(EFE).- El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal alianza opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, detenido el martes, fue acusado de cinco delitos, entre ellos «terrorismo», denunció este jueves su esposa, María Costanza Cipriani, que explicó que fue presentado en una audiencia sin poder hacer uso de «su derecho a con defensa privada».
El jurista, uno de los principales colaboradores de los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, también fue imputado por «traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio», indicó en X Cipriani, quien dijo que fue «presentado en una audiencia con asistencia de defensor público» y que le negaron «su derecho a la defensa privada».
Asimismo, señaló que está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide, en Caracas, donde -aseguró- «se mantiene aislado de familia y abogado».
«Mi esposo está preso por disentir, por opinar y por luchar para se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo», agregó Cipriani.
Asociación para delinquir, Instigación al odio.
Le han dictado privativa de libertad. Sitio de reclusión: Sede Sebin del Helicoide
Aún no he tenido ningún tipo de contacto con el, no lo he visto y ni hemos hablado.
Se mantiene aislado de familia y abogado
— Buscando Ciudadanos (@MaCostanzaCR) August 29, 2024
Exigen la liberación de Perkins Rocha
La PUD exige la liberación de su asesor legal y del resto de los «presos políticos», así como el cese de «la persecución» que -alertó- se ha «agudizado» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente comicial, y avalado por el Supremo, un resultado señalado como «fraudulento» por la oposición mayoritaria, que defiende la «victoria» que -asegura- obtuvo González Urrutia.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 personas fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.
