Juan Francisco Alonso (ALN).- Cuatro de los cinco aspirantes a desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores en las elecciones que se celebrarán el próximo 20 de mayo en Venezuela tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público o han sido condenados por distintos tribunales del país. Aunque Maduro no tiene ningún proceso, gracias a la inmunidad de la que goza en virtud del cargo, el mandatario ha sido relacionado con el caso Odebrecht en las investigaciones que se llevan a cabo en Brasil y Venezuela, y también tiene una denuncia en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Cinco. Ese es el número de venezolanos que, hasta ahora, se han postulado para disputarle a Nicolás Maduro el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela en las elecciones que se realizarán el próximo 20 de mayo y aunque todos aseguran tener programas y visiones distintas de los problemas del país hay algo en común en cuatro de ellos: Han tenido o tienen cuentas con la justicia venezolana.
Los nombres del exgobernador del estado Lara, Henri Falcón; del pastor evangélico Javier Alejandro Bertucci; del empresario y también pastor evangélico Luis Alejandro Ratti; y del general retirado Francisco Visconti aparecen en los registros del Ministerio Público o del Poder Judicial, de acuerdo con la información suministrada desde la instancia ahora dirigida por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
El caso de Falcón es el más llamativo. El abanderado de los partidos Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo (MAS) y del demócrata-cristiano Copei tiene seis causas abiertas en la Fiscalía, todas relacionadas con supuestos hechos de corrupción.
La lista de Falcón
La primera investigación contra Falcón, cuya decisión de postularse a la Presidencia le costó la expulsión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza que agrupa a los partidos opositores, fue abierta por las fiscalías 53 Nacional y 22 del estado Lara el 19 de julio de 2011 y está relacionada con las supuestas irregularidades en las que el candidato incurrió mientras fue alcalde de la ciudad centro-occidental de Barquisimeto, la cual gobernó desde el 2000 hasta 2008. Presuntamente en 2006 Falcón le adjudicó a dedo a la empresa Emica el contrato para la construcción de una academia de fútbol infantil. Así figura en los archivos que ambas fiscalías manejan y a los que ALnavío tuvo acceso.
Los nombres de Henri Falcón, Javier Alejandro Bertucci, Luis Alejandro Ratti y Francisco Visconti aparecen en los registros del Ministerio Público o del Poder Judicial
La siguiente averiguación la abrieron los mismos despachos fiscales tres días después de la anterior y también está relacionada con presuntos hechos de corrupción, en los cuales habría incurrido Falcón al inicio del primer mandato como gobernador de Lara (2008-2012) por la contratación de unos avisos para publicitar las obras de rehabilitación del distribuidor El Rodeo-Carora. En este caso la Fiscalía sospecha que el dirigente político violó la Ley de Contrataciones Públicas al adjudicarle a la empresa Instituto Venezolano de Asfalto Tevail el contrato sin celebrar el respectivo concurso donde otras compañías pudieran competir.
El tercer proceso se inició el 26 de agosto de 2011 y los investigadores señalaban que el exaliado del fallecido Hugo Chávez, por entonces devenido en opositor, habría incurrido en 2010 en los delitos de enriquecimiento ilícito, pagos fraudulentos y certificaciones falsas en la ejecución de un plan para paliar la escasez de agua y combatir la epidemia de cólera que por la época golpeaba al estado Lara.
Para ambas iniciativas la Gobernación que dirigía Falcón destinó 16,4 millones de bolívares (3,8 millones de dólares para la época), según la información que reposa en el despacho dirigido por Tarek William Saab.
La cuarta averiguación, la más importante, fue abierta el 31 de agosto de 2011 y se relacionaba con el polémico proyecto del sistema de transporte masivo para la ciudad de Barquisimeto, conocido como Transbarca. Para este proyecto, el cual se inició en 2005, los gobiernos central, regional y municipal desembolsaron unos 387 millones de dólares, pero no fue terminado sino hasta 2013 y luego de que el Ejecutivo nacional asumiera el control de la obra, tras los sucesivos retrasos y paralizaciones.
Pese a que el Estado realizó pagos equivalentes al 72% del monto presupuestado de la obra, para 2007 ésta apenas presentaba un avance del 20%, según la información que maneja la Fiscalía.
Por este caso el fallecido Hugo Chávez pidió investigar en 2009 a su otrora aliado, demanda que volvió a hacer Maduro en 2013. Esta última solicitud fue atendida por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, entonces presidida por el diputado chavista Pedro Carreño, la cual declaró que Falcón fue responsable por el daño que sufrió el patrimonio nacional.
El nombre del pastor evangélico Javier Bertucci también aparece en los registros del despacho dirigido por Saab, pero no una sino dos veces
Las quinta y sexta investigaciones datan de 2011 y 2014, respectivamente; se iniciaron por denuncias que particulares presentaron contra el entonces gobernador, al que señalaron de incurrir en hechos de corrupción. El caso de la construcción del sistema de transporte de Barquisimeto (Transbarca) también figura en esta averiguación, pero no sólo estaba siendo investigado Falcón sino también el antecesor como gobernador de Lara, el chavista Luis Reyes Reyes, quien fue otro de los promotores del proyecto.
