(EFE).- Las recientes declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en las que llamó «aberraciones humanas» a las personas trans, preocupan a activistas de derechos humanos, quienes alertan de «discursos de odio» por parte del Estado que -aseguran- profundizan estigmas en un país ya de por sí conservador y con pocos avances en materia LGTBI.
Recientemente, el fiscal, tras ser preguntado sobre la «agenda internacional que tiene que ver con lo transgénero, con lo transexual y transespecie», respondió que ha «generado programas» de «combate a estas aberraciones humanas que tienen que ver con la traición moral, la traición espiritual, mental, a tener un camino recto».
Estas declaraciones levantaron una ola de rechazo por parte de defensores de DD.HH., quienes las calificaron como estigmatizantes y discriminatorias y advirtieron de sus consecuencias, entre ellas un mayor estado de «indefensión» de este colectivo en el país, donde hubo, al menos, 137 transfemicidios desde 2008 hasta marzo de 2024, según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.
La activista y abogada Richelle Briceño dijo a EFE que esas declaraciones representan un «ataque directo» al colectivo, y aclaró que lo llamado ‘transespecie’ no forma parte de la lucha de la población LGTBI, por lo que la pregunta también «está diseñada desde la desinformación».
Además, prosiguió, la respuesta deja ver que «hay un programa sistemático desde el Ministerio Público para atacar todo aquello que esté dentro de la población LGTBI o que ellos presuman que se relaciona» con esta comunidad.
«Entonces, si hay un programa desde el Ministerio Público para atacarnos a nosotras y a nosotros directamente, yo tengo que sentir temor como activista y defensora de derechos humanos», expresó.
Desinformación sobre la comunidad LGTBI
Durante su entrevista, el fiscal señaló que «estas personas (transgénero, transexual, transespecie), todas, forman ahora parte» de un «nuevo orden mundial en donde, por ejemplo, (…) ya están legalizando la pedofilia».
Briceño rechazó que Saab hablara sobre la pedofilia tras la pregunta sobre las personas trans, cuando «absolutamente nada tiene que ver» un asunto con el otro.
«Nosotros, desde la población LGTBI y como activista, nos unimos a esa campaña (contra la pedofilia) porque entendemos que el abuso sexual y que el abuso hacia menores de edad debe ser castigado desde las políticas y las leyes del Estado», dijo.
Briceño explicó que las personas LGTBI tienen una «lucha histórica» por «unos derechos que son genuinos» -como el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género y los relacionados con el acceso a la salud, vivienda, empleo y educación, entre otros-, y negó que esté dirigida a «atacar a absolutamente nadie», pues, según el fiscal, los heterosexuales son «discriminados y perseguidos».
La jurista aseguró que este tipo de declaraciones «no son nuevas», por lo que -afirmó- hay una «sistematicidad» en estos discursos.
Según el observatorio LGBTIQ+, hubo, al menos, 87 casos de discursos discriminatorios hacia estas personas entre 2022 y junio de 2023.
Repercusiones
La periodista y defensora de DD.HH. Misle González dijo a EFE que, en Venezuela, hay una «homofobia de Estado» que «va más allá de no legislar en favor de los derechos LGTBI, sino en, constantemente, hacer uso del discurso público para estigmatizar a las personas del colectivo».
Explicó que, si bien «generalmente siempre se piensa que toda persona tiene derecho a decir» su opinión, el problema está «cuando ese derecho es ejercido por un funcionario» con un «grado de autoridad».
Advirtió que ese tipo de declaraciones pueden ser «replicadas por la línea de mando de la institución que esta persona encabeza», fomentar la impunidad y contribuir a que en el país «haya un ambiente más intolerante».
El observatorio LGBTIQ+ advierte que los «discursos de odio son bastante peligrosos», sobre todo, cuando «son emitidos por órganos del poder público», pues «profundizan los estigmas y la discriminación de las personas que deberían proteger, dando paso a actos de discriminación en todos los espacios».
Ante esta situación, Briceño invita al fiscal a conversar con activistas y miembros del colectivo LGTBI sobre el asunto, la desinformación y sus consecuencias, en un encuentro que se lleve a cabo «no desde el ataque, sino desde el debate, desde el entendimiento».
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