se aprobó una ley que por el hecho de movilizarte, que es un derecho constitucional, o participar en cualquier movilización pacífica, se te puede acusar de terrorismo. El hecho de que estemos aquí informando de lo que está pasando en nuestro país nos hace ser posiblemente víctimas de esa ley, porque se nos va a acusar de terrorismo”.
Relató cómo las fuerzas orteguistas van a los domicilios de los jóvenes que han participado en las protestas y los detienen. Contó que algunos aparecen días después, tras haber estado en centros de detención controlados por los paramilitares, con evidentes señales de haber sido torturados. También se refirió a los emigrantes, en su mayor parte mujeres: “En estas manifestaciones han asesinado a los hijos de muchos de ellas, y les ha tocado decidir entre enviar dinero para el ataúd o poder viajar ellas”, concluyó.
