Leticia Núñez (ALN).- La multinacional española se plantea demandar al Estado colombiano ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, después de que el país le impusiera una compensación de 452 millones de euros por un contrato de telefonía suscrito en 1994. La mexicana América Móvil deberá abonar 874 millones.
Telefónica y América Móvil tienen el infortunado honor de haber recibido la mayor condena que se ha impuesto hasta la fecha a una empresa extranjera en Colombia. Un tribunal de arbitraje determinó este miércoles que las compañías deben pagar al Estado colombiano unos 1.584 millones de dólares (aproximadamente 1.350 millones de euros) en concepto de bienes, equipos e infraestructura previstos en los contratos de concesión de telefonía móvil suscritos en 1994. No son dos firmas cualesquiera. Entre ambas controlan un 72,6% del mercado colombiano: la española domina un 23,3% y la mexicana, un 49,3%.
Según el laudo arbitral que da la razón al Gobierno colombiano, Coltel, participada en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el Ejecutivo del país, debe pagar 1.600 millones de pesos colombianos (452 millones de euros / 530 millones de dólares). Una cifra que equivale al 32% de los ingresos que tuvo en todo 2016. El año pasado, Coltel percibió 1.409 millones de euros (1.650 millones de dólares).
Aunque tiene 15 días para ingresar el importe, la multinacional española ya ha anunciado que tomará todas las acciones legales para proteger los intereses de sus accionistas. “Telefónica se encuentra analizando las implicaciones de dicho laudo y las vías de impugnación a nivel local e internacional”, afirmó en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Fuentes del sector, citadas por el periódico Expansión, señalan que “lo más probable” es que Telefónica acabe demandando a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial que suele ocuparse de las disputas entre las empresas y los Estados.
“Telefónica analiza las vías de impugnación a nivel local e internacional”
El conflicto se remonta al contrato de concesión de la licencia de 1994. Según el laudo, “se suscribieron seis contratos de telefonía móvil celular, que luego se consolidaron en cabeza de dos operadores, con una duración de 10 años, plazo que se prorrogó por 10 años más, es decir, hasta el año 2014”. Se incluyó una cláusula que establecía que, al fin del periodo de la licencia, el concesionario debía devolver al Estado tanto las frecuencias como los activos necesarios para prestar el servicio.
Posteriormente, el 13 de enero de 1998, “se expidió la Ley 422, la cual definió que en los contratos de concesión de telefonía móvil celular solamente se revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas, sin hacer referencia alguna a los contratos en ejecución”, que establecían la devolución de activos, como indica la agencia EFE. Sin embargo, en 2013, el Tribunal Supremo colombiano falló que Telefónica y Claro debían devolver también los activos. Y ahora, el tribunal de arbitraje ha cuantificado su valor en 452 millones para la española y 874 para la mexicana.
Las dos operadoras argumentan que ese contrato y la ley se establecieron para el servicio de voz, pero que, al incluirse después el servicio de datos, la normativa cambió y ahí la devolución se limitó a las frecuencias.
En el caso de Claro, filial de América Móvil, controlada por Carlos Slim, la compensación de 874 millones de euros (1.025 millones de dólares) equivale al 29% de los ingresos que obtuvo el año pasado, cuando facturó 3.534 millones de dólares (3.012 millones de euros). Colombia es el tercer país más importante para América Móvil después de México y Brasil.
Cinco arbitrajes en un solo año
En caso de que Telefónica finalmente demande a Colombia, el país acumularía seis arbitrajes en apenas un año. Gas Natural Fenosa, también española, interpuso en marzo una demanda contra el país latinoamericano por la liquidación de su filial Electricaribe. Un cese que hizo saltar todas las alarmas sobre la lotería de la seguridad jurídica en América Latina y la protección a las inversiones extranjeras.
Gas Natural, Glencore, Claro, Eco Oro Minerals y Cosigo han denunciado a Colombia
La compañía energética le reclama más de 1.000 millones de euros (1.171 millones de dólares). En este caso, el conflicto se solucionará en el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Al igual que el Ciadi, está reconocido como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.
La minera suiza Glencore, la propia Claro (América Móvil) y las canadienses Eco Oro Minerals y Cosigo completan la lista de compañías que están a la espera del resultado final del arbitraje.
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