Hasta el momento ninguna de las averiguaciones ha terminado en los tribunales, de acuerdo con la información suministrada a ALnavío desde el Ministerio Público. Y aunque todas están relacionadas con delitos contra el erario público la Contraloría General de la República no ha tomado ninguna medida contra Falcón, a diferencia de lo ocurrido con otras caras visibles de la oposición como el excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski; o el exalcalde de Chacao y líder de Voluntad Popular, el preso político Leopoldo López. Ambos se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos, por presuntas anomalías en las gestiones.
Los otros candidatos
El nombre del pastor evangélico Javier Bertucci también aparece en los registros del despacho dirigido por Saab, pero no una sino dos veces. La primera investigación contra el aspirante se inició el 30 de agosto de 2011, cuando éste, quien era presidente de la empresa Tecnopetrol, fue aprehendido por agentes de la Guardia Nacional en el estado Carabobo mientras conducía un camión que transportaba 2.500 toneladas métricas de diésel, las cuales serían presuntamente enviadas de contrabando a República Dominicana en un buque carguero.
De acuerdo con las indagaciones hechas por los fiscales del caso, el camión de la empresa del ahora abanderado presidencial habría salido de la refinería de El Palito, a 219 kilómetros al oeste de Caracas.
En agosto de 2013 el Tribunal 1 de Juicio de Puerto Cabello condenó a Bertucci, por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado, manejo ilícito de materiales o desechos clasificados como peligrosos, asociación y tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o materiales estratégicos. Sin embargo, el fallo fue anulado semanas después por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo, que lo consideró “inmotivado” y ordenó la repetición del juicio, lo cual no ha ocurrido.
El único candidato presidencial que no ha tenido problemas con la justicia es el ingeniero Reinaldo Quijada, quien se postuló con Unidad Popular 89
Tres años después Bertucci volvió a tener un encontronazo con la justicia, debido a que apareció relacionado con los Papeles de Panamá por el bufete Mossack Fonseca. En la gestión de Luisa Ortega Díaz, quien ahora se encuentra exiliada en Colombia tras su destitución, la Fiscalía venezolana solicitó a la panameña información sobre el pastor devenido en político.
Por su parte, el otro evangélico que también aspira a suceder a Maduro, Luis Alejandro Ratti, no sólo figura en los archivos de la Fiscalía, sino del Poder Judicial, porque en la víspera de Nochevieja de 2007 se declaró culpable del delito de estafa. De acuerdo con la información a la que ALnavío tuvo acceso, el aspirante admitió el crimen ante el Tribunal 1 de Control de Aragua, ante el cual fue presentado tras ser detenido por la policía. Sin embargo, no pasó más que unas horas tras las rejas porque el juzgado decidió dejarlo en libertad condicional.
El abanderado del Frente Amplio Nacional Bolivariano, el general retirado Francisco Visconti Osorio, también tuvo problemas con la justicia, debido a que participó en la segunda intentona golpista contra el Gobierno del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, ocurrida el 27 de noviembre de 1992. Tras el fracaso de la insurrección, la cual dejó decenas de fallecidos y heridos, el oficial se exiló junto a otros sublevados en Perú, donde pasó unos meses y en 1994 volvió al país, y estuvo detenido poco tiempo hasta que el fallecido presidente Rafael Caldera le sobreseyó la causa y lo liberó.
El único candidato presidencial que no ha tenido problemas con la justicia es el ingeniero Reinaldo Quijada, quien se postuló con Unidad Popular 89. El nombre del articulista de Aporrea no figura en los registros de la Fiscalía ni del Poder Judicial.
Por ahora
El presidente Maduro tampoco tiene ninguna causa judicial abierta, pero no porque no haya motivos, sino porque para ello se necesita el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual está totalmente controlado por el Gobierno, porque 29 de sus 32 miembros simpatizan abiertamente con el mandatario.
Sin embargo, el nombre del candidato a la reelección ha salido a relucir en las investigaciones que la Fiscalía de Brasil y la venezolana, antes de ser intervenida por la Constituyente, conducen por los sobornos que la constructora Odebrecht pagó a funcionarios de varios países a cambio de millonarios contratos de obras públicas.
Mónica Moura, la esposa de Joao Santana, el publicista brasileño que ideó la última campaña presidencial de Chávez, aseguró a las autoridades judiciales de Brasil que en 2012 el entonces canciller Maduro le pagó 11 millones de dólares “en efectivo” por los servicios de su marido y que dichos fondos salieron de Odebrecht y otras empresas brasileñas que tenían contratos con el Gobierno venezolano.
Por último, el mandatario tiene en La Haya (Holanda) una causa pendiente, la que el pasado 17 de noviembre interpuso Ortega Díaz contra él y cuatro militares en la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad en los que habría incurrido desde 2013 (Leer más: La Fiscal de La Haya se toma en serio las denuncias de Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro) .
