Daniel Gómez (ALN).- Las desapariciones en Colombia son un tema delicado. De casi 100.000 personas afectadas por el conflicto armado, muchos de ellos niños, no se sabe de su paradero ni su condición. Algunos están en los cementerios sin que nadie los haya identificado. Todo esto le preocupa a la ONU, que le pide al gobierno y a las instituciones tomar acción.
Los más de 50 años de conflicto armado de Colombia contra las guerrillas y el narcotráfico han dejado en el país casi 100.000 desaparecidos, reportó la Fiscalía General a finales de 2020.
Al menos 84.330 son adultos.
9.964 son niños y niñas sometidos a desaparición forzada “a manos de grupos armados organizados al margen de la ley sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado”.
Que no se sepa la identidad ni el paradero de estas personas es un drama humanitario que inquieta a Naciones Unidas. Sobre todo, por la incapacidad del gobierno y las instituciones de ajustarse los convenios internacionales para resolver los casos de desaparición forzada.
“A pesar de los esfuerzos del Estado, el marco normativo en vigor, así como su aplicación y la forma en que las autoridades competentes desempeñan sus funciones, continúan sin ajustarse plenamente a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, un organismo integrado por expertos independientes que velan y trabajan para prevenir estos delitos.
Uno de los aspectos que más preocupan son los “limitados avances en la identificación y devolución de los restos de personas desaparecidas”, dijo el Comité.
En concreto, se refieren a los más de 24.000 cuerpos inhumados sin identificar en cementerios públicos y los más de 4.000 cuerpos de víctimas de desaparición forzada pendientes de reconocer de los más de 10.000 que se han exhumado.
El Comité también ha recibido casos de familiares de personas desaparecidas que reportaron hallazgos de cuerpos a la Fiscalía General de la Nación, sin que esta tomase acción alguna para el levantamiento de los cadáveres y su identificación.
Problemas en el manejo y protección de los cuerpos de personas no identificadas, “tanto en cementerios públicos, privados y campo abierto, causando la alteración, pérdida, mezcla o destrucción de los cuerpos sin identificar, situaciones que se han exacerbado con la pandemia de covid-19”.
El Comité también ha recibido críticas contra el Estado por “la insuficiencia e inaccesibilidad de las campañas para la obtención de muestras genéticas, particularmente en zonas rurales”.
Otro reclamo común es que“todas las muestras recogidas hayan sido procesadas e incluidas en el Banco de Perfiles Genéticos”.
¿Hay solución a este problema humanitario?
En el informe, el Comité lanza una serie de recomendaciones al Estado para abordar estos problemas:
– Intensificar esfuerzos para identificar y restituir los restos humanos a los familiares en condiciones dignas y en consonancia con sus costumbres.
– Garantizar que la Fiscalía, una vez reciba la información sobre el hallazgo de cuerpos, actúe de inmediato para asegurar la protección de los restos de personas desaparecidas, proceder a su identificación inmediata, aun cuando estos hayan sido localizados por particulares sin la intervención de agentes del Estado.
– Asegurar que las autoridades competentes protejan las zonas donde se estén realizando labores de exhumación y diligencias forenses, y los cementerios o lugares donde se encuentren cuerpos de personas no identificadas.
– Asegurar que las campañas que se lleven a cabo para la obtención de información ante mortem y muestras genéticas de familiares de personas desaparecidas sean suficientes y accesibles en todo el país, particularmente en las zonas rurales, y que las muestras recogidas sean prontamente procesadas e incluidas en el Banco de Perfiles Genéticos.
– Garantizar los recursos técnicos, financieros, humanos y de infraestructura necesarios a los cementerios que guardan restos de personas no identificadas, así como al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para asegurar el manejo adecuado y la protección de los restos de personas no identificadas.
Políticas públicas contra el drama
No obstante, al punto que más énfasis le puso el Comité es al de elaborar políticas públicas contra las desapariciones.
“Es imprescindible”, dijo, al tiempo que recomienda al Estado “que adopte una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas”, que también tome en cuenta “las directrices sobre covid-19 y las desapariciones forzadas adoptadas por el Comité y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias”.
El Comité también le pide al gobierno que coopere y haga “cruce de datos” con las instituciones que participan en la búsqueda de las personas desaparecidas. También con sus allegados, “velando por que sean regularmente informados acerca de la evolución y resultados” de las investigaciones.
