Reinaldo Iturbe (ALN).- El retorno a la democracia en Venezuela tomará tiempo y es hora de forzar al chavismo a una negociación con la oposición: es la única carta de Estados Unidos para el caso Venezuela.
La política de sanciones de Washington a Caracas seguirá. Por ahora. Pese a que en el entorno del presidente Joe Biden hay quienes han pedido una revisión del esquema sancionatorio contra el chavismo, la nueva Administración ha reiterado este martes, a través del asesor Juan González, cuatro puntos importantes: que no serán levantadas las sanciones; que el chavismo debe ser forzado a negociar con la oposición; que el retorno a la democracia tomará tiempo, y que son los venezolanos quienes deben hablar sobre el futuro de su país.
El asesor de Joe Biden confirmaba con estas declaraciones ofrecidas a la periodista Patricia Janiot de la cadena Univisión lo que un grupo grande de analistas ya había anticipado desde que arrancó el proceso del interinato de Juan Guaidó: que la salida a corto plazo del chavismo todavía sigue lejos, y que aquello de “todas las opciones están sobre la mesa”, no era más que una consigna política para la galería. Puertas adentro, en la Casa Blanca la única intención con las sanciones era forzar a Nicolás Maduro a un diálogo con la oposición, con resultados concretos y verificables en el tiempo. Y tiempo es otra palabra clave, pues queda claro que no hay opción posible para una salida rápida a la crisis, que como ya se sabe, ha expulsado a cinco millones de venezolanos a otros países.
En consecuencia, todo lo inherente a las rutas rápidas queda descartado: alzamientos, invasiones e implosiones súbitas, entre otras fantasías animadas de ayer y también de hoy, puesto que una parte de la dirigencia de la oposición sigue secuestrada complaciendo al público de las redes sociales, que también exige salidas rápidas.
Nada nuevo bajo el sol, salvo para algunos sectores de la oposición venezolana que insisten inútilmente en ponerse de espaldas a las realidades políticas. Con la Fuerza Armada controlada por Nicolás Maduro y los factores de su cúpula, y con el fracaso de la tesis de la implosión económica ya más que confirmada, el juego se ha trancado.
Pero se ha trancado y sale ganando el gobierno, que ya tiene plan de estabilización macroeconómica y ha puesto a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, a dialogar con sectores empresariales como Fedecámaras, una patronal que en otro tiempo lideró paros cívicos contra Hugo Chávez. Algunas fuentes periodísticas en Caracas aseguran que el gremio de comerciantes (Consecomercio) también sostuvo encuentros con el sector oficial.
El objetivo de estos encuentros es el de acordar una hoja de trabajo. Los empresarios en Venezuela piden mayor acceso al crédito y el cese de las expropiaciones. Algunos síntomas de apertura económica obligada por parte del gobierno son visibles: la despenalización cambiaria y la posibilidad de apertura de cuentas en dólares son algunos de los eslabones de la cadena. Y allí es cuando entran los empresarios. Los grandes y medianos: están decididos a continuar por la senda de los acuerdos.
Corresponde a la oposición, entonces, seria y visiblemente desarticulada, negociar internamente entre sus dirigentes más connotados para ponerse de acuerdo en la metodología a aplicar para llevar a cabo la ruta. Y la ruta no es otra que la negociación y elecciones. Elecciones “libres y justas”, señala toda la comunidad internacional. No hay otro camino.
