Redacción (ALN).- Tarek Wiliam Saab, fiscal general designado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, informa sobre una trama de blanqueo de capitales de 4.200 millones de dólares a través de la Banca Privada de Andorra. La cuantía es casi el doble de la declarada por el caso de sobornos de Odebrecht, 2.439 millones de dólares. El fiscal subraya que los delitos se hicieron con el apoyo y la complicidad de esta entidad andorrana, que ayudó a formar empresas fantasmas y aceptó realizar transacciones sin respaldos. Están también implicados exfuncionarios de PDVSA, de empresas filiales, así como del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo de Venezuela.
Nuevo capítulo en la trama de corrupción que involucra al sector de los hidrocarburos venezolano. El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Tarek Wiliam Saab, informó este martes que los empresarios Diego Salazar y José Enrique Luongo fueron detenidos por estar vinculados con el blanqueo de capitales realizado a través de la Banca Privada de Andorra, según recoge la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Venezuela. A ambos empresarios se les relaciona con una organización internacional de la cual formarían parte exfuncionarios de PDVSA, empresas filiales, así como del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo.
La organización utilizó más de 40 empresas fantasmas y unas pocas reales, para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción, y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios, según expuso el fiscal. Añadió que el dinero que alimentaba las cuentas provenía de comisiones pagadas por empresas internacionales que contrataron con el Estado, así como de operaciones fraudulentas en perjuicio de empresas venezolanas, incluyendo PDVSA y filiales.
El fiscal subraya la Banca Privada daceptó realizar transacciones sin respaldos
Según informes de inteligencia, citados por Saab, este grupo delictivo pudo haber funcionado desde el año 2006, por lo que se estima que el monto del dinero blanqueado asciende a 4.200 millones de dólares, tal como precisó el fiscal.
De esta forma, sólo la trama de Andorra habría movido más dinero que todo el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en América Latina. Odebrecht reconoció el pago de más de 2.000 millones de dólares (aproximadamente 1.778 millones de euros) en coimas a funcionarios y políticos brasileños, pero también 439 millones de dólares (390 millones de euros) en otros países de la región.
Saab mencionó igualmente que Diego Salazar habría actuado como enlace y a su vez habría cobrado comisiones que fueron a parar a sus empresas por el orden de más de 600 millones de dólares sólo entre octubre de 2011 y 2012. Una de esas empresas, denominada Antigua Omega INC, era representada por José Enrique Luongo Rotundo, familiar de Salazar.
El fiscal subraya que todo esto se hizo con el apoyo y la complicidad de la Banca Privada de Andorra, que ayudó a formar las empresas y aceptó realizar transacciones sin respaldos.
Por todo ello, afirmó que imputarán a Salazar por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
Respecto a Nervis Villalobos, exfuncionario de PDVSA y exministro de Energía Eléctrica, Saab comentó que sería el segundo cabecilla de esta organización criminal. A Villalobos se le asociaría con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 casi 200 millones de euros, según apuntó el fiscal.
Saab destaca de esta investigación un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por PDVSA, en marzo de 2008. En este sentido, el fiscal comentó que Villalobos trabajaba entonces en la Oficina de la Presidencia de PDVSA y lideró esta compra por parte de la petrolera estatal.
También se conoció que, a través de una empresa fantasma creada en Panamá, llamada Lomond Overeas S.A., Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo por un monto total de 200 millones de dólares. Además, Villalobos arregló el pago de otros 15 millones a una empresa intermediaria.
En este punto, Saab afirmó que Venezuela es la principal perjudicada por las acciones de Nervis Villalobos, y que el dinero que manejó debe ser repatriado. Informó que se solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
La trama de corrupción del barco ‘Petro Saudi Saturn’
El fiscal general venezolano también hizo referencia a otra investigación “que revela uno de los contratos más leoninos y corruptos en la historia de PDVSA”, según publica el Twitter del Ministerio Público de Venezuela. Es el del barco ‘Petro Saudi Saturn’, alquilado en 2010 para la explotación de gas Costa Afuera en el marco del Proyecto Mariscal Sucre.
Saab afirmó que antes de alquilarlo se le realizó una inspección en la Isla de Malta, donde la empresa transnacional Moduspec dejó constancia en su informe de que la embarcación tenía cerca de 200 desviaciones, que le imposibilitaban perforar en aguas de Costa Afuera. No obstante, el fiscal apuntó que PDVSA Servicios informó falsamente sobre las características del barco y escondió las deficiencias que tenía.
Se hizo un contrato por siete años, cuando lo normal en la industria es que este tipo de contratos tenga una duración máxima de tres. El monto total del contrato de alquiler por los siete años fue de 1.175 millones de dólares, que se pagarían aunque el barco no trabajara.
Por este hecho, el fiscal anunció las órdenes de detención contra Romer Antonio Valdez Prieto, en su condición de presidente de PDVSA Servicios, S.A., y para los directores de PDVSA Servicios Jesús Figueroa, Lioner Valdez, Adelso Molero, Elías Beltrán y el secretario accidental de la Junta Directiva de la misma empresa, Rafael Rodríguez.
Las seis personas habrían incurrido en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y evasión de procesos licitatorios.
El fiscal dijo además que espera toda la colaboración por parte de la Interpol para detener al resto de las personas involucradas en estas tramas de corrupción, y que no sean victimizadas o catalogadas de perseguidos políticos. “Las actuaciones e investigaciones del Ministerio Público no son personalizadas, sino que están dirigidas al desmantelamiento de tramas de corrupción que tanto daño le han hecho al país”, concluyó en su intervención.